Jesús Vicioso Hoyo / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
La Defensora del Pueblo y sus homólogos autonómicos se muestran favorables al reconocimiento de la especialidad médica de Urgencias y Emergencias en el primer informe conjunto sobre las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud.
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La Defensora del Pueblo, en el centro, flanqueada por sus homólogos autonómicos en Castilla y León, Aragón, Canarias, Andalucía, Navarra, País Vasco, Cataluña y Galicia.
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La puesta de largo de esta especialidad propuesta es a nivel de itinerarios formativos, investigador y docente y título propio. Como tal, “tendría efectos positivos en los resultados de calidad asistencial, el funcionamiento de los servicios y una más eficaz organización hospitalaria”, según recogen las conclusiones de este informe presentado por Soledad Becerril y sus colegas regionales. Esta iniciativa, contraria a las pretensiones de otras especialidades como la de Medicina Interna, se argumenta en el informe con una alusión a la mayor frecuencia de situaciones de tensión y estrés laboral “propias de las circunstancias asistenciales que atienden. Éstas “requieren de un refuerzo en la definición y seguimiento de los protocolos de seguridad personal y de autoprotección”.
En el documento, entre otros asuntos, se afirma que la atención urgente “no está garantizada en todas las franjas horarias y todos los días de la semana” y que la insuficiente dotación de plantillas titulares “en muchos centros” da lugar a que los médicos internos residentes (MIR) “asuman un grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial de los servicios hospitalarios de Urgencias”. Durante la presentación del informe, se ha recordado que entre el 30 y el 40 por ciento de la carga de trabajo habitual es desempeñada por MIR. “Que no son de Urgencias, sino que pertenecen a otras especialidades y que pasan por Urgencias para foguearse”, han recalcado durante el acto.
Más riesgo de error humano y aumento de la morbimortalidad
La presión asistencial y la saturación que sufren los servicios de Urgencias no se han resuelto con “las medidas de ampliación o renovación de los espacios físicos”, según la Defensora del Pueblo, quien pide introducir cambios en la organización y gestión del hospital, pero contando con la experiencia de los profesionales y los pacientes. A este respecto, se afirma con rotundidad que la saturación de los servicios supone “un menoscabo” para la “dignidad de los pacientes” y que puede “vulnerar el derecho a la intimidad y la confidencialidad”. De ahí que los defensores del pueblo español y autonómicos apuesten por gestionar teniendo en cuenta la previsión de demanda asistencial, para disponer los recursos, camas y personas adecuados, pero contando con la participación de los responsables de los servicios.
Por si fuera poco, y en este mismo sentido, el documento afirma que las situaciones de saturación en estas áreas incrementan el riesgo de error humano y el aumento de la morbimortalidad, por lo que los autores piden a los responsables sanitarios que tomen nota de este asunto.
En otro orden de cosas, los profesionales de urgencias trasladan su preopcupación porque la utilización de las herramientas informáticas para la gestión clínica no “tienen en cuenta los requerimientos específicos de la atención urgente”, y son percibidas como “una dificultad adicional que entorpece la necesaria agilidad y seguridad”.
Más allá del alta de Urgencias
Además, la Defensora del Pueblo asegura que “los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a recibir del sistema público atención sanitaria de urgencia”, sin embargo, “este derecho se ve dificultado por algunas prácticas administrativas”, que tienen “efectos disuasorios”. Becerril y sus homólogos apuestan porque la asistencia sanitaria no concluya cuando se obtenga el alta de Urgencias, sino que vaya más allá, hasta recibir una alta médica más completa.
De igual forma, también ha señalado que, en general, los usuarios muestran su satisfacción con la atención recibida en estos servicios, que tienen una de las mejores notas a nivel europeo y eso que el volumen de trabajo es importante: hay 26 millones de ingresos al año, y de cada diez, seis lo hacen por la vía de Urgencia, por lo que ha abogado porque los responsables de las administraciones autonómicas tomen buena nota de las conclusiones a las que han llegado entre todos los participantes para mejorar su funcionamiento.
La presentación no ha concluido hasta que la Defensora haya dado su visión sobre la actual polémica sobre el acceso a los nuevos medicamentos contra la hepatitis C. Becerril ha dado su “apoyo” a todas las gestiones “que se están haciendo y que se tengan que hacer en los próximos días y horas” para lograr la adquisición “dentro de la UE” de los fármacos para estos pacientes. “Participo de la urgencia de esta adquisición y distribución”, ha aseverado.
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