El
envejecimiento de la población, el aumento de la pluripatología y los cambios en la estructura familiar han situado al sistema de dependencia en el centro del debate sobre el Estado del bienestar. La
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe
Los retos del sistema de la dependencia en España, advierte de que se trata de un pilar cada vez más tensionado. Además, sus autores, Analía Viola y Sergi Jiménez, denuncian aquí la precariedad del modelo actual y la necesidad de reforzar la inversión para garantizar su sostenibilidad y calidad asistencial.
Radiografía del sistema de dependencia en España
Más allá de las cifras oficiales, el sistema descansa en gran medida sobre el cuidado informal que prestan las familias. Este “coste oculto” de la salud sostiene la
atención diaria de miles de personas dependientes sin reconocimiento económico. Si se incorporara a las cuentas públicas, el gasto real en dependencia aumentaría del 0,9–1 por ciento del PIB hasta entre el 1,2 y el 1,7 por ciento.
La respuesta del sistema, además, no es homogénea. El acceso a las prestaciones depende en gran medida del territorio. Mientras algunas comunidades resuelven las solicitudes en pocos meses, en otras la espera supera el año y medio. Así, los tiempos de espera varían desde los 60 días en Ceuta o 127 en Castilla y León, hasta superar los 500 en Canarias, Andalucía y Murcia. Esta disparidad introduce una desigualdad de base que condiciona la atención y la
evolución de la salud de los ciudadanos.
Con todo, las perspectivas a medio y largo plazo refuerzan la urgencia del debate. España cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, por lo que deberá elevar el gasto público en cuidados hasta
al menos el 1,8 por ciento del PIB en 2050 para mantener la viabilidad del sistema. Por el contrario, si no se hacen reformas ni una evaluación sistemática de la calidad asistencial, el margen de mejora seguirá siendo limitado.
El desafío sanitario en España
En lo que respecta al
ámbito sanitario, el informe alerta de una inversión insuficiente en dependencia. España destina el 10,2 por ciento de su gasto sanitario total a este ámbito, por debajo de la media de la OCDE y muy lejos de los países del norte de Europa. Las consecuencias se reflejan en las listas de espera, que no solo afectan a la calidad de vida, sino
también a la supervivencia: unas 46.000 personas fallecen cada año mientras esperan una prestación que podría haber prolongado su vida si hubieran recibido a tiempo la atención necesaria.
Por otra parte, también hay que destacar que algunos indicadores muestran avances. Un ejemplo es la
reducción de las limitaciones funcionales entre los mayores de 65 años. Sin embargo, el peso del sistema sigue recayendo en las familias, ante la escasez de servicios profesionales y la falta de una integración sociosanitaria efectiva. Por tanto, invertir en asistencia sociosanitari se presenta como el gran reto del
Estado de Bienestar.
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