La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (
AIReF) tendrá en cuenta la voz de un amplio espectro de agentes vinculados al ámbito sanitario -incluyendo al
Ministerio de Sanidad, profesionales y mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social- para llevar a cabo un estudio en el que se evaluará la "eficacia y eficiencia" del gasto público en
Incapacidad Temporal (IT), que, en 2022 -último año analizado-, se elevó a casi 14.000 millones de euros, lo cual representó un 1 por ciento del Producto Interior Bruto (
PIB), tras aumentar más del doble respecto a 2014.
El estudio forma parte de la fase II del
proceso de revisión del gasto público 2022-2026, aprobado por el
Consejo de Ministros en abril de 2024. No sólo se prevé evaluar el gasto en IT, sino también en cuanto al
ingreso mínimo vital y a la ayuda oficial al desarrollo. En lo referente a la IT, en análisis se dividirá en tres ejes: gobernanza -en el que se incluirán aspectos como el marco normativo y regulatorio y la coordinación entre los agentes implicados-, determinantes en la evolución de la IT, como características socioeconómicas, condiciones laborales y acceso a los servicios de salud; y análisis contractuales causales de las intervenciones públicas, en el que se evaluará el impacto que determinados cambios normativos han podido tener en la mejora de la eficacia y la eficiencia del
gasto público en IT.
Aunque la AIReF dirigirá, coordinará, supervisará y desarrollará la evaluación, con la coordinación del
Ministerio de Hacienda, a través de su Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el proceso intervendrán otros agentes que se consideran necesarios. Son diez, entre los cuales se encuentran el Ministerio de Sanidad -a través del Ingesa-, las consejerías de sanidad autonómicas y sus servicios públicos de salud, sus inspecciones médicas y sus servicios de inspección y salud laboral; las tres mutualidades de funcionarios -
Muface,
Mugeju e
Isfas-, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y su inspección médica.
El estudio beberá de la información procedente de las bases de datos administrativos de estos y otros organismos. Además, se tendrá en cuenta la legislación y la
normativa vigente, planes y estrategias, instrucciones internas y documentos de procedimiento, memorias e informes de seguimiento y evaluación, informes de órganos de control interno y externo, y otra documentación relevante de aplicación en los ámbitos de la evaluación.
Desde un punto de vista cualitativo también se mantendrán entrevistas con gestores y administradores públicos de la prestación,
mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y profesionales sanitarios con el objetivo de profundizar en determinados aspectos.
Datos sobre gasto público en gestión de IT
Según especifica la AIReF, el gasto que implican los procesos de IT para la Seguridad Social ha crecido desde los 5.015 millones de euros en 2014 hasta los 13.590 en 2022. Con ello se convirtió en el segundo mayor gasto atendido por la Seguridad Social, después de las
pensiones contributivas.
El gasto agregado en IT de las
mutualidades de funcionarios en este sentido -que, a diferencia del de la Seguridad Social, incluye las retribuciones a partir del día 91 de la situación de IT- también siguió una senda creciente entre 2014 y 2021, con un aumento del 110 por ciento en dicho periodo. No obstante, el gasto de Muface, que suele representar entre el 96 por ciento y el 97 por ciento del gasto en IT de las mutualidades, se redujo un 21 por ciento entre 2021 y 2022. El gasto de Mugeju y de Isfas correspondiente a 2022 aún no está publicado.
Por otro lado, la tasa de incidencia de los procesos de IT por
contingencias comunes alcanzó un máximo histórico en 2023 tras un "intenso incremento" en la última década, especialmente entre los asalariados, con un índice de 35,1 casos por cada 1.000 trabajadores protegidos -en 2007 fue de 29,9-. El repunte fue de menor magnitud entre los autónomos y se limitó a los años 2022 y 2023, cuando alcanzó los 10,4 -en 2007 fue de 9,8-.
Las diferencias entre
comunidades autónomas en incidencia y duración media de contingencias comunes se ha agravado a lo largo del tiempo. La variación interautonómica de la tasa de incidencia pasó de 18,9 puntos en 2012 a 25 en 2023 para los asalariados, y de 5,8 a 7 para los autónomos. En cuanto al espectro de duración, pasó de 32,6 días en 2012 a 45,8 en 2023 para los asalariados, y de 36,3 a 78,3 días para los autónomos.
Finalmente, destaca la AIReF que, en cuanto a
absentismo laboral por enfermedad, la tasa de 23,7 por cada millar de habitantes de España se encuentra por encima del promedio de la
Unión Europea, que es de 20,4. El índice español es el séptimo más alto entre los Estados miembro. Entre 2014 y 2019, además, la tasa de absentismo aumentó más en España 6,7 puntos, casi cinco más que el incremento medio de dos puntos de la Unión Europea. Fue la cuarta variación más alta en ese periodo, sólo superada por las de Croacia, Letonia y Eslovenia.
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