La Estrategia de Discapacidad 2022-2030 integra un plan específico en salud

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se da luz verde a la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. La iniciativa está concebida como una "hoja de ruta ambiciosa y posibilista", para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias. Con este plan, España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el periodo 2021-2030. Estas dos herramientas convertirán la inclusión en una política comunitaria y también en una política de Estado.

Dentro del marco del Plan de Transformación y Resiliencia España Puede, se pondrá en marcha un programa de reformas para que los derechos presidan el paisaje donde transitan las personas con discapacidad. En definitiva, estos fondos se destinarán a ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura, que redundarán en la generación de oportunidades y nuevos yacimientos de empleo para este grupo de personas.

Esta estrategia, como marca la Agenda 2030, se concibe desde un enfoque interseccional y con perspectiva de género, porque hay que "saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad", por la situación de desigualdad por muchas realidades y opresiones históricas. Asimismo, dará respuesta a otros desafíos transversales como la emergencia climática y el reto demográfico. Del mismo modo, la estrategia está con la España de los pueblos, de las aldeas y del campo donde también residen personas con discapacidad, a las que hay que escuchar y acompañar.

Se han establecido siete retos estratégicos para cuya consecución se identifican objetivos concretos que coadyuvarán a una buena gobernanza y evaluación. Esta estrategia es un plan de acción para la discapacidad en los próximos ocho años, pero contará a su vez con planes operativos en materias que precisan su propia planificación como son la accesibilidad, la cultura, la educación, la salud y las mujeres y niñas con discapacidad.

Consejo Nacional de la Discapacidad

De igual forma, será el propio Consejo Nacional de la Discapacidad el que decida aprobar nuevos planes para impulsar otros aspectos contemplados. Se trata, en definitiva, de proyectar una "política de Estado sobre discapacidad", con implicaciones y aportaciones de los diferentes departamentos ministeriales y con recomendaciones a las comunidades autónomas, como administraciones encargadas en última instancia de aterrizar los derechos en la vida de la gente. En este sentido, se invoca el principio de transversalidad para construir una estrategia de país, que catalice la igualdad transformadora que cuestiona "la visión hegemónica" en la que persiste el tratamiento diferenciado por razón de discapacidad y que contribuirá a erradicar las formas sistémicas y más ocultas de discriminación como presupuesto irrenunciable de una democracia avanzada.

Este documento se ha construido con una metodología participativa y recoge el sentir de las propias personas con discapacidad y el de sus familias, que han planteado su deseo de vivir y convivir en comunidad, necesidades que tienen que impulsar las políticas públicas. Se ha realizado una encuesta ciudadana completamente accesible con más de 8.000 respuestas, 13 de grupos de discusión sobre temáticas clave como la educación, la salud, el empleo o la vida independiente, en las que han participado 190 personas, más del 60% de ellas personas con discapacidad. Por primera vez, se ha hecho un focus group con personas con grandes necesidades de apoyo (personas sin lenguaje, con discapacidades muy intensas) de las que, a través de sus recorridos vitales y con el apoyo de asistencia humana y tecnológica, se han podido recoger sus necesidades y anhelos.

La Estrategia Española de Discapacidad pivota sobre el diálogo civil y su elaboración se ha democratizado al máximo para que las personas con discapacidad y sus familias, con la colaboración de sus entidades representativas, la sientan como propia y la vean como un documento que vele por el cumplimiento de sus derechos. De la misma forma, se nutre del conocimiento y de la experiencia de las comunidades autónomas, responsables constitucionalmente de descender la política social a la propia cotidianeidad de la gente, y de las entidades locales, que, en último término, son colaboradoras indispensables en su proceso de implementación, para que, juntas, conciban este instrumento como un nuevo elemento que fortalezca la cooperación territorial.