La inercia del gasto sanitario exige más contención para cumplir con la UE

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aboga por que “todas las administraciones públicas” españolas contribuyan al cumplimiento del nuevo marco fiscal europeo independientemente del nivel de su deuda. Algunas de las opciones que se barajan exigirían “más esfuerzo” a aquellas comunidades que tienen un “mayor crecimiento inercial de su gasto”, que no son otras que aquellas que dedican un 70 por ciento de sus inversiones a la educación, la sanidad y los cuidados de larga duración. En cualquier caso, defiende un ajuste equilibrado, transparente y, en la medida de lo posible, más simplificado. 

En un documento en el que expone su posicionamiento sobre la reforma de la gobernanza fiscal de la Unión Europea, que está dirigido a reducir la deuda y el déficit de los Estados miembros y que les fuerza a presentar una primera ronda de planes fiscales-estructurales nacionales. A grandes rasgos, se trata de las reglas fiscales que deben seguir los países para mantener saneadas sus cuentas.

“Aplicadas a España, las nuevas reglas fiscales exigirán según las estimaciones actuales de Airef un ajuste fiscal de 0,63 puntos de PIB al año durante el periodo 2025-2028 o de 0,43 puntos al año durante el periodo 2025-2031, en caso de que el periodo de ajuste se extienda a siete años, ligado a la realización de reformas e inversiones”, detalla el organismo que dirige Cristina Herrero. No obstante, todavía se encuentran pendientes de hacer públicos ciertos detalles metodológicos del nuevo marco que podrían hacer que estos cálculos varíen.

Reducción de la deuda española

La Airef incide en que en el caso español, las administraciones menos endeudadas gestionan más gasto que las demás, lo que a priori “podría generar resistencia a contribuir a la reducción de la deuda”. Actualmente, las administraciones autonómicas y locales tienen el 18 por ciento la deuda pública frente al 74 por ciento de la administración central, “pero gestionan cerca de la mitad del gasto” (el 44 por ciento).

“No obstante, existen razones para sostener que todas las administraciones públicas deberían contribuir al saneamiento de la deuda”, continúa la Airef, que recuerda que la administración central “está asumiendo parte del déficit de los fondos de seguridad social y que ya hizo lo propio con el coste de las medidas contra la pandemia del Covid-19 y la posterior crisis de precios. Además, gran parte de la deuda de las comunidades está en manos del Estado a través de los mecanismos extraordinarios de financiación”. 

“Además, no parece factible alcanzar a nivel agregado los compromisos del nuevo marco europeo concentrando únicamente la contención del gasto neto en las administraciones más endeudadas”, incide la el organismo de responsabilidad fiscal. En este sentido, subraya que la administración central gestiona un gasto que representa el 22 por ciento del PIB nacional aunque solo posee capacidad de decisión sobre una cuarta parte del mismo. Además, las comunidades donde el 70 por ciento de su gasto se destina a educación, sanidad y cuidados de larga duración “se ven condicionadas por la influencia de estas dos últimas partidas por las presiones demográficas”.

'Riesgos' del reparto uniforme de deuda

“Debería encontrarse el equilibrio entre hacer factible el cumplimiento de las reglas fiscales para todas las administraciones y, al mismo tiempo, que estas contribuyan de manera adecuada a la sostenibilidad de la deuda”. Además, considera que “sería deseable también alcanzar "un término medio entre, por un lado, la simplicidad de las reglas lo que redunda en una mayor transparencia a costa de no tener en cuenta ninguna circunstancia diferenciadora y, por otro, un sistema demasiado complejo donde se toman en consideración multitud de factores".

Dentro de las múltiples opciones que existen para hacer este reparto, la opción más similar a la normativa actual sería la de considerar la misma tasa de crecimiento de gasto neto para todas las administraciones. En este caso, todas contribuirían en mayor o menor medida al ajuste. “Ahora bien, tendrían que realizar más esfuerzo aquellas que tienen un mayor crecimiento inercial de su gasto, como es el caso de los fondos de la seguridad social debido a la dinámica de las pensiones y las comunidades autónomas. por la evolución del gasto en sanidad y educación”, subraya.

Advierte, en cualquier caso, de que aunque este reparto uniforme presenta ventajas como su transparencia y simplicidad, “conduciría a desequilibrios verticales y horizontales”. Por ello, incide en que a la hora de optar por las distintas alternativas de reparto diferenciado “habría que analizar su impacto sobre la factibilidad de los objetivos y la sostenibilidad de todas las administraciones”.