La Ley de listas de espera y el aluvión de OPE retan a un laborioso 2024

En un contexto político dividido entre el liderazgo del Partido Popular a nivel autonómico y la izquierda a nivel nacional, con PSOE y Sumar en el Gobierno, el año 2024 se presenta como un desafío crucial para el sistema de salud en España.

A nivel nacional, la implementación del programa sanitario en un gobierno de coalición, marcado por los límites de la colaboración, se ve acentuada por un Consejo Interterritorial con mayoría del PP.

El panorama se complica con la aprobación de nuevas leyes sanitarias en un parlamento fragmentado, enfrentando reformas pendientes como la regulación del cannabis medicinal, leyes como la de las Equidad, Garantías y Uso Racional del Medicamento, así como la de Seguridad del Paciente y su 'ratio enfermero', todas ellas relegadas al cajón de las 'cosas pendientes'.

A nivel autonómico, la crisis en Atención Primaria y la distribución de plazas MIR emergen como retos prioritarios, junto con la persistente tarea de reducir las listas de espera tras el impacto de la pandemia. La gestión de recursos humanos se torna crítica, enfrentando un aluvión de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las comunidades, mientras que la decisión sobre el futuro de la sanidad se vislumbra en las elecciones de Galicia y País Vasco. 

Los once puntos sanitarios del acuerdo de coalición

Entre las tareas sanitarias pendientes para este 2024 se encuentra el cumplimiento de las promesas reflejadas en el acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Sumar. Este contempla iniciativas como impulsar un plan de choque de Atención Primaria, limitar por ley las listas de espera sanitarias, impulsar un Pacto de Estado por la Salud Mental y ampliar la cartera de servicios con salud bucodental, entre otras.

Se trata de un acuerdo programático que pone “en el centro” a la sanidad pública y que busca “revitalizarla”, tal y como señaló Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, el pasado 24 de octubre, durante la firma del mismo. El pacto, que busca “hacer algo grande” en materia de salud, según palabras de Díaz, y que implica, entre otras medidas, “dignificar las condiciones” de los profesionales del SNS, deberá ser aprobado en un contexto marcado por una mayoría autonómica del PP.

De este modo, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta durante su nueva legislatura al reto de ejecutar los once puntos principales que recoge este acuerdo en el apartado 'Sanidad pública con más servicios y sin listas de espera' en un tablero político en el que la gestión sanitaria se encuentra mayoritariamente en manos de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, que cuenta con una clara mayoría en el seno del Consejo Interterritorial.

La sanidad se enfrenta a un parlamento fragmentado

La situación no resulta mucho más afable en el seno de un Parlamento cada vez más fragmentado. La ‘ruptura’ sanitaria entre Sumar y Podemos llegó de la mano de diversos desencuentros en esta materia. Uno de los primeros ocurrió tras la exclusión en el acuerdo de coalición de un programa de actuación contra la violencia obstétrica, una de las grandes demandas del partido liderado por Ione Belarra. Junto a esto, la falta de más medidas sanitarias que otorgasen mayor peso a esta materia también ha causado un choque entre ambas formaciones.

Además, la falta de escaños obtenidos por el PSOE ha llevado a Sánchez a adoptar acuerdos con Junts per Catalunya, ERC, PNV, BNG y EH Bildu que recogen una serie de compromisos vinculados a la sanidad. ERC negoció el traspaso de la competencia exclusiva en materia de investigación científica y técnica y los nacionalistas canarios lograron incluir en su acuerdo "la valoración del sobrecoste sanitario vinculado a la insularidad y la lejanía".

Sin olvidar el debate sobre la transferencia del MIR y el resto de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), que, aunque no llegó a quedar plasmada en los acuerdos, sí fue abordada en conversaciones con grupos nacionalistas y soberanistas, tal y como avanzó Redacción Médica.

