El
2025 ha sido un
año de inflexión para la sanidad española: avances largamente esperados han empezado a tomar forma mientras algunas de las reformas más sensibles han tensado el pulso político y profesional. Desde el nacimiento (a la segunda) de la Agencia Estatal de Salud Pública hasta los primeros pasos de la nueva Ley del Medicamento, pasando por la negociación encallada del Estatuto Marco, la financiación de la Ley ELA, la expansión de especialidades y competencias, o el giro regulatorio e industrial que ha vivido la pharma y la tecnología sanitaria, el sistema ha afrontado un curso de cambios estructurales, relevo de
liderazgos y decisiones que marcarán la agenda de 2026. Estos son los hitos que han definido el año.
Aprobada a la segunda la Agencia Estatal de Salud Pública
Quedan aún muchas incógnitas por resolver, incluidos nada menos que su
emplazamiento y su director, pero la
Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), que llevaba en los planes de gobiernos de todos los colores desde hace más de una década, se ha hecho al fin realidad este 2025. Eso sí, con ‘susto’ de última hora, dado que
el proyecto fue rechazado por el Congreso la primera vez que se debatió en el pleno. La Cámara Baja acabó dándole su visto bueno en julio, y desde entonces el Ministerio de Sanidad trabaja para terminar de desplegar este ente llamado a
reforzar la capacidad de España para hacer frente a amenazas sanitarias y reforzar la cooperación entre administraciones.
Primeros pasos de la Ley de los Medicamentos
El Ministerio de Sanidad logró en abril el visto bueno del Consejo de Ministros en primera vuelta a su esperado
anteproyecto de Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios. Mónica García resumió que la norma busca “modernizar el ecosistema de los medicamentos, incorporar todas aquellas lecciones que nos dejó la pandemia y mirar al futuro”. Entre otras medidas, se plantea
modificar el Sistema de Precios de Referencia para reconocer la innovación incremental -algo ya contemplado en la Ley de la Agencia de Salud Pública-. También se habilita a enfermeras y fisioterapeutas a prescribir medicamentos en el ámbito de sus competencias. El ministerio pretendía inicialmente
incluir una reforma del copago farmacéutico para hacerlo más “progresivo”, pero, finalmente, optó por que esa cuestión se abordara en el debate en el Congreso por cuestiones “estratégicas” del Gobierno. El borrador normativo recibió más de 1.000 aportaciones durante su fase de audiencia pública. La intención de Sanidad era llevarlo en segunda vuelta a Moncloa antes de que acabara el año, pero fuentes del departamento confirmaron recientemente a este periódico que
la tramitación parlamentaria tendrá que esperar a 2026.
|
La ministra de Sanidad, Mónica García, en el Consejo de Ministros.
|
La dura negociación por el Estatuto Marco y las huelgas médicas
Al departamento de Mónica García se le ha acabado por atragantar una de las leyes capitales de su programa: el
Estatuto Marco, que establece los derechos y deberes de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y cuya negociación derivó en un
enfrentamiento abierto tanto con sindicatos como con los consejeros de sanidad. Especialmente duros han sido los contactos con las centrales de médicos, con CESM y SMA al frente, que consideran insuficientemente ambicioso el proyecto y ya preparan nuevas movilizaciones y protestas. De hecho,
los facultativos han acudido a la huelga hasta en tres ocasiones este año, concretamente en junio, octubre y diciembre, y no descartan que los paros sean indefinidos en este inminente 2026. Sí
parece más próximo el acuerdo con el resto de sindicatos del Ámbito de Negociación (CCOO, UGT, CSIF, Satse y CIG-Saúde, aunque este último se escoró en la última reunión), que están cerca de avalar una norma que entre otras novedades persigue la
“progresiva reducción de las guardias” para que la jornada no exceda las 17 horas, vías para la jubilación anticipada y parcial, el fortalecimiento de los canales de participación de los colectivos sanitarios y un nuevo sistema de clasificación profesional.
