Unidos Podemos propone para 2018 ocho medidas que sus diputados consideran urgentes para afrontar "las amenazas" a la sanidad pública, después de un año protagonizado por "la inacción del Gobierno" en esta materia, a pesar -dicen- de las "desigualdades" y la "privatización sanitaria".
Según han señalado fuentes de Unidos Podemos, la sanidad española ha sido "la gran olvidada en 2017" para el Gobierno que, tras el nombramiento de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en noviembre de 2016, "sólo ha convocado dos veces el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando la periodicidad -precisan- "debería ser trimestral".
Unidos Podemos considera que es necesario pasar a la "acción inmediata" y poner las propuestas encima de la mesa para un "debate político urgente". Y lo primero que habría que abordar es la financiación de las comunidades autónomas, que es -aseguran- "actualmente insuficiente en muchas de ellas para garantizar la protección a la salud de nuestra población".
También es necesario contemplar, en su opinión, un fondo de cohesión "acorde a las necesidades" ya que se ha pasado de 150 millones en el año 2002, cuando se concluyeron las transferencias sanitarias, a los 3'7 millones para el año 2017, una cantidad "claramente insuficiente", según sus palabras.
Piden también la derogación de la reforma sanitaria y "recobrar" la atención sanitaria universal", así como revertir el copago farmacéutico para los pensionistas y evitar la fragmentación de la cartera de servicios, que supone "una puerta abierta a más copagos".
"Revertir la privatización del sistema sanitario y evitar que siga extendiéndose de forma silente" es otra de las peticiones de Unidos Podemos, que reclama también desarrollar la Ley de Salud Pública del 2011 y evitar que se continúe aumentando el consumo desmesurado de servicios sanitarios.
Urgen también a que la política ejercida por los Ministerios, tanto de Sanidad como de Hacienda, con la industria farmacéutica sea "clara, transparente y eficiente".
"La fijación de precios sin conocimiento del coste real del fármaco, como sucedió con el precio del tratamiento de la hepatitis C, (900 euros en Egipto y 63.000 dólares en EEUU), puede poner en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", comentan las fuentes. La séptima medida que consideran necesaria es la planificación las necesidades de los profesionales sanitarios y la octava, la participación de los pacientes.
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