La sanidad acapara la mitad de las quejas por discriminación lingüística

El vuelco político que provocaron las elecciones del 28-M en la Comunitat Valenciana ha puesto en el disparadero a la Oficina de Derechos Lingüísticos, un organismo utilizado para canalizar las denuncias de los ciudadanos que se sientan discriminados por no poder expresarse o recibir atención en el idioma autonómico. Lo cierto es que este tipo de conflictos se producen con cierta frecuencia en hospitales y espacios sanitarios, que acaparan prácticamente la mitad de las denuncias registradas en las diferentes agencias de garantía lingüística.

Sin ir más lejos, en la Comunitat Valenciana el 50 por ciento de las quejas que se producen en el ámbito sanitario, según la última información disponible, correspondiente al 2022 (ese año se registraron más de un centenar de denuncias). ¿Por qué protestaron los valenciano-parlantes? Entre otros motivos, por la negativa de algunos médicos y enfermeros a hablar la lengua autonómica, así como por solo emitir mensajes sobre la vacunación contra el Covid-19 en español.

“La doctora que sustituía a la que tenía asignada le negó a un paciente el derecho de expresarse en valenciano. Le negó el derecho a ser atendido en valenciano afirmando que no le entendía, que no tenía ninguna obligación de entenderle y mucho menos de hablarlo”, recoge una de las denuncias.

Asociaciones catalanas denuncian la "flexibilización" de la exigencia de la lengua para entrar en la administración

De hecho, la Plataforma per la Llengua denunció recientemente que las quejas por discriminación lingüística en la sanidad autonómica se triplicaron el pasado ejercicio. Uno de los casos más graves, advirtió esta asociación, tuvo lugar en Castellón de la Plana: “Un ciudadano acudió a un centro de Urgencias con su hijo, que tenía malestar general. Al acercarse a la facultativa, esta les exigió que hablaran en español o no podría hacer la consulta”.

“¿Prefieres que te hable en catalán o que te dé hora para la vacuna?”, aseguró una vecina de Palma de Mallorca que le dijo un médico de la localidad. Según la información facilitada por la Generalitat de Catalunya cada año se registran cerca de un centenar de estas denuncias. “Más del 40 por ciento se perpetraron en el ámbito sanitario, que es competencia autonómica”, aseguran desde la Plataforma per la Llengua, organización que vincula este fenómeno “a la relajación del requisito del conocimiento del catalán por parte de la administración”.

Denuncias por el euskera en el País Vasco

En el País Vasco cuentan con Elebide, el Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, que solo en 2021 tramitó 227 quejas. De ellas, 53 iban dirigidas contra el Gobierno vasco, y 20 concretamente contra el Departamento de Salud; y otras 28 contra el Servicio de Salud (Osakidetza).

Los motivos de las quejas fueron, entre otros, los errores en rótulos que estaban escritos en euskera, la asignación de médicos que solo saben español a personas que hubieran pedido un médico con conocimientos de la lengua vasca, o la falta de posibilidad de realizar encuestas en euskera.