David García. Madrid
Este lunes ha tenido lugar un nuevo debate electoral sanitario, esta vez organizado por ANIS, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, y en el que los distintos planteamientos ante la colaboración público-privada han enfrentado de manera intensa a los diferentes representantes políticos.
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Alipio Gutiérrez, presidente de ANIS y moderador del debate; José Ignacio Echániz, del PP; José Martínez Olmos, del PSOE; Francisco Igea, de Ciudadanos; Ana Castaño, de Podemos; y José Andrés Llamas, de UP-IU.
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Por una parte, José Ignacio Echániz, secretario de Sanidad del Partido Popular, y José Martínez Olmos, portavoz del PSOE en esta materia en el Congreso de los Diputados, se han enzarzado en una guerra dialéctica sobre esta cuestión a cuenta de los conciertos en Andalucía y a la concepción de cada uno de este sistema de colaboración.
José Martínez Olmos ha prometido que si el PSOE llega a formar Gobierno tras el 20-D, no habrá conciertos privados y si los hay, serán con organizaciones sin ánimo de lucro, y ha puesto como ejemplo las comunidades donde gobierna, como Andalucía, donde no se ha externalizado la gestión, según ha indicado, de ningún centro sanitario.
Este extremo ha sido negado por Echániz, que asegura que en Andalucía sí hay centros cuya gestión sí ha sido externalizada, como en el Aljarafe en Sevilla, a lo que Olmos ha contestado que se trata de una organización sin ánimo de lucro y que Andalucía es la comunidad que menos invierte en conciertos con la privada.
El secretario de Sanidad 'popular' cree que el actual sistema de colaboración con la privada "funciona" y no considera que el modelo deba someterse a debate. Aun así, deja en manos de las CCAA la decisión de elegir su modelo de gestión y su grado de colaboración con la privada.
El representante socialista ha indicado además que apuestan por que "la provisión privada sea complementaria" y se ha mostrado en contra de que la gestión de centros públicos esté en manos de empresas privadas.
Desde Ciudadanos, su representante Francisco Igea (número uno por Valladolid y médico) se ha posicionado cerca de los planteamientos socialistas ya que ha apostado también por una gestión pública con la excepción de los conciertos con organizaciones sin ánimo de lucro. Eso sí, ha dejado abierta una puerta de futuro para mantener modelos privados si después de haber podido medirse los resultados, se demuestra que son efectivas.
Dichos planteamientos han sido duramente criticados por José Andrés Llamas, representante de Unidad Popular - Izquierda Unida, que le ha reprochado que en la Asamblea de Madrid voten en contra de revertir privatizaciones de servicios no sanitarios como lavandería.
Así, Llamas ha ido más allá y ha prometido que si su formación logra gobernar, se revertirán todas las privatizaciones, incluidas esas no sanitarias, y se ha mostrado obviamente en contra de que los centros sean gestionados por empresas privadas de ningún tipo y sostenidos por fondos de capital riesgo.
Por su parte, Ana Castaño, responsable de Sanidad de Podemos, se ha mostrado cerca de esos planteamientos aunque en el caso de las privatizaciones de servicios estrictamente no sanitarios, ha avanzado que revertirán "lo que sea posible", y en este sentido se ha comprometido a revisar los contratos actualmente en vigor y en función de esas revisiones revertir o no dichas colaboraciones. Además, Castaño ha defendido que aparte de ser una gestión pública, nuestra sanidad debería ser "participativa", para lo cual se ha comprometido.
Las medidas más urgentes
Los diferentes representantes han planteado también qué es lo primero que harán (en el plazo de cien días) si su formación consigue formar Gobierno. Mientras desde el PP se apuesta por la continuidad, José Martínez Olmos ha revelado que en los cien primeros días derogarán el RD 16/2012 y presentarán una ponencia en las Cortes sobre un pacto de Estado (igual que el de Toledo con las pensiones) para desarrollar una nueva Ley General de Sanidad.
Ciudadanos por su parte, ha dicho Francisco Igea, pretende en ese plazo parar la capitalización, diseñar un modelo de trasparencia para poder medir qué se hace en materia sanitaria, y frenar la "desmoralización" de los profesionales para volver a motivarles.
Ana Castaño, de Podemos, y José Andrés Llamas, de UP-IU, coinciden en derogar también el RD 16/2012, aunque la primera prioriza acabar con los copagos y abrir un debate más profundo por la muerte digna.
Diferencias en el modelo de financiación
El asunto de la financiación también ha generado diferencias entre los representantes políticos. Para Echániz, es imprescindible un pacto unánime en 2016 para la reforma del modelo de financiación, y no se ha mostrado partidario de los fondos finalista, algo que por ejemplo sí ha defendido Martínez Olmos y Ana Castaño que además ha pedido que el Consejo Interterritorial pueda de algún modo 'fiscalizar' esos fondos y que las decisiones que allí se tomen sean vinculantes. También ha planteado que en algún momento, para mejorar la financiación, puedan repercutir más impuestos sobre empresas que fabriquen productos perjudiciales para la salud como tabaco, alcohol o bollería industrial.
Mientras, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha defendido sobre todo un modelo de trasparencia y de despolitización en la gestión de recursos.
PSOE, Ciudadanos, Podemos y UP-IU se han mostrado firmes en su apuesta por un SNS financiado solo a través de impuestos y no a través de copagos o repagos.
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