Financiación de la Ley ELA con criterios pendientes
Hubo que esperar casi un año para que el Gobierno
dotara a la Ley ELA de la financiación necesaria para sufragar los servicios previstos en su articulado. Aunque la norma está vigente desde el 1 de noviembre de 2024 tras quedar
aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, no fue hasta el pasado 21 de octubre cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a un Real Decreto-ley para
inyectar 500 millones de euros en el sistema de dependencia. La medida, convalidada por la Cámara Baja a finales de noviembre, contempla la creación del
grado de dependencia extrema III+ para aquellas personas que padezcan ELA en fase avanzada, es decir, las que tienen “dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia”. En esos casos, se fijan unas ayudas mínimas de 9.859 euros al mes, de los que la Administración General del Estado se hará cargo, como mínimo, de la mitad. El Gobierno y las comunidades autónomas -de las que depende la gestión del sistema de dependencia- aún trabajan para
definir los criterios de reconocimiento de ese grado III+. De forma paralela, el Consejo de Ministros aprobó el
Real Decreto que desarrolla el ámbito de aplicación de la Ley ELA y determina qué enfermedades, aparte de la propia ELA, entran dentro de la financiación pública de servicios sociosanitarios. Sanidad decidió por incluir, de forma genérica, aquellas patologías de “afectación significativa de la supervivencia”
|
Debate de la Ley ELA en el Congreso.
|
Protección a la salud mental y otros planes del Gobierno
España ha dado este año pasos firmes para
mejorar el abordaje de la salud mental. Primero, con la aprobación del
Plan de Acción de Salud Mental 2025-27, que engloba un aumento de las plantillas sanitarias, especialmente de psicólogos; así como estrategias de uso racional de psicofármacos y el estudio de los factores que hacen este problema más predominante en colectivos vulnerables. Dicho programa vino de la mano del
Plan de Prevención del Suicidio, amén de diferentes transferencias económicas a las comunidades autónomas para mejorar la atención a la ciudadanía en este ámbito. Al margen de ello, el Consejo Interterritorial ya había dado también luz verde en diciembre de 2024 a proyectos como el
Plan de Atención Primaria y Comunitaria para mejorar la calidad asistencial y reforzar los recursos humanos. Posteriormente, se aprobaron el
Plan de Terapias Avanzadas para regular de forma más eficiente el uso y distribución de estos fármacos; o el reciente VEO, con
ayudas de hasta 100 euros para la adquisición de gafas o lentillas.
Cambio de tendencia en los RRHH
En el ámbito de las profesiones sanitarias, 2025 cierra un ciclo con un
cambio de tendencia en la gestión de sus recursos humanos y una actualización de sus marcos competenciales. La estabilización del modelo de acceso a la formación especializada, la expansión del catálogo de especialidades y el coto a los campus universitarios privados para impartir Ciencias de la Salud dibujan un escenario de reordenación técnica que aspira a corregir los desajustes acumulados durante la última década.
Ejemplo de ello es el hito que supuso este año el proceso de asignación de
plazas MIR. Tras tres años encadenando plazas vacantes al finalizar la adjudicación, este ha sido el primero en el que se vuelve a la senda de
cubrir todas las plazas. Este resultado se produce tras la recuperación del sistema de
elección presencial, una medida que ha permitido agotar toda la oferta disponible y
evitar ver cientos de plazas desiertas, tendencia que caracterizó a las convocatorias con un proceso de asignación
exclusivamente telemático.
