Política > Sanidad hoy
La ley anticorrupción obligará a medir riesgos en los contratos sanitarios
El anteproyecto prevé la creación de un registro público de empresas con prohibición de firmar con administraciones
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
17 feb 2026. 17.40H
SE LEE EN 4 minutos
POR MANU IBÁÑEZ
El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado este martes en primera vuelta en el Consejo de Ministros, pondrá el foco en la prevención de la corrupción en todas las administraciones públicas más allá de que también endurezca las medidas punitivas contra los corruptores, ya sean empresas o personas individuales. Fuentes del Gobierno trasladan que, en lo que concierne a la contratación pública, se incorporarán análisis de riesgos en la externalización de servicios esenciales, un ámbito en el que se encuadran la formalización de conciertos del Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque también se dirigirá el foco hacia la compra de material y productos sanitarios e incluso hacia la licitación de obras en centros de salud y hospitales. Por otro lado, se quiere crear un registro público y accesible de empresas y particulares que tengan prohibido contratar con las administraciones.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, este anteproyecto legislativo forma parte del Plan de Lucha contra la Corrupción anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado verano, después de que el por entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se viera salpicado por el caso Koldo, que, cabe recordarlo, comenzó con la investigación por fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en el seno del Ministerio de Transportes.
La ley anticorrupción contiene 84 medidas para cuya puesta en marcha será necesario modificar 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas. El objetivo, según subrayan desde el Gobierno, es garantizar que todo euro público se gestione con honestidad, eficacia y servicio al interés general. Las mismas fuentes insisten en que las iniciativas previstas dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción: la prevención, la detección gracias al uso de nuevas tecnologías incluyendo la Inteligencia Artificial (IA), el fortalecimiento institucional y la recuperación de todo euro perdido.
En la línea de la prevención, todas las administraciones públicas estarán obligadas a impulsar un marco estratégico de integridad y a elaborar mapas de riesgo para identificar de forma sistemática dónde pueden producirse riesgos de fraude y qué medidas habría que adoptar para evitarlo. Según remarcan desde el Ejecutivo, todos los ministerios -incluido el de Sanidad-, tendrán que crear comités de integridad al respecto. También se reforzará la coordinación del control interno. En 2024, Sanidad creó el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria.
La base para llevar a efecto estas y el resto de medidas será la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará a tres organizaciones que, por ahora, actúan por separado: la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
En lo que concierte al ámbito punitivo, la futura ley prevé aumentar la pena máxima de inhabilitación por corrupción de 15 a 20 años, un tiempo durante el que las empresas no podrán obtener subvenciones ni beneficios fiscales. También se incrementará el plazo de prescripción de delitos de corrupción de cinco a siete años, por lo que, según ha explicado Montero tras el Consejo de Ministros, se podrá dedicar más tiempo a investigar “delitos complejos”.
Por otro lado, se incorporarán figuras como el decomiso sin condena y el decomiso de riqueza no justificada. Además, se reforzará el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). La Ley General Penitenciaria vinculará los beneficios penitenciarios al cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica total del fraude cometido.
La intención del Gobierno, de acuerdo a Montero, es que la ley se apruebe en segunda vuelta en Moncloa a lo largo del primer semestre, para que pueda iniciarse su tramitación parlamentaria después del parón veraniego. La ministra de Hacienda confía en que la norma cuente con los apoyos necesarios en las Cortes para ser aprobada. Según ha dicho, la idea de que tiene que existir un organismo independiente anticorrupción es “unánime” entre todos los grupos parlamentarios.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, este anteproyecto legislativo forma parte del Plan de Lucha contra la Corrupción anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado verano, después de que el por entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se viera salpicado por el caso Koldo, que, cabe recordarlo, comenzó con la investigación por fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en el seno del Ministerio de Transportes.
La ley anticorrupción contiene 84 medidas para cuya puesta en marcha será necesario modificar 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas. El objetivo, según subrayan desde el Gobierno, es garantizar que todo euro público se gestione con honestidad, eficacia y servicio al interés general. Las mismas fuentes insisten en que las iniciativas previstas dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción: la prevención, la detección gracias al uso de nuevas tecnologías incluyendo la Inteligencia Artificial (IA), el fortalecimiento institucional y la recuperación de todo euro perdido.
Comités de integridad en todos los ministerios
En la línea de la prevención, todas las administraciones públicas estarán obligadas a impulsar un marco estratégico de integridad y a elaborar mapas de riesgo para identificar de forma sistemática dónde pueden producirse riesgos de fraude y qué medidas habría que adoptar para evitarlo. Según remarcan desde el Ejecutivo, todos los ministerios -incluido el de Sanidad-, tendrán que crear comités de integridad al respecto. También se reforzará la coordinación del control interno. En 2024, Sanidad creó el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria.
La base para llevar a efecto estas y el resto de medidas será la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará a tres organizaciones que, por ahora, actúan por separado: la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Se endurecen los castigos por corrupción
En lo que concierte al ámbito punitivo, la futura ley prevé aumentar la pena máxima de inhabilitación por corrupción de 15 a 20 años, un tiempo durante el que las empresas no podrán obtener subvenciones ni beneficios fiscales. También se incrementará el plazo de prescripción de delitos de corrupción de cinco a siete años, por lo que, según ha explicado Montero tras el Consejo de Ministros, se podrá dedicar más tiempo a investigar “delitos complejos”.
Por otro lado, se incorporarán figuras como el decomiso sin condena y el decomiso de riqueza no justificada. Además, se reforzará el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). La Ley General Penitenciaria vinculará los beneficios penitenciarios al cumplimiento de la responsabilidad civil y la reparación económica total del fraude cometido.
El Gobierno confía en aprobar la ley
La intención del Gobierno, de acuerdo a Montero, es que la ley se apruebe en segunda vuelta en Moncloa a lo largo del primer semestre, para que pueda iniciarse su tramitación parlamentaria después del parón veraniego. La ministra de Hacienda confía en que la norma cuente con los apoyos necesarios en las Cortes para ser aprobada. Según ha dicho, la idea de que tiene que existir un organismo independiente anticorrupción es “unánime” entre todos los grupos parlamentarios.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.