La
Junta Directiva de CEOE ha aprobado este miércoles un
documento que recoge las
propuestas empresariales ante las elecciones generales que se celebrarán el
28 de abril. En el informe se hace un repaso detallado de cada uno de los sectores de actividad y, en el sanitario, realiza un especial hincapié en disminuir el
IVA sanitario del 21 por ciento al IVA superreducido, de un 4 por ciento.
La
CEOE recupera una fórmula que, pretende, no “
gravar al paciente como destinatario final de los productos y tratamientos sanitarios”. En su apartado de sostenibilidad del
Sistema Sanitario español, el colectivo empresarial también insta al próximo gobierno de España a
concluir un Pacto por la Sanidad que tenga en cuenta las “necesidades reales y autonómicas y su influencia en el conjunto del Estado”.
Respecto a las mejoras del Sistema Nacional de Salud (SNS), el colectivo ve necesario establecer una cartera básica de servicios para “
aumentar la cohesión y mejorar la equidad”. En este sentido, también reclama al próximo ministro de Sanidad “finalizar el proceso de
trasformación digital del Sistema Sanitario de España.
Colaboración público-privada
En relación
al proyecto del IVA superreducido, CEOE también aboga por poner en valor el medicamento, el producto sanitario y la
prestación farmacéutica “garantizando el acceso a las más eficientes tecnologías y tratamiento”.
Bajo más de un centenar de propuestas, l
a patronal también recuerda el valor de la colaboración público-privada para garantizar tanto la sostenibilidad del SNS como para los servicios de ayuda a la dependencia u otros servicios sociales.
Además, los empresarios proponen que, después de las próximas elecciones generales, se impulse una nueva agenda de reformas estructurales y diversos pactos de
Estado que permitan afrontar los grandes desafíos a los que se enfrentará la economía española en el futuro.
Respecto al
estatuto del trabajador, CEOE vuelve a incidir en la petición,
que rechazaron tanto médicos como enfermeros, de
aumentar la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida. Explican que esto permitiría lograr un sistema equilibrado,
sostenible e incentivador del empleo así como la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”.
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