Nuevas especialidades de la FSE
En paralelo a la cobertura de plazas, la arquitectura de la
Formación Sanitaria Especializada (FSE) se ha ampliado con la puesta en marcha definitiva del
programa formativo de Medicina de Urgencias y Emergencias. Este despliegue se complementa con el desarrollo de las áreas de
Laboratorio Clínico, Genética de Laboratorio y Genética Médica, además del inicio de la tramitación administrativa para la creación de la especialidad de Enfermedades Infecciosas. Estas incorporaciones, tal y como subraya el
Ministerio de Sanidad, responden a la necesidad de “actualizar un catálogo que permanecía estático frente a la evolución del conocimiento científico”.
|
Aula del examen MIR 2025.
|
Ampliado el marco competencial
El marco competencial de las
profesiones enfermeras y del ámbito de la Fisioterapia también registra una modificación sustancial a través de la actualización de la
Ley del Medicamento. La reforma normativa busca integrar formalmente la capacidad de prescripción para los profesionales de Enfermería y Fisioterapia. El objetivo es dotar de cobertura legal a la indicación de tratamientos y productos sanitarios dentro de sus ámbitos de actuación,
eliminando las ambigüedades jurídicas que condicionaban su práctica diaria y darles agilidad asistencial.
|
Florentino Pérez Raya, presidente del CGE; y Fernando Ramos, presidente de Fedop.
|
La Odontología, a por sus especialidades
En el ámbito de la salud bucodental,
la Odontología llega a final de este 2025 con un buen sabor de boca. Sobre la bocina ha logrado el consenso necesario para el desarrollo de sus especialidades tras
obtener el sí de siete comunidades autónomas, mínimo indispensable para impulsar dicho avance. Este logro permitirá la creación de las primeras especialidades oficiales del campo de la Odontología y permitirá equiparar la estructura formativa de los odontólogos con la del resto de profesionales sanitarios, facilitando la movilidad de estos especialistas en el entorno europeo. Una demanda histórica que llega de la mano de
Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España.
Coto a los chiringuitos universitarios
Por último, la nueva Ley de Universidades supondrá un antes y un después en lo que a la expansión de facultades sanitarias se refiere. Esta normativa endurece los requisitos técnicos para frenar la expansión de facultades de Medicina y diferentes campus sanitarios que operan sin las garantías docentes necesarias. Tal y como avanzó este periódico,
un tercio de los centros privados actuales incumple los criterios de calidad fijados por el Gobierno. Por ello, esta regulación busca blindar el aprendizaje de los estudiantes de Ciencias de la Salud,
asegurando que su formación “se ajuste a estándares académicos estrictos y no a la mera proliferación de oferta privada”.
|
La norma planteada exigirá un número mínimo de 4.500 estudiantes, entre otros requisitos.
|
Reforma europea, fast-track y Profarma: año clave para la pharma
La industria farmacéutica ha vivido un 2025 clave en el plano regulatorio, el industrial y el investigador. En el ámbito europeo, Parlamento y Consejo han alcanzado un
acuerdo provisional para reformar la legislación farmacéutica, una actualización largamente aplazada que busca
mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores, reforzar la
autonomía estratégica y
garantizar la sostenibilidad. El pacto redefine los
incentivos a la innovación (con hasta once años de protección regulatoria), facilita la entrada de genéricos y biosimilares y refuerza la lucha contra la
resistencia antimicrobiana y los
desabastecimientos, en un delicado equilibrio entre competitividad e interés público. En 2026 se espera, incluso, que la reforma vea la luz.
En paralelo, España ha consolidado su liderazgo en investigación clínica con la
autorización del primer ensayo tramitado por la vía 'fast-track'. El estudio ha completado el proceso regulatorio en apenas 60 días, lo que confirma el potencial de este
procedimiento acelerado para atraer ensayos tempranos de alto valor añadido. Este avance se suma a un contexto en el que
España está a la cabeza en número de ensayos clínicos autorizados en Europa.
A este escenario se añade el lanzamiento del
nuevo Plan Profarma 2025-2026, con el que el Gobierno aspira a reforzar el papel de España como polo europeo de producción e innovación farmacéutica. El programa vuelve con
incentivos ligados a la inversión industrial y en I+D, con reducciones de las aportaciones al Sistema Nacional de Salud (SNS) según la calificación obtenida por las empresas. Alineado con las
estrategias industrial, digital y verde de la UE, el Plan Profarma se consolida como una
herramienta para atraer inversión, fortalecer el empleo cualificado y
mejorar la seguridad de suministro en un contexto internacional cada vez más incierto.
