El
Tribunal de Cuentas y los
Órganos de Control Externo han acordado en la Comisión de Coordinación en el ámbito autonómico coordinarse en la fiscalización de los fondos
Next Generation. Sin embargo, este primer tramo de la actuación fiscalizadora no tiene por objeto la gestión efectuada por estas administraciones sobre
medidas concretas del Plan de Resiliencia como podrían ser las destinadas a
materia sanitaria.
Según apuntan fuentes del tribunal a
Redacción Médica, este segmento de la fiscalización, que se iniciará en las próximas semanas, se centra en analizar las medidas normativas, de planificación y de gestión desarrolladas por cada CCAA para poder abordar el desafío que supone la
implementación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) y la
gestión de los fondos europeos que lleva aparejado.
No obstante, estas mismas fuentes sostienen que en próximas fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, cuando haya unos grados de ejecución más elevados del PRTR,
sí se podría examinar la gestión efectuada, aunque advierten que las cuestiones a analizar serán determinadas caso por caso.
Aplicación de los fondos europeos en sanidad
El instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation) es la mayor herramienta de estímulo económico jamás financiada por la Unión Europea por valor de 750.000 millones con destino a todos los Estados miembros
. España podrá recibir hasta 140 mil millones de euros entre el 2021 y el 2026 que, según los directivos de la sanidad española, suponen una “oportunidad” de cara a la transformación del sistema sanitario, pero también una “gran responsabilidad”.
Sin embargo,
no existe un consenso unánime entre las CCAA sobre cómo gestionar las ayudas llegadas desde Bruselas. Cada territorio sigue sus propias pautas y criterios e identifica las oportunidades de inversión en base a sus necesidades regionales y locales.
A este respecto, tras la reunión con los Órganos de Control Externo, el Tribunal de Cuentas subraya que la ejecución de los proyectos vinculados a los fondos Next Generation plantea un desafío a la comunidades y ciudades autónomas como entidades gestoras debido al
volumen de las inversiones y al
breve periodo establecido para su ejecución.
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