Los médicos se han situado entre el grupo de trabajadores que mayor esfuerzo realizará para asumir las
nuevas cotizaciones sociales vinculadas a la
reforma del sistema de pensiones que ha aprobado el Ministerio de Seguridad Social. Un informe de Fedea ha revelado que el
36 por ciento de la subida prevista de los ingresos procederá de los empleados con
rentas superiores a los 55.000 euros brutos anuales, lo que afectará a prácticamente la totalidad de los facultativos que realizan guardias en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Los expertos económicos han colocado a este grupo socioeconómico en cabeza en el ranking de las nuevas aportaciones por encima de los
trabajadores autónomos que asumirán el 35,7 por ciento de la subida inicial de las cotizaciones, así como del resto de
empleados asalariados que harán frente al 28,3 por ciento del incremento diseñado para dotar de sostenibilidad al modelo de la jubilación en España desde ahora hasta el año 2050.
Las estimaciones de la institución han calculado que los nuevos aportes de todos los colectivos se traduzcan en un incremento de los ingresos públicos equivalente al
1,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Estas cifras están condicionadas por el nuevo modelo de cotización por
rentas reales de los autónomos (0,5 por ciento del PIB) con el que se pretende reducir la economía sumergida, el incremento anual del
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,4 por ciento), la subida de las
bases de cotización máximas (0,4 por ciento) y la
nueva cuota de solidaridad para los salarios más altos (0,1 por ciento).
A pesar de estos incrementos, desde Fedea han apuntado que los nuevos ingresos no serán suficientes para compensar el aumento del gasto previsto en un contexto marcado por el
envejecimiento de la población. El informe, que cita los cálculos de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la inversión alcanzará el
16,3 por ciento del PIB en el año 2048, lo que se traducirá un aumento de déficit público del 1,1 por ciento en tres décadas.
El documento firmado por el doctor en Economía
Miguel Ángel García ha concluido que el plan diseñado por el Gobierno “muestra amplios d
esalineamientos en la valoración de la evolución de los ingresos y los gastos utilizados en la reciente
reforma de las pensiones, que podrían afectar a su impacto en las cuentas públicas españolas en un futuro no muy lejano”.
Los cálculos económicos de la reforma de las pensiones
El análisis ha tenido en cuenta las variaciones demográficas y económicas que se esperan en España en los próximos años. Sus cálculos pasan por que en 2050 haya
50,3 millones de habitantes en el país debido al crecimiento del grupo de mayores de 66 años que ya concentrarán el 51,4 por ciento del total. Mientras que el saldo neto de
inmigrantes permitiría mantener el número de personas en edad de trabajar.
A nivel macroeconómico, los autores han diseñado un escenario con un
crecimiento medio anual del PIB del 1,3 por ciento en términos reales para la etapa de 2027 a 2070. Mientras que se esperan unos ingresos públicos del 44,7 por ciento del PIB vinculados a la carga fiscal, así como una deuda que se situaría en el 147 por ciento para 2050.
Paralelamente, Fedea ha calculado que el aumento de las cotizaciones sociales puede desencadenar un impacto
“negativo” para el empleo. De acuerdo a la evidencia a nivel internacional, han estimado que la pérdida podría alcanzar los
117.000 puestos de trabajo en el primer año en vigencia de la reforma y casi 240.000 en la suma de los tres primeros ejercicios.
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