Retos pendientes del Ministerio de Sanidad

El nuevo Gobierno cuenta, además, con deberes pendientes desde la pasada legislatura. Entre ellos se encuentra culminar la segunda parte de la reforma del Estatuto Marco, que quedó suspendida por la falta de acuerdo con los sindicatos en asuntos como la edad de exención de las guardias médicas, o aprobar el nuevo informe sobre el uso de cannabis medicinal encomendado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Junto a esto, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que va a abrir una nueva etapa en el sector farmacéutico español, pretendía quedar aprobada en diciembre de 2023, coincidiendo con el Componente 18 del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Otra de las leyes que prometía marcar “un antes y un después” en el sector sanitario, concretamente para Enfermería, era la ley de ratios enfermeros adaptados a cada nivel de dependencia, un borrador que se ha quedado en el tintero y que espera ser aprobado este año.

¿Llegará el fin de la huelga del Ingesa?

No pasa desapercibida tampoco la situación de los médicos del Ingesa. El pasado mes de diciembre, los Sindicatos Médicos de Ceuta y Melilla se dirigieron a Mónica García mediante una carta para poner fin a la prolongada huelga que se inició el 9 de marzo en ambas ciudades autónomas con el fin de reclamar un incremento en las plantillas y una serie de incentivos económicos que sirvan para socavar el “agravio comparativo” respecto a los salarios de los sanitarios de la península y las islas.

A pesar de que se trata de la huelga sanitaria en curso más larga en la historia de España, el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) no ha propuesto soluciones al conflicto laboral, según demandan los sindicatos, que confían en la nueva ministra para poner fin a las protestas.

La salud mental, un año más en el punto de mira

El abordaje de los problemas de salud mental continúa siendo uno de los aspectos más mencionados en sanidad tras la pandemia. Desde Sumar ya han anunciado que llevarán a cabo la creación de un Comisionado Especial para la Salud Mental que dependa directamente del Ministerio de Sanidad. Junto a este anuncio, la formación publicó un documento en el que se alude a la necesidad de "asegurar el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad" a través del Pacto de Estado por la Salud Mental.

Este pacto, que fue aprobado en el congreso durante el pasado mes de diciembre con 296 votos a favor y 49 abstenciones (de Vox, Podemos, Junts y PNV), trabajara, en especial, por la salud mental de los niños y de los jóvenes. Se pretende que este 2024 llegue acompañado de un refuerzo de especialistas en esta materia para reducir el tiempo máximo de espera en estas consultas.

Junto a estas medidas, el Congreso de los Diputados está estudiando, también, la creación de una Subcomisión de salud mental en el seno de la Comisión de Sanidad a petición del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una propuesta que pretende  convocar a representantes de diversos sectores relacionados con esta materia para recoger propuestas y necesidades que permitan elaborar un documento con las conclusiones obtenidas.

Crisis de Primaria, prioridad en enero

Entre los retos sanitarios para 2024 de las autonomías se erige como prioritario la crisis de Atención Primaria, que se abordará en un encuentro monográfico en el Consejo Interterritorial de Salud en enero. Así lo pidieron las comunidades autónomas al unísono en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) de diciembre y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aceptado.

Para muchos consejeros y consejeras de Sanidad, la falta de profesionales sanitarios es el principal problema al que España debe hacer frente. Por ello, tras pedir esta reunión durante varios años a los diferentes ministros, el encuentro se producirá a principios del nuevo año con el objetivo de proponer medidas urgentes para paliar la escasez de sanitarios.

El reparto de plazas MIR y el incremento de estas es otra de las cuestiones que más ocupa y preocupa tanto a las comunidades autónomas como al Ministerio de Sanidad. En este sentido, varias regiones han pedido un aumento de las plazas que se ofertan para que la cifra de facultativos que se quedan fuera de la oferta MIR sea menor. Junto a esta medida, se baraja la posibilidad de revisar el modelo MIR en el acceso a las vacantes y abordar las renuncias, así como flexibilizar o modificar los criterios para acreditar nuevas unidades docentes.

La Agencia de Salud Pública, “futuro inmediato” con Mónica García

Aunque el estallido de la pandemia de coronavirus obligó a aprender muchas lecciones a marchas forzadas en materia de prevención sanitaria, casi cuatro años más tarde, España aún tiene deberes pendientes en vigilancia epidemiológica. Uno de ellos es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que parte de un intento fallido en 2023, también a consecuencia de la convocatoria de elecciones generales. En febrero del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha de la Agencia, algo que partía de un anteproyecto de ley publicado en 2022. Tras ello, no ha habido más avances.

