La Ley de Contratos Públicos excluye la contratación masiva de sanitarios

Hace escasas fechas, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una normativa que trae al menos una importante novedad para el sector sanitario, más allá de cambiar la naturaleza de la colaboración público- privado: la posibilidad de realizar acuerdos marco o centrales de compras de servicios sanitarios.
 
En verano, esta posibilidad ya alarmó a los sindicatos, que consideraron que de esta manera se abría un nicho legal para futuras y potenciales privatizaciones gracias a esta posibilidad, aparte de la inseguridad que introducía para el marco laboral futuro en el marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) posibilitando contrataciones masivas de sanitarios .
 
Sin embargo, estos acuerdos marco no afectarán al personal sanitario, según indica Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a Redacción Médica, después de haber consultado esta cuestión con diputados de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. “Ninguno de los tres le da mayor importancia. Aseguran que es solo la transposición de la directiva, que detrás de esto no hay nada y que por tanto no va a afectar al personal sanitario. Lo que se pretende es que lo que puede hacer ya en cada comunidad en acuerdos marco se pueda hacer también de forma centralizada”.
 

Partido Popular: "Lo que se pretende es reforzar la línea de cohesión iniciada en el SNS en el año 2012"

Estos extremos han sido ratificados por fuentes del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja que precisan: “Lo que se pretende es reforzar la línea de cohesión iniciada en el SNS en el año 2012 con la adquisición centralizada de medicamentos y productos sanitarios, que ha sido un modelo de éxito que ha supuesto no solo ese impacto cohesionador, sino también de eficiencia y racionalización, obteniéndose, sin reducción de la calidad de los productos,  importantes ahorros, que a su vez revierten en el propio SNS, al permitir con ellos afrontar nuevos retos en materia de diagnostico y tratamiento de las enfermedades”, indican.
 
Es decir, “se trata de dar la oportunidad de incorporar a este modelo de adquisición centralizada los servicios auxiliares que en estos momentos y de manera individualizada están contratando a nivel regional, como por ejemplo, la teleasistencia”, precisan voces ‘populares’.
 
Preocupación

Sin embargo, Miralles alerta de que todas las señales de peligro no han pasado. Le “preocupa” que la nueva legislación, que entra en vigor en mayo de 2018, “haya abierto la puerta a la externalización de servicios sanitarios de manera centralizada, a pesar de que la modificación de la ley no tenga ese objetivo”.
 
El también portavoz del Foro de la Profesión Médica avisa de que “con esa redacción mañana alguien puede interpretar la ley de manera que pueda externalizar servicios sanitarios como la gestión de un hospital en concreto. Esto no lo excluye, y por tanto deja margen a la interpretación”.
 
Aclara que se trata de una acción que ya podía hacer las comunidades autónomas, pero que de esta manera “se puede hacer de forma centralizada. A mí me preocupa”.