La revolución de los
medicamentos innovadores, unida al desarrollo de nuevas terapias génicas, oncológicas y medicamentos huérfanos ha supuesto una oportunidad para tratar enfermedades, pero también un reto para los diezmados presupuestos sanitarios de los países. La
OCDE ha publicado un informe en el que defiende el "reequilibrio en el poder de negociación entre pagadores y la industria". El texto será debatido por los ministros de Sanidad del organismo que se reúnen esta semana en París.
Los mecanismos para cambiar esta relación con la industria pasan por
aumentar la transparencia, la cooperación entre compradores y el desarrollo de iniciativas conjuntas entre países para llegar a
acuerdos sobre el precio.
El informe de la OCDE alerta de dos situaciones a las que está llevando el actual modelo de innovación en medicamentos. Por un lado, "los pagadores sufren para pagar
medicinas costosas dirigidas a poblaciones muy pequeñas". En el polo opuesto "los nuevos tratamientos para la hepatitis que son muy efectivos y costo-efectivos en el largo plazo, pero pueden tratar a
un grupo de población muy amplio son inasequibles para muchos de los que se beneficiarían en muchos países debido a su algo impacto presupuestario".
Además, la OCDE insta a
reforzar los controles sobre la eficacia de los nuevos fármacos y a ajustar los precios a "los beneficios de salud comparados con las alternativas". En este sentido, el informe es claro: "los compradores deben tener el
poder suficiente para ajustar los precios y retirar los pagos cuando las tecnologías sean ineficientes".
España, con problemas de Big Data
En lo que se refiere a España, el informe resalta que en 2010 apenas
un tercio de los 60 medicamentos huérfanos regulados en Europa estaban disponibles en nuestro país, una posición en la que solo le acompañaba Grecia.
Además, puntualiza que España tiene un problema con la gestión de la información sanitaria. "Al no tener una norma nacional que regule la extracción de datos de los registros electrónicos, las bases de datos son administradas por cada comunidad autónoma", apunta el texto, que señala que además
existen barreras que "limitan el acceso a los datos clínicos digitales". Esto incluye "una elevada burocracia y la falta de cláusulas escritas sobre cómo los solicitantes deben pedir el acceso a los datos".
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