Redacción. Madrid
Cuando casi tiene solventado el problema de la hepatitis C, al Ministerio de Sanidad que lidera Alfonso Alonso se le viene encima otra 'herencia' de la etapa de Ana Mato y también con visos de crisis mediática: la polémica en torno a la vacuna de la varicela. Y es que más de 107.000 ciudadanos han firmado ya en la web change.org una petición para que esta profilaxis sea devuelta a la farmacia cuando así lo prescriba un pediatra, y no se reduzca su acceso solo al ámbito hospitalario. Una petición que ha logrado el respaldo de la Oficina Jurídica Sociosanitaria (OJS), que acaba de presentar una solicitud administrativa ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para que este problema de salud pública se resuelva.
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Belén Crespo, directora de la Aemps.
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A la hora de defender la propuesta, suscrita por 138 ciudadanos, la OJS se apoya en el reconocimiento del derecho ciudadano a la protección de la salud, contemplado en el artículo 43 de la Constitución. “Se ha prohibido a la ciudadanía poder adquirir un medicamento que le posibilita proteger la salud de sus hijos”, afirma un escrito que, a su vez, califica la situación actual como un “atentado” contra este derecho al que debe ponerse fin para evitar un incremento en el número de casos como el acontecido el pasado año.
En su petición formal, la OJS se encarga de ‘derribar’ los argumentos presentados por la Aemps para sacar de las farmacias la vacuna, empezando por la posibilidad de que aumentaran los casos de herpes zóster y se produjera un desplazamiento de la varicela a la edad adulta, cuando resulta más peligrosa para la salud. Para ello se ha apoyado en el estudio ‘Vacunación de la varicela en la Unión Europea’, realizado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), en el que ambas hipótesis quedan descartadas.
Asimismo, el documento destaca que el mismo organismo europeo consideraba un ejemplo a nivel continental el patrón de vacunación español hasta 2013. El cambio producido supone, para la OJS, el viraje hacia “un esquema rígido que trae como consecuencia un retroceso en la lucha por lograr la erradicación de la enfermedad”.
Otro de los aspectos más defendidos por la Aemps ha sido el hecho de que la vacunación a los doce años sea la medida más extendida en los países del entorno de España. En ese sentido la petición puntualiza que, si bien ese dato es cierto, se obvia que en prácticamente todos es posible comprar la dosis en las farmacias con la única condición de contar con una prescripción médica. Algo que, recuerdan “no supone coste alguno para el sistema sanitario público”.
Del mismo modo, y continuando con las comparaciones, OJS solicita que éstas se realicen no con los países más cercanos sino con los que cuentan con mejores resultados clínicos. Entre ellos se señala a Estados Unidos o Alemania, que en ambos casos han logrado notables mejoras en sus respectivos índices de casos utilizando un sistema de vacunación temprana pero no se encuentran entre los tomados como referencia.
Hay una palabra clave sobre la que se asienta la petición formulada, que nace a raíz de una campaña ciudadana en la plataforma ‘Change.org’ que obtuvo más de 100.000 apoyos: inequidad. A ella se refiere en varias ocasiones el documento presentado, en el que se alega que la situación hace que se ahonde en las diferencias ya existentes a la hora de acceder a la vacuna debido a la existencia de varios calendarios. “No tiene sentido alguno que determinada población infantil tengan derecho a ser vacunados antes de los tres años contra la varicela mientras que el resto tiene que esperar a los doce”, afirma sobre un sistema que “condena a la población al padecimiento de una enfermedad sin que exista una sólida base científica que lo justifique”.
En consonancia con los pediatras
La solicitud de la OJS sigue, prácticamente a rajatabla, la postura que los pediatras han mostrado siempre respecto a la administración de la vacuna. Y es que, desde el mismo momento en que comenzaron los problemas de acceso, los profesionales han defendido la necesidad de establecer un sistema de vacunación temprana o, al menos, permitir su venta a los padres, siempre y cuando contaran con una prescripción médica que avale la conveniencia de su administración.
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