La nueva financiación sanitaria autonómica cribará crónicos y despoblación

El Ministerio de Hacienda ha desvelado este viernes las claves de su nueva propuesta de financiación autonómica, que parte con el objetivo esencial de “blindar el Estado del Bienestar” y, por tanto, el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo ha trasladado la titular del departamento, María Jesús Montero, quien ha avanzado que el plan “se adapta y da respuesta” a las diferentes realidades de España, no solo a las de Cataluña. Y el ‘ajuste’ sanitario se postula como un factor determinante: “Es comprensible que una comunidad con una población más envejecida tendrá una mayor necesidad de gasto en sanidad”, ha incidido la mandataria socialista. Para mejorar sus servicios, las autonomías de régimen común (todas a excepción de País Vasco y Navarra) verían elevada su parte de la recaudación del IRPF y el IVA, que pasaría del 50 por actual al 55 y el 56,5 por ciento respectivamente.

“Las comunidades tendrán 20.975 millones más que los que tendrían si se mantuviera el modelo vigente”, ha resumido María Jesús Montero en una rueda de prensa en la que ha concretado que, de cara al 2027 (la previsión del modelo es de cinco años), el Gobierno proyecta una financiación de 224.507 millones para “blindar el servicio público de la sanidad, la educación y la dependencia”, entre otros objetivos.

Una de las claves de la propuesta del Ministerio de Hacienda se focaliza sobre el concepto de población ajustada, que es al que tradicionalmente se acude para tratar de corregir las desigualdades de financiación entre las diferentes comunidades autónomas de régimen común. En palabras de Montero, se trata del factor que determina el número de habitantes de cada territorio “ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades” económicas. “Lo que se pretende es cubrir los costes de la prestación de los servicios básicos que prestan las comunidades y por tanto garantizar la sanidad, la educación y la dependencia”, ha destacado.

Foco en la población protegida equivalente para sanidad

El nuevo modelo propuesto por el Gobierno, que fue rechazado por los Ejecutivos regionales, es semejante al que ya se esbozó en 2021 y presenta “algunas variaciones respecto al modelo vigente”. La mandataria socialista ha puesto de relieve el nuevo peso de la población protegida equivalente, que alcanza el 38 por ciento de los criterios para determinar la población ajustada y que se desplegará en base a 20 grupos (en estos momentos son siete) de edad para “aproximar mejor los costes sanitarios en función de las necesidades de los beneficiarios”. Es decir, que “se mejora el cálculo y la fiabilidad en la medida en que se delimitan los grupos de población con una mayor precisión”.

En este sentido, ha incidido en que es “fácilmente comprensible que una comunidad con una población más envejecida” tenga una “mayor necesidad de gasto en sanidad”; o bien que a aquellas con núcleos poblaciones inversos se les ofrezcan “determinadas prestaciones”.

“El sistema se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica -ha continuado-. Desde el primer momento hemos tenido claro las premisas sobre las que tiene que descansar este modelo de financiación, entre ellas el incremento de los recursos para blindar el Estado del Bienestar, la sanidad, la política de vivienda y la dependencia”.

Más IRPF e IVA para las autonomías

Este incremento de la financiación se canalizará, en esencia, a través de un aumento de los porcentajes de cesión a las autonomías del IRPF (que pasa del 50 al 55 por ciento) y del IVA (del 50 al 56,5 por ciento).

Por el momento, Hacienda no pone sobre la mesa la transferencia de la totalidad de la gestión del IRPF que reclaman desde Cataluña. Según ha detallado Montero, “no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma”, sino que se establece un sistema “que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de España”.