En diciembre, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, mostró el firme compromiso del equipo del departamento dirigido por Mónica García de impulsar la Agencia de Salud Pública más pronto que tarde. Lo hizo en la segunda jornada Presente y futuro de la Salud Pública celebrada en las instalaciones de Redacción Médica. “Necesitamos un Ministerio de Sanidad potente que mantenga una relación con el resto de ministerios para trabajar sobre la salud", manifestó.

Ley de listas de espera e invasión de competencias

Las listas de espera continúan siendo una tarea pendiente de las comunidades autónomas tras la pandemia. Por ello, desde el Gobierno de coalición, tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, se propuso impulsar una Ley de listas de espera que plantea sanciones para las autonomías incumplidoras.

No obstante, las comunidades autónomas de diferente signo político al Gobierno del Estado son reacias a esta medida por la posibilidad que suponga una invasión de competencias en sanidad, algo que fuentes de PSOE y Sumar han desmentido. Por el momento, poco más se sabe de esta ley, por lo que las regiones esperan atentas a los siguientes pasos del Gobierno de coalición y de qué manera pretenden ejecutar esta iniciativa sin crear enfrentamientos con los gobiernos autonómicos, algunos de ellos liderados por partidos políticos que apoyan al Ejecutivo central.

Plazas atractivas ante aluvión de jubilaciones

Otro de los focos de las Consejerías de Sanidad está puesto en cómo hacer frente al aluvión de jubilaciones de médicos que se va a producir en los próximos años y de qué forma atraer y retener a los jóvenes facultativos una vez terminan su residencia. Entre las opciones, las comunidades autónomas optan por ofrecer incentivos como incluir a los residentes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en la carrera profesional.

También otro tipo de incentivos, como económicos para coger la plaza, ya sea de residente o de un médico ya formado, en lugares de difícil cobertura, con déficits estructurales o en el área rural, así como facilidades para encontrar vivienda. Todo ello enmarcado en un conjunto de medidas retributivas, laborales y asistenciales para que las nuevas generaciones puedan conciliar actividad profesional y su día a día.

La homologación de títulos, en el camino del ‘desatasco’

La ingeniera Diana Morant asumió la responsabilidad añadida del departamento de Universidades al que ya ostentaba de Ciencia e Innovación con el reto de ‘desatascar’ la homologación de títulos universitarios expedidos en el extranjero, entre ellos, los de médicos que buscan trabajar en la sanidad española. Cada mes se reciben en la sede ministerial unas 1.800 solicitudes, cuyos trámites de resolución son complejos. Esa laboriosa tarea ralentiza el hecho de que profesionales interesados en trabajar en España, máxime teniendo en cuenta la carencia nacional de sanitarios, se incorporen al Sistema Nacional de Salud (SNS).

En declaraciones a Redacción Médica, Morant reconoció en noviembre ser “consciente de la gravedad” de esta situación. Ya en diciembre, Universidades emitió, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) un informe para agilizar los procedimientos de homologación de títulos extranjeros y, en concreto, reducir hasta tres meses el proceso para conceder la equivalencia. El reto, no obstante, sigue sobre la mesa.

Rumbo hacia la reducción de la temporalidad al 8 por ciento

El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI también se fijaba que la temporalidad en el empleo público no supera el 8 por ciento de las plazas estructurales al término de 2024, uno de los compromisos reflejados, además, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Poco antes de acabar el año, el Gobierno incluyó 90 plazas de personal sanitario en el proceso de estabilización de 884 puestos de empleo temporal de la Administración General del Estado (AGE) aprobado por el Consejo de Ministros.

De estas 90 plazas para sanitarios, 77 corresponden a la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa y 13, son de persona estatutario del Ministerio de Sanidad. Todas las convocatorias han de estar resueltas antes del próximo 31 de diciembre. Previamente, el Ministerio de Interior había convocado 24 plazas para facultativos de Medicina de Familia y Comunitaria o de Interna para el cuerpo de Sanidad Penitenciaria. Se trata de unos puestos que habrán de cubrirse antes de marzo.

