Decenas de dirigentes de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este miércoles frente a las puertas del Ministerio de Sanidad para reclamar a viva voz una solución a sus demandas sobre la
jubilación anticipada para los profesionales de la Salud. Los representantes del sindicato denuncian que llevan cuatro meses sin recibir respuesta del Gobierno, y advierten de que están dispuestos a llegar
“hasta las últimas consecuencias”. De hecho, el proceso judicial podría abrirse a partir de este mismo abril, apuntan,
una vez acabe la vía administrativa.
“Están callados, no responden.
Vamos a forzar la respuesta administrativa, y si no la hay, iremos a los juzgados”, explica a
Redacción Médica el presiente del sector nacional de Sanidad de CSIF,
Fernando Hontangas, quien incide en que representa a un “sindicato legitimado” para pedir el inicio de un estudio sobre los coeficientes reductores en el cálculo de las pensiones dadas las condiciones de penosidad a las que deben hacer frente los sanitarios.
La central insiste en que las características de la profesión, que implica
guardias, nocturnidad, cuidado de pacientes y contacto con enfermedades contagiosas y productos tóxicos, “aconsejan
favorecer el delanto de la jubilación” tal y como sucede con otros gremios como la Policía.
CSIF solicitó el pasado septiembre al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el inicio de los estudios encaminados a la jubilación anticipada, y desde entonces “no se ha recibido repuesta”. La esta situación se dilata en el tiempo, la organización
no descarta acudir a una vía judicial que podría abrirse a partir de abril, aunque Hontangas subraya que primero deberán tener
luz verde de sus servicios jurídicos.
50.000 contratos sanitarios en peligro
El propio Fernando Hontangas pone en valor el “éxito” de una manifestación de la que los dirigentes de CSIF han denunciado la destrucción de casi 31.000 contratos desde septiembre de 2011 en el sector de la sanidad. Asimismo, han advertido de que otros
50.000 puestos se encuentran en peligro ante la extinción de los contratos covid.
“Esto nos parece una irresponsabilidad teniendo en cuenta la situación de deterioro, tanto en Atención Hospitalaria y
especialmente grave en la Primaria, y las listas de espera generadas en otras patologías al margen del covid”, ha denunciado Csif.
En este sentido, Hontangas ha destacado que los profesionales se encuentran
“muy cansados” por la falta de respuestas de la administración y las “limosnas” de las comunidades autónomas.
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