Redacción. Madrid
Un estudio publicado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) demuestra, a partir de un modelo de cálculo económico, el ahorro sanitario de cualquiera de los Estados miembros que aplique una atención integral de los inmigrantes irregulares en comparación con dejar de hacerlo o restringirla a las urgencias.
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Frauke Lisa Seidensticker, Chairperson y Management Board
del FRA.
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En concreto, el informe analiza el balance de beneficio y pérdida en un sistema sanitario europeo que aporte atención completa a este colectivo en el embarazo y también en la hipertensión arterial, variable asociada a enfermedades cardiovasculares importantes. Y concluye, acto seguido, que la asistencia de ambas demandas médicas a los sin papeles en el conjunto del sistema de salud (y no solo en los servicios de urgencias) redunda en ahorro de dinero para las arcas públicas.
El trabajo, realizado con datos de Alemania, Grecia y Suecia, se ha basado en una fórmula económica para evaluar el coste de atender de forma integral o sólo por la vía urgente dos causas comunes de problemas de salud en Europa: la hipertensión y la atención durante el embarazo.
De este modo, ofrecer una atención integral a los inmigrantes hipertensos llevaría a un ahorro del 9 por ciento en tan solo un año, que aumentaría hasta un 13 por ciento en cinco años y se estabilizaría en un 16 por ciento.
Entre otras cosas –reza el informe– porque, gracias a un seguimiento de estos pacientes en cada país, se prevendrían más de 300 ictus y más de 200 infartos de miocardio por cada 1.000 inmigrantes irregulares, eventos cardiovasculares en los que la hipertensión constituye un importante factor de riesgo.
Del mismo modo, han visto que mejorando la atención durante el embarazo de este colectivo podrían generarse en dos años unos ahorros del 48 por ciento en Alemania y Grecia, y de hasta un 69 por ciento en Suecia, como consecuencia de la atención que luego necesitan los bebés que vienen bajos de peso y no se detecta hasta que nacen.
En muchos países europeos –han subrayado los autores del estudio–, estos inmigrantes tienen limitada su atención sanitaria y no pueden acceder a chequeos rutinarios o tratamientos preventivos por lo que, en caso de sufrir una enfermedad, no son atendidos hasta que no acuden a Urgencias.
España intenta ampliar ahora su cobertura
En España, la reforma sanitaria que impulsó el Gobierno en 2012 limitó el derecho de este colectivo a disponer de tarjeta sanitaria y, desde entonces, solo tienen acceso a urgencias, la atención pediátrica, durante el embarazo, parto y postparto, o en caso de enfermedades infecciosas. Algo que ahora se trata de ampliar después de que la mayoría de las comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PP, hayan decidido mejorar esta cobertura.
En un informe anterior este organismo europeo ya denunció las diferencias “sustanciales” en el marco legal y en las barreras de acceso que tienen los países de la UE para estos inmigrantes, en muchos casos puestos en marcha a raíz de la crisis económica.
La FRA alerta de la necesidad de que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones y ofrezcan una asistencia sanitaria adecuada a todos los ciudadanos, y cree que estos resultados deben servir como un “poderoso argumento” para mejorar la prestación de este colectivo.
Los tres países incluidos en el estudio fueron escogidos por su extensión geográfica, por presentar diferentes modelos sanitarios (en cuanto a financiación y al ámbito competencial estatal) y por contar con una importante comunidad de inmigrantes irregulares. Sin embargo, reconocen, se necesitan más estudios para incluir más países y disponer de resultados más concluyentes.
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