La
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) está desarrollando, junto con otras instituciones del Estado, un
protocolo de actuación ante la detección de casos sospechosos o confirmados de
tráfico de órganos especialmente orientado a profesionales sanitarios. Así lo ha confirmado la directora de la ONT,
Beatriz Domínguez-Gil a
Redacción Médica tras publicarse una
respuesta parlamentaria en el Boletín del Congreso de los Diputados en la que se confirma esta nueva iniciativa.
El proyecto complementará la ley española "tremendamente garantista" que se requiere de una "evaluación a tres filtros" única en el mundo. De esta forma, se generará un protocolo de actuación que
guiará a los sanitarios a la hora de denunciar estas malas prácticas. Tal y como explica la directora, se da
“un paso más hacia la excelencia” y se complementa este modelo "100% garantista" con un protocolo de actuación en el que trabajan conjuntamente la Fiscalía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Organización Médico Colegial (OMC).
En estos momentos, la ONT está hablando con estos organismos con el objetivo de marcar este guion mediante el cual los sanitarios (primordialmente médicos) conocerán los
indicadores de determinen que se está realizando una donación irregular. “Vamos a responder a las preguntas del qué, quién, cómo, cuándo y dónde”, informa Domínguez-Gil.
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"Una vez elaboremos el proyecto, vamos a ir desarrollando los proyectos de difusión y formación de profesionales para hacerlo visible dentro de nuestro sistema de salud"
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Aunque por el momento trabajan con los
médicos, la directora de la ONT no descarta que lleguen a más profesionales del sistema sanitario.
Respecto a cuándo estará terminado el protocolo, Domínguez-Gil prefiere no ponerse fecha límite por la cantidad de organismos que confluyen en él.
“Una vez elaboremos el proyecto -informa-, vamos a ir desarrollando los
proyectos de difusión y formación de profesionales para hacerlo visible dentro de nuestro sistema de salud”.
Una pregunta registrada tras el caso Abidal
Aunque la directora de la ONT confirma que el proyecto
se empezó a configurar antes del caso de Eric Abidal, la
pregunta de la parlamentaria de Unidos Podemos hace referencia a tal cuestión. En este sentido, el Gobierno responde afirmando que el organismo nacional de trasplantados “concluyó que no había detectado ninguna irregularidad y, dado que sus competencias se limitan al ámbito clínico y no pueden suplir la labor de investigación policial, se personarán como
acusación particular en el caso de que la jueza decida reabrir el caso”.
Competencia autonómica
Además, desde el Ejecutivo de
Pedro Sánchez se informa que las tareas de control y auditoria para garantizar el correcto cumplimiento de la legislación en materia de donación y trasplantes corresponden a las
comunidades autónomas y que, el hecho de que un paciente trasplantado pueda conocer la CCAA de la que procede su donante, “no vulnera ninguno de los requisitos establecidos en la legislación vigente que permiten garantizar el anonimato, la confidencialidad, la voluntariedad y el altruismo de la donación de órganos”. En este sentido, la Organización Nacional de Trasplantes pone de manifiesto que cerca del 22 por ciento de los órganos trasplantados proceden de una comunidad autónoma distinta a la del donante.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.