El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dado un ‘toque’ a España por restringir el acceso a su sanidad pública de los inmigrantes sin papeles a raíz del decreto 16/2012 publicado en abril de ese año.
Sus integrantes –18 especialistas independientes oriundos de diversas nacionalidades– reclaman al gobierno español en funciones que restaure la asistencia sanitaria pública universal y que revise, igualmente, el rechazo sistemático de sus autoridades fronterizas a los migrantes y refugiados.
La normativa aprobada en su día por el actual gobierno en funciones fijó por decreto la extinción de la atención sanitaria gratuita a inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España. En ese punto del decreto se centra ahora el aviso del organismo comunitario, que desconfía de la existencia en España de una sanidad universal, menos aún en el caso de estas personas.
Salud e integridad de los migrantes
Asimismo, al igual que hicieron ya el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, los expertos de la ONU han instado al Estado a investigar de manera “pronta, eficaz, completa y transparente” las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en operaciones de expulsión, incluyendo el Tarajal, donde el 6 de febrero de 2014 murieron 15 inmigrantes.
En un documento al que han tenido acceso las agencias de noticias, el Comité expresa “su grave preocupación por la práctica de devoluciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad españolas en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla”, y recomienda revisar la Ley de Seguridad Ciudadana en lo que se refiere al ‘rechazo en frontera’ así como garantizar el acceso a procedimientos de asilo a todas las personas susceptibles de protección internacional.
Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU
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