La
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) incorporará los datos sobre los
afiliados a la Seguridad Social del sector sanitario en sus auditorías anuales de estabilidad económica. La institución que preside
Cristina Herrero sumará esta nueva variable a los modelos de previsión de gasto social que realiza cada año para determinar la viabilidad de las inversiones que realizan tanto el Gobierno central como cada una de las comunidades autónomas, lo que condicionará en buena medida su
hoja de ruta presupuestaria.
El
Plan de Actuaciones de 2023 contempla cambios en la fórmula que hasta ahora servía para evaluar las inversiones presupuestarias de las administraciones tanto a
corto como a medio plazo. Además del análisis de médicos o enfermeros en activo en el mercado laboral, también se pulirá la información con cuestionarios sobre el gasto en políticas de salud que deberán remitir todas las comunidades autónomas.
Este cambio de paradigma tendrá un impacto directo en dos informes clave a nivel macroeconómico. El primero es el del
Programa de Estabilidad que el organismo publicará en el mes de mayo con sus proyecciones para el periodo
2023-2026. Este documento recoge análisis sobre el crecimiento económico, el déficit público o la deuda y tiene un impacto directo en la gestión nacional, ya que es la base con la que el Gobierno presenta sus cuentas a la Comisión Europea para recibir el
visto bueno de Bruselas.
El segundo informe que cambiará su modus operandi es el relativo a las
Líneas Fundamentales de Presupuestos que cada año recoge una previsión a corto plazo sobre los proyectos económicos de cada comunidad autónoma. La previsión es que la nueva evaluación vea la luz en el mes de octubre también con los nuevos datos relativos a la afiliación sanitaria que condicionarán las cifras. En este documento ya figuran aspectos clave como previsiones económicas, niveles de deuda o la
aplicación de los Fondos de Recuperación.
Infraestructuras y gasto farmacéutico, bajo la lupa
Además, el organismo fiscal también se ha encomendado a realizar varios estudios a petición de diferentes comunidades autónomas que buscan una segunda opinión sobre el impacto presupuestario de sus decisiones sanitarias.
Extremadura, Navarra y Baleares han pedido que se analice el efecto de los cambios en las políticas de
recursos humanos vinculados con la contratación de profesionales del campo de la salud. La primera ha solicitado además que se supervise su
gasto farmacéutico y en alta tecnología, mientras que la segunda ha hecho lo propio en lo referente a la adquisición de equipamiento e
infraestructuras sanitarias.
Todos estos análisis se suman a la
auditoría que la Airef tiene previsto realizar sobre el modelo de mutualismo administrativo sanitario para analizar la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través de Muface. Sobre la mesa de análisis, hay un presupuesto de más de
2.200 millones de euros que será revisado por los supervisores. Si se suma a las partidas de gasto autonómicas y centrales, la institución prepara una
gran revisión de toda la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS).
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