El
Consejo Económico y Social (CES) emplaza al Ministerio de Transportes a dotar a los
hospitales de una entidad propia para establecer planes de transporte y movilidad “únicos” en este tipo de complejos.
En su
dictamen sobre la Ley de Movilidad Sostenible impulsada por el gabinete de Raquel Sánchez, los asesores de Moncloa advierten de una
“cierta indefinición” a la hora de establecer planes de movilidad sostenible en “grandes centros de actividad” que carecen de entidad jurídica propia. “Por ejemplo, el CES sugiere incorporar en el anteproyecto que en esta categoría se incluyan como mínimo los
complejos hospitalarios, los campus universitarios y las áreas portuarios y aeroportuarias”, destaca.
“Aunque ministerialmente se decidirán los criterios para su identificación, se insta a su
mayor concreción en el anteproyecto”, continúa el informe. En este sentido, el CES entiende que en este tipo de centros se debe contemplar la elaboración de un “plan único” de movilidad conjunto “sin que tengan que ser necesariamente grandes centros de actividad” y en colaboración con las entidades locales.
“Finalmente, el CES estima que desde la futura Ley se debería impulsar que todos los centros de actividad, independientemente de su tamaño y ubicación, se involucren en la consecución de los objetivos de la
Estrategia Europea de movilidad sostenible”, concluye.
De forma paralela, el Consejo Económico y Social reclama al Ejecutivo un mayor reconocimiento en el apartado de
costes externos o externalidades negativas al “
ámbito sanitario”, así como a la contaminación del agua y acústica o la pérdida de biodiversidad.
La Ley de Movilidad, objetivo primer trimestre de 2023
El anteproyecto de ley continúa su tramitación y se espera que llegue al Congreso este mismo noviembre. En el PSOE confían en que la
nueva normativa sobre movilidad sostenible este aprobada en el
primer trimestre de 2023, antes de que se inicie en mayo el periodo electoral en autonomías y municipios.
Según el propio Ministerio, la ley tiene por objeto principal constituir el
marco normativo que permita que las políticas públicas de transporte y movilidad de las administraciones en España respondan mejor a las necesidades de s
ostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial.
“Además, se reconocerá la movilidad, por primera vez, como un derecho y un elemento de cohesión social que contribuye al Estado del Bienestar y la necesidad de que las administraciones faciliten el ejercicio de este derecho, y se establecen los principios rectores de las administraciones públicas en esta labor”, añade.
En este sentido, la nueva normativa recoge el
fomento del uso del autobús o la necesidad de impulsar
alternativas al modelo concesional actual como la liberalización que se ha llevado a cabo en otros mercados europeos.
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