Javier Leo / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Madrid
El anuncio del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, de que la factura de los nuevos medicamentos contra la hepatitis C la pagarán las comunidades con el apoyo del Ministerio de Hacienda ha generado una sorpresa mayúscula y un ‘cabreo’ sordo entre las consejerías, no solo las de la oposición, también las propias del PP. Consultados por Redacción Médica, varios de los máximos cargos de la sanidad autonómica confiesan tener serias dudas sobre el plan por un motivo primordial: desconocen la letra pequeña del mecanismo por el cual pagarán su parte de los 727 millones anunciados por Alonso.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

Riesgo compartido, techo de gasto y ahorro por revisión de precios y caducidad de patentes son los tres pilares de ese plan, pero en las consejerías están “a la espera de que nos comuniquen el lunes en el Interterritorial informal los detalles, porque no sabemos nada”. La incertidumbre ante el contenido de la cita es total, y viene a sumarse al malestar generalizado entre los consejeros por la estrategia de comunicación encabezada por el ministro. “Es cierto que Alonso nos ha estado informando por teléfono durante todo el proceso de negociación, pero sin documentación de por medio solo son palabras”, señalan.

La falta de detalles sobre cómo, cuándo y cuánto tendrán que abonar a las farmacéuticas implicadas en el proceso se suma a la incertidumbre sobre el propio plan. “No conocimos el texto hasta este miércoles (…) está muy bien, pero cuando desde el Ministerio decían que estaban negociando con las comunidades el contenido no estaban diciendo la verdad”, indican las citadas fuentes.

Hacienda ‘al rescate’

Según Alonso, las comunidades han comunicado en total 95.524 pacientes infectados con el virus, de los que 51.964 se encuentran en el estadio F2 o superior, que son calificados de "prioritarios" por el ministerio. De igual forma, el ministro se ha comprometido a que este plan “no tendrá afección a los presupuestos autonómicos” porque, según ha reconocido, “las CCAA van a necesitar ayuda y el Gobierno va a estar detrás”.

Es precisamente esta declaración la que más “temor” levanta entre los consejeros, que no ven con buenos ojos un ‘rescate’ de Hacienda para pagar lo pactado entre Sanidad e industria farmacéutica, y menos en año de elecciones. Igual recelo presentan las comunidades ante las futuras exigencias de los laboratorios propietarios de los medicamentos, que han pactado la fórmula de financiación con el Gobierno sin la presencia de las comunidades en la mesa de negociación.

El escenario para las autonomías, y el origen de su cabreo, es, por tanto, el de una falta de bidireccionalidad en la comunicación entre ministerio y consejerías aderezada por una presión a tres bandas: la de Hacienda por cumplir el déficit; la de los laboratorios por cobrar el precio de sus fármacos; y la de la opinión pública, que no pasará por alto el más mínimo retraso o colapso en el ‘reparto’ de los medicamentos a los pacientes.

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