Muface pone fin a una crisis sin precedentes
Muface ha estado también bajo los focos. La mutualidad empezó el 2025 sumida en una ola de incertidumbre ante
la posibilidad de su desaparición. Pero resistió, y tras siete meses de crisis sin precedentes, a finales de abril de este año
firmó su concierto para los años 2025, 2026 y 2027 de la mano de
Asisa y Adeslas. Todo ello tras la
salida de DKV, que decidió abandonar la mutualidad por la infrafinanciación del sistema.
Pero no ha sido el único logro de
Muface a lo largo de este año, y es que el modelo
ha cumplido 50 años en medio de una etapa de reconstrucción tras el que probablemente haya sido el mayor trance de su historia. De hecho, ahora mira a la
implantación total de su receta electrónica concertada, que tiene aún a cuatro comunidades autónomas en 'lista de espera', y a la reforma interna del modelo. Unos apuntes a los que se suman la
vigilancia a las aseguradoras, el
uso del teléfono 112 y la
revisión del copago farmacéutico. Esos son, en resumen,
algunos de sus planes para 2026, pero es que
Muface ya mira a su renovación con "las primeras pinceladas" del
concierto de 2028.
Nuevo marco regulatorio e impulso para la tecnología sanitaria
El año ha sido especialmente significativo para la
tecnología sanitaria española, con avances clave tanto en el plano normativo como en el industrial. En el ámbito regulatorio, el
Consejo de Ministros ha aprobado en 2025 el nuevo
Real Decreto de productos sanitarios para diagnóstico in vitro, que
adapta el ordenamiento nacional al europeo y sustituye a una normativa vigente desde el año 2000.
El texto refuerza la protección de la salud y la transparencia, al tiempo que concreta aspectos que la regulación europea deja en manos de los países, como
la fabricación de productos 'in house' en centros sanitarios, las pruebas genéticas y su necesario asesoramiento, el régimen de prescripción o las obligaciones de vigilancia y control del mercado. Con esta norma, España avanza hacia un
marco más homogéneo, seguro y alineado con la innovación.
En paralelo, el sector ha dado un paso significativo en su agenda industrial con el acuerdo entre
Fenin y el Ministerio de Industria para crear un grupo de trabajo destinado a reforzar la capacidad productiva y
la competitividad de la tecnología sanitaria. En un contexto marcado por la incertidumbre internacional y los retos arancelarios, ambas partes han coincidido en la necesidad de
reducir la dependencia exterior en productos esenciales y avanzar en la
autonomía estratégica, en línea con las prioridades europeas.
Relevos significativos en las cúpulas de la sanidad privada
La sanidad privada ha cerrado el año marcada por una
intensa renovación de liderazgos en sus principales organizaciones y compañías. Uno de ellos se ha producido en la
Fundación IDIS, que ha abierto un proceso electoral para elegir a su nuevo presidente tras la
dimisión de Iñaki Peralta, coincidiendo con su salida de Sanitas. Durante este periodo transitorio,
Juan Abarca Cidón asume de nuevo la
Presidencia en funciones, un cargo que ya ocupó entre 2019 y 2025. Este proceso se enmarca en una etapa de cambios más amplia en el sector, con el relevo de Peralta por
Carlos Jaureguizar al frente de Sanitas.
A estos movimientos se suman otros relevos institucionales importantes.
ASPE, la patronal de la sanidad privada, ha nombrado a
Herminia Rodríguez como presidenta a partir del 1 de enero de 2026, tras la
salida de Carlos Rus, que se marcha tras catorce años al frente de la asociación.
En el ámbito asegurador,
Ana Pastor ha renunciado a la Presidencia de AMA apenas un año y medio después de asumir el cargo, siendo sustituida de nuevo por
Luis Campos Villarino; mientras que SegurCaixa Adeslas ha iniciado un relevo ordenado en su Dirección General, con
Jaume Masana tomando progresivamente el testigo de
Javier Murillo, que
se jubilará a finales de 2026.