Avalancha de OPE sanitarias

Las comunidades autónomas siguen inmersas en reducir la temporalidad del empleo público y por ello las regiones se han apresurado en las últimas semanas a publicar las Ofertas de Empleo Público (OPE) de 2023 para sus servicios de salud. El decreto, aprobado en julio de 2021, obligaba a las Administraciones públicas a ofertar, antes del 1 de junio de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, las plazas de trabajadores temporales que ya están ocupadas.

Con este proceso, el Gobierno estimó que más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos en el sector público se convertirán en fijas antes de que termine el próximo año, muchas de ellas de ámbito sanitario. De hecho, recientemente el Ministerio de Sanidad recordó que una de las medidas del Plan de Acción de Atención Primaria aprobado en 2021 es “reducir la temporalidad”.

La reclasificación profesional, horizonte incierto

Adaptar las categorías profesionales de los trabajadores de la sanidad pública a los nuevos marcos normativos, incluido el Europeo, es uno de los grandes objetivos que quedaron pendientes en 2023. Con la necesaria reforma del Estatuto Marco como principal caballo de batalla al respecto, en abril, los agentes sociales ya se levantaron de la mesa de negociación al comprobar que la última propuesta ministerial no contemplaba la reclasificación. Tras ello, aunque las conversaciones estaban avanzadas y había un cronograma de reuniones, la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones abocó la renovación del Estatuto Marco a una situación de impasse que hoy se mantiene sin certezas en cuanto a la reanudación de todo cuanto se quedó en el aire.

En cualquier caso, la negociación pendiente es la referente a las categorías superiores, esto es, las de médicos y enfermeros. Los sindicatos defienden que en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado con el Ministerio de Hacienda en 2022 y cuya vigencia acaba este año, ya se contempla la eliminación del artículo 76 del Estatuto del Empleado Público (EBEP) para que, así sólo se exija un título de Bachillerato o de técnico para reconocer la categoría C1, y un título de técnico superior para el grupo B. Lo que hace falta es que se lleve a efecto. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que cumpliría con los técnicos sanitarios.

Subida salarial ‘congelada’ por el retraso en los PGE

Otra de las consecuencias de la paralización de la actividad legislativa y ejecutiva durante el periodo pre y postelectoral hasta la investidura de Sánchez es el retraso a la hora de contar con una Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2024. Entre otros aspectos, ello supondrá que las subidas salariales para los empleados públicos pactadas en el Acuerdo Marco para 2023 con carácter retroactivo y para este año queden ‘congeladas’ temporalmente. Se trata, en concreto, del 0,5 por ciento ligado a que se igualaran o se superaran las previsiones del 2,1 por ciento del PIB en los PGE de 2023, como todo apunta a que ocurrirá, y al 2 por ciento no sujeto a variables económicas a aplicar desde este 1 de enero.

No obstante, para que esas medidas se apliquen de forma efectiva han de oficializarse en los PGE. En noviembre, el primer Consejo de Ministros de la XV legislatura aprobó la Orden para que se empezaran a tramitar las cuentas para el ejercicio 2024, pero, por muy pronto que estén, el retraso en su aprobación es inevitable. CCOO anunció movilizaciones después de Reyes si el Ejecutivo no adelantaba la aplicación de ambos aumentos salariales mediante un Real Decreto específico.

Al margen de ello, en el Acuerdo Marco se contempla una última subida de los sueldos del 0,5 por ciento si la suma de la variación del IPC Armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo fijo acumulado en ese periodo.

Elecciones de Galicia y País Vasco

Tras 2023, año marcado por las elecciones generales y autonómicas en la mayoría de regiones de España, para 2024 están previstos los comicios territoriales de Galicia y País Vasco. En la primera de ellas ya hay fecha para votar presidente y modelo sanitario: el 18 de febrero.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, buscará continuar el legado de Alberto Núñez Feijóo, que en 2022 se marchó a la política regional. Una de sus rivales será Marta Lois, azote sanitario de Feijóo, que será la candidata de Sumar-Podemos-IU en Galicia.

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu mantiene la incógnita de la fecha de los comicios autonómicos en 2024, aunque algunas formaciones creen que serán en el mes posterior a las de Galicia, en marzo. De esta forma, el PNV y EH Bildu, con resultados similares en los sondeos, rivalizarán por ganar las elecciones o llegar a pactos para gobernar los próximos cuatro años y así poder instaurar su modelo sanitario.