La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las indemnizaciones por despido en trabajadores temporales e interinos tendrá un impacto notorio en la sanidad pública, mientras que en la privada apenas se notará, han explicado a Redacción Médica representantes de ambos ámbitos.
Sin embargo, pasará tiempo antes de que se empiecen a notar sus efectos, pues “la Administración retrasará su aplicación hasta donde pueda”, sostiene el presidente nacional de CSIF, Fernando Molina.
La noticia es buena y soluciona parte de los problemas de precariedad que afectan a los sanitarios, apunta Molina, pero la importancia del montante al que se elevarían las indemnizaciones con la nueva norma hace presagiar que tardará tiempo hasta que se solucionen las reclamaciones.
No obstante, el líder sindical estima que “habrá quien tenga problemas para reclamar por presiones y miedo, por ejemplo, a que no le renueven”. De cualquier manera, “con muchas sentencias favorables, la Administración tendrá que cumplir”.
La misma opinión sostiene el Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad en CCOO. “El Gobierno sabe que va a perder las reclamaciones”. Por eso, “lo más fácil es llegar a un acuerdo para cambiar la normativa de indemnización por despido y el Estatuto Marco” del personal estatutario de los servicios de salud.
La propuesta de convocar la Mesa General de Negociación con el Gobierno ya está lanzada, desde CCOO esperan una respuesta con el objetivo de evitar la “precarización a coste cero” en el ámbito público.
Aplicable en todos los ámbitos
Cabrera considera que la sentencia del TJUE también aplica a la sanidad privada y a “los más de cuatro millones de afectados” por situaciones similares. Tendrá impacto “en todo el ámbito laboral”.
Aun estando de acuerdo, desde Satse creen que el efecto en la sanidad privada será limitado, incluso en algunos sectores la contratación indefinida ha crecido, explica Mar Rocha, portavoz del sindicato enfermero. Todo lo contrario que en la pública, donde “es un nuevo tirón de orejas del TJUE”.
Rocha comenta que están valorando las acciones a emprender tras la publicación de la sentencia. No obstante, señala que el Gobierno se está escudando en su carácter provisional para no avanzar en los acuerdos con los sindicatos, y deja claro que “cuando no hay Mesa de Negociación, no nos dejan otra alternativa” que acudir a los tribunales.
Reducir las posibilidades de contratación
Por su parte, Carlos Rus, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), sostiene que la medida europea “no va a tener impacto en lo privado, está mucho más enfocada al ámbito público”, ya que la interinidad es menor y los contratos temporales están limitados en el tiempo.
Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, su director general, Manuel Vilches, recuerda que “en la pública hay muchísima más contratación temporal”. El también director del Nisa Pardo de Aravaca (Madrid) recuerda que en su hospital “hay un 90 por ciento de indefinidos”.
Así las cosas, “si se crea jurisprudencia y se asume como una norma más, encarecerá el coste laboral y reducirá las posibilidades de contratación”, explica Vilches.
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