Las 10 líneas rojas de las CCAA para un Estatuto Marco que sea "sostenible"
El documento cuenta con la firma de las 17 regiones "con observaciones que responden a una voluntad de colaboración"
Consejeros de Sanidad y Salud en una sesión del Interterritorial.
09 jul 2026. 12.20H
Las comunidades autónomas han presentado este jueves un decálogo de consenso sobre el Estatuto Marco. Se trata de un documento firmado por las 17 regiones y que ha sido leído por Josune Retegi, directora de Personas y Talento de Osakidetza, en el seno de la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad. El documento delimita las líneas rojas para tener un Estatuto exitoso y que se pueda aplicar en cada uno de los territorios.
"El éxito de la reforma dependerá, en última instancia, de su capacidad para conciliar la legítima ampliación de derechos laborales con la realidad operativa de unos servicios de salud que deben garantizar la atención sanitaria de forma ininterrumpida", indica a modo de conclusión el documento al que ha accedido Redacción Médica.
Las observaciones planteadas, según señalan las administraciones autonómicas, "responden a una voluntad de colaboración institucional y de mejora de la futura norma", por ello, los puntos abarcan desde la necesidad de buscar un consenso institucional hasta la exigencia de una memoria económica rigurosa y de financiación adecuada.
El primer punto del decálogo aborda la importancia de contar con un Estatuto construido en base a "amplios consensos institucionales y profesionales que garanticen su viabilidad y sostenibilidad futura". Además, las comunidades consideran que como "núcleo operativo del SNS", al ser las responsables de la "organización, gestión y prestación efectiva de la asistencia sanitaria, así como de la gestión de los recursos humanos que hacen posible dicha prestación", se debe contar con su perspectiva en la aplicación de las medidas que corresponden a su ámbito de aplicación.
En esa línea, subrayan que el proceso seguido por Sanidad para la elaboración del Estatuto "no ha incorporado de forma suficiente los mecanismos ordinarios de coordinación previstos" en el SNS, lo que incluye a la Comisión de Recursos Humanos que, desde su perspectiva, no ha participado del proceso "con la intensidad que una reforma de esta naturaleza requería, sobre todo en la última reforma operada en el texto".
Las 17 regiones también resaltan que las modificaciones incorporadas en la fase final de la negociación "no parecen haber estado precedidas de una evaluación técnica suficiente de sus consecuencias sobre la organización de los servicios de salud", por lo que reclaman que las decisiones relativas a jornada, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias, entre otros, requieren de un "análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud".
Así también mencionan que la sostenibilidad del SNS "descansa sobre un equilibrio complejo entre los derechos profesionales, la capacidad organizativa de los servicios de salud y la garantía permanente de la atención sanitaria a la ciudadanía", por lo que, su ruptura, podría generar "dificultades de aplicación práctica, incrementar la conflictividad jurídica y comprometer la adecuada prestación de la asistencia sanitaria".
Como parte de sus observaciones, añaden que la configuración de nuevos derechos profesionales deben estar acompañadas de un análisis paralelo de su viabilidad operativa, de las necesidades de personal que genera y de los recursos económicos para su efectiva implantación.
Tras este análisis, consideran que es oportuno que el texto del Estatuto Marco "sea nuevamente sometido al grupo de trabajo de actualización" constituido en 2023, y reiteran su "plena disposición a participar activamente en un proceso de elaboración normativa basado en el trabajo conjunto y en la construcción de soluciones compartidas". Todo ello, acompañado de una memoria económica "completa, rigurosa y contrastada que identifique adecuadamente los costes asociados a cada una de las medidas propuestas".
"El éxito de la reforma dependerá, en última instancia, de su capacidad para conciliar la legítima ampliación de derechos laborales con la realidad operativa de unos servicios de salud que deben garantizar la atención sanitaria de forma ininterrumpida", indica a modo de conclusión el documento al que ha accedido Redacción Médica.
Las observaciones planteadas, según señalan las administraciones autonómicas, "responden a una voluntad de colaboración institucional y de mejora de la futura norma", por ello, los puntos abarcan desde la necesidad de buscar un consenso institucional hasta la exigencia de una memoria económica rigurosa y de financiación adecuada.
Reforma construida en consenso
El primer punto del decálogo aborda la importancia de contar con un Estatuto construido en base a "amplios consensos institucionales y profesionales que garanticen su viabilidad y sostenibilidad futura". Además, las comunidades consideran que como "núcleo operativo del SNS", al ser las responsables de la "organización, gestión y prestación efectiva de la asistencia sanitaria, así como de la gestión de los recursos humanos que hacen posible dicha prestación", se debe contar con su perspectiva en la aplicación de las medidas que corresponden a su ámbito de aplicación.
En esa línea, subrayan que el proceso seguido por Sanidad para la elaboración del Estatuto "no ha incorporado de forma suficiente los mecanismos ordinarios de coordinación previstos" en el SNS, lo que incluye a la Comisión de Recursos Humanos que, desde su perspectiva, no ha participado del proceso "con la intensidad que una reforma de esta naturaleza requería, sobre todo en la última reforma operada en el texto".
Viabilidad del Estatuto Marco
Las 17 regiones también resaltan que las modificaciones incorporadas en la fase final de la negociación "no parecen haber estado precedidas de una evaluación técnica suficiente de sus consecuencias sobre la organización de los servicios de salud", por lo que reclaman que las decisiones relativas a jornada, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias, entre otros, requieren de un "análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud".
Así también mencionan que la sostenibilidad del SNS "descansa sobre un equilibrio complejo entre los derechos profesionales, la capacidad organizativa de los servicios de salud y la garantía permanente de la atención sanitaria a la ciudadanía", por lo que, su ruptura, podría generar "dificultades de aplicación práctica, incrementar la conflictividad jurídica y comprometer la adecuada prestación de la asistencia sanitaria".
Integración de la perspectiva de las administraciones
Como parte de sus observaciones, añaden que la configuración de nuevos derechos profesionales deben estar acompañadas de un análisis paralelo de su viabilidad operativa, de las necesidades de personal que genera y de los recursos económicos para su efectiva implantación.
Tras este análisis, consideran que es oportuno que el texto del Estatuto Marco "sea nuevamente sometido al grupo de trabajo de actualización" constituido en 2023, y reiteran su "plena disposición a participar activamente en un proceso de elaboración normativa basado en el trabajo conjunto y en la construcción de soluciones compartidas". Todo ello, acompañado de una memoria económica "completa, rigurosa y contrastada que identifique adecuadamente los costes asociados a cada una de las medidas propuestas".
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