Más allá de los cambios orgánicos, la sanidad privada ha comenzado a ganar peso en una de las grandes reformas estructurales del sistema sanitario:
la salud digital. El Ministerio de Sanidad ha dado los primeros pasos para impulsar la futura Ley de Salud Digital, que contempla la extensión de la
historia clínica digital interoperable al sector privado y su integración en los sistemas de
big data del SNS.
Dura negociación del nuevo convenio de farmacias
La
negociación del XXVI
Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia se ha convertido en uno de los procesos laborales más complejos del 2025. Patronal y sindicatos llevan meses intentando actualizar un marco que
afecta a más de 80.000 profesionales, en una mesa condicionada desde el inicio por la tramitación de la futura
ley de reducción de jornada, que ha ralentizado todos los avances sustanciales.
A este bloqueo se han sumado otros puntos de fricción, como la regulación de las bajas por incapacidad temporal y las demandas sindicales vinculadas a la modernización del trabajo, entre ellas el
registro de jornada, la
desconexión digital o la incorporación de protocolos LGTBI+.
El cierre del año ha llegado con la
suspensión de la reunión prevista para diciembre ante la falta de una c
ontrapropuesta formal de la patronal, que descarta que los recientes cambios internos (cambio en la presidencia) estén influyendo en la negociación. Todas las expectativas se concentran ahora en la reunión de enero, considerada clave para
desbloquear este convenio.
|
Oficina de farmacia rural.
|
El Consejo Interterritorial, un espejo de la política sanitaria
La actualidad de la política sanitaria autonómica ha estado marcada en buena medida por las reuniones del
Consejo Interterritorial del SNS, un órgano que desde la pandemia se ha instalado ya como un foro de debate permanente. Las cumbres de este 2025 han estado condicionadas por algunos desencuentros como el que llevó a todas
las comunidades gobernadas por el Partido Popular a levantarse de la mesa en Zaragoza para escenificar sus diferencias con el Ministerio de Sanidad. Las discrepancias en áreas como los
cribados, los planes de recursos humanos o el Estatuto Marco han sido insalvables a lo largo del curso. Sin embargo, estas citas también han arrojado algo de luz para la esperanza. En un escenario de polarización, sí que ha sido posible sacar adelante reformas clave como
los protocolos de la gripe, nuevos centros de referencia, la reforma de los cuidados enfermeros o la ampliación de las
especialidades del PIR.
|
Reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Naconal de Salud celebrada en Zaragoza.
|
El 2025 ha sido, además, un año donde todas las administraciones se han volcado con la ingente tarea de ampliar y fidelizar las plantillas de sanitarios. Ante el reto cada vez más complejo de garantizar
un relevo generacional, los gobiernos autonómicos se han visto obligados a reinventarse en materia laboral.
Los incentivos por difícil cobertura, la apertura de un
quinto grado de carrera profesional, los nuevos
complementos por productividad o los pluses por insularidad han sido algunas de las medidas desplegadas en un sector cada vez más competitivo, donde las convocatorias de las
Ofertas Públicas de Empleo (OPE) han vuelto ha batir todos los récords.
El último curso político también ha puesto en el foco
el debate sobre el mapa de las competencias. La cesión de la gestión de la
sanidad penitenciaria se ha convertido en una tendencia cada vez más habitual entre los gobiernos autonómicos de diferentes signos que lo han solicitado, aunque más controvertidos han sido otros pulsos entre las regiones nacionalistas. Euskadi logró hacerse a principios de año con las funciones para
homologar los títulos universitarios de los médicos o enfermeros, pero una sentencia judicial tumbó el acuerdo con Moncloa. Mientras
Cataluña ya piensa en un plan B para seguir el mismo camino, e incluso conquistar también
la gestión de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), algo que también promete un complicado desenlace político y jurídico.
Relevos en la Consejería de Sanidad
Si hay algún evento que ha marcado la sanidad autonómica ha sido la crisis política que sacudió Andalucía después de que se hiciera público un error que dejó a más de
2.000 mujeres sin acceso a los resultados de
los cribados de cáncer de mama. El fallo se saldó con
la dimisión de la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, así como el relevo de varios directivos clave del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Junta respondió a la crisis dando galones a
Antonio Sanz como nuevo responsable de la cartera y con la puesta en marcha de un plan de choque. Pero el debate ha alcanzado incluso a la esfera nacional con el establecimiento de un discutido
plan de volcado de datos públicos al Ministerio de Sanidad para garantizar que la situación no se repita en otro punto de la geografía española.
|
Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía.
|
El cierre del año ha estado marcado además por los tambores de
un nuevo ciclo electoral. Extremadura ha sido la primera comunidad en someterse a las urnas, mientras que en cuestión de meses se avecinan los comicios en
Aragón, Castilla y León o Andalucía. La cercanía de la campaña y las discrepancias entre los que fueran socios de gobierno también ha tenido un impacto a nivel sanitario. A pesar de que todas las regiones han preparado una
inversión récord en salud, la mayor parte de las negociaciones para sacar adelante los presupuestos han fracasado en el debate parlamentario. Únicamente los ejecutivos que gozan de
mayoría absoluta o de una c
oalición estable en el ala de la izquierda han sido capaces de materializar sus cuentas.
Modelo en la creación de ACEs
Este 2025 también ha sido un año de avances para algunos de los grandes proyectos sanitarios enquistados, a los que el Ministerio de Sanidad pretende dar salida con la mayor celeridad posible. Es el caso de las
Áreas de Capacitación Específica (ACEs). Meses de negociaciones con las sociedades científicas culminaban en la redacción de un
primer documento que no solo servirá como
base para la creación de las dos primeras áreas de subespecialización en el Sistema Nacional de Salud (SNS), como son
Cardiología Intervencionista y Neonatología, sino que también se postula como
modelo en el desarrollo del resto de ACEs venideras, como las procedentes de la
Medicina Intensiva pediátrica, Geriatría o
terapias avanzadas.
Otro de los grandes compromisos adquiridos por el departamento de Mónica García tiene que ver con la
actualización de los programas formativos, dada su antigüedad en la mayoría de casos. Tanto
Medicina Intensiva, como
Anestesiología y Reanimación lograban dar pasos en firme en sus itinerarios MIR, a falta de resolver los últimos 'flecos' para su aprobación final, quedando pendientes también para 2026, en base al anuncio del ministerio,
Cirugía Torácica, Cirugía Cardiovascular y Farmacia Hospitalaria. Por su parte, y dado el avance en sus tramitaciones,
Medicina Preventiva y Salud Pública, así como,
Medicina del Trabajo también se encuentran en fase de despegue.
Cuenta atrás para la recertificación profesional
El año que viene, el SNS, también podría contar con un
modelo común de recertificación profesional a nivel nacional, a la vista del camino recorrido por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) y el Ministerio de Sanidad para llegar a un acuerdo. Este proyecto daría respuesta a una de las reinvidaciones más longevas de los sanitarios del SNS, al
acreditar periódicamente la competencia profesional de los profesionales y continuar impulsando el
desarrollo profesional continuo de los trabajadores de este primer nivel asistencial.
Este modelo es una de las nueve líneas del
Plan de Atención Primaria 2025-2027, cuyo cumplimiento por parte de las comunidades autónomas podrá ser, a partir de ahora, valorado cen base al
Manual de Evaluación publicado por Sanidad. El primer examen comenzará en marzo de 2026, fecha límite para que las distintas consejerías de salud aporten la información de los
diferentes indicadores sobre la implementación de medidas a Sanidad.
La Cardiología nacional conseguía hacer historia al revolucionar el paradigma terapéutico con el ensayo Reboot, que abre la puerta a un replanteamiento de la
prescripción sistemática de betabloqueantes tras un infarto de miocardio no complicado.
|
Cristina Avendaño, presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme).
|
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.