Marcos Domínguez / Imagen: Cristina Cebrián y Miguel Fernández de Vega. Madrid
Los medicamentos clasificados como peligrosos se están incorporando cada vez con más frecuencia al vademécum. La exposición a estos puede provocar efectos no deseados como carciogenicidad, toxicidad reproductiva y otros efectos adversos tanto en el profesional sanitario como en el paciente y sus allegados. Sanitaria 2000 ha reunido a representantes de los colectivos más afectados, así como de la Administración, en un debate que ha puesto de relieve la necesidad de actualizar y cohesionar la normativa relacionada, establecer unos protocolos de seguridad de obligado cumplimiento y avanzar en la clasificación y estandarización de los productos sanitarios que intervienen en la preparación de estos fármacos, tradicionalmente antineoplásicoS pero que están figurando cada vez más en otras áreas terapéuticas.

De izquierda a derecha: José Luis Poveda, Pilar Navarro, Marcos Domínguez, Natacha Bolaños, Elena Casaus y José Luis Cobos.

¿Están concienciados los profesionales sanitarios de los riesgos que suponen la preparación y administración de algunos medicamentos?

José Luis Cobos, director del Observatorio Enfermero del Consejo General de Enfermería: Los profesionales tienen una conciencia clara de lo que supone el manejo y administración de este tipo de medicamentos. Otra cuestión es que la rutina del día a día nos lleve a situaciones que son peligrosas y, al bajar la guardia, al posible desarrollo de patologías, complicaciones, etc. La concienciación existe, pero tenemos que tener una preparación específica. En enfermería, la preparación que hemos tenido ha sido muy generalista. En un primer momento, un enfermero que ha estudiado en la universidad puede ocupar un puesto de trabajo específico en un área oncológica, para la administración de medicación, o en farmacia para la preparación, y quizás no hemos sabido profundizar en la formación específica que tiene que tener este tipo de profesionales.

José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH): Si alguien ha impulsado la mejora de la seguridad, tanto para los pacientes como para los profesionales, ha sido la farmacia de hospital. Todos los procesos, en los últimos años, de centralización a través de los servicios de farmacia en la preparación de medicamentos, implican reducir el riesgo en las condiciones mejores de preparación. Todo lo que ha sido la centralización de cabinas de flujo laminar vertical y los protocolos de actuación en la preparación han sido liderados por los servicios de farmacia.

Más allá de los ámbitos de enfermería que trabajan en farmacia o en la Administración, hay una falta de concienciación bastante clara por parte del conjunto de profesionales sanitarios sobre qué elementos y qué riesgos están asociados a la utilización continua, ya que a lo largo de la vida laboral van a estar continuamente sometidos a riesgos. Más allá de los profesionales, tiene que haber una concienciación clara por parte de las autoridades sanitarias en cuanto a la normativa y la regulación, tanto en la actualización de las listas de medicamentos peligrosos como a los reglamentos de obligado cumplimiento que seguramente ayudarían a esa mejor concienciación. Hay concienciación clara por parte de los servicios de Farmacia, y nos gustaría que esta se trasladara a otros ámbitos de autoridad o de función pública diferente.

Pilar Navarro: la legislación no debe dar lugar a interpretaciones.

Pilar Navarro, secretaria federal del sector salud de FSP-UGT: Una cosa es la formación del profesional a lo largo de su carrera, y otra es la formación en el ámbito laboral. Estamos muy precarios en el tema de la prevención. Hay una Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que existe desde el año 95, con múltiples modificaciones de artículos, que no se ha cumplido nunca y que define claramente qué es un lugar de trabajo, cómo tienen que estar, qué cosas se tienen que hacer… Soy profesional de Enfermería y siempre he echado de menos que la Administración no haya puesto todos los mecanismos e instrumentos a disposición de los profesionales para proteger su salud. El día a día nos come y no tenemos tiempo para reflexionar, un aspecto obligado de las autoridades, las administraciones y las gerencias en sus respectivos centros. Dista mucho de que podamos decir que hay una prevención en el lugar de trabajo para el propio profesional y que pueda tener instrumentos para poder mejorar ese trabajo. Estamos hablando de unos medicamentos que son altamente peligrosos, y está demostrado que cuanto más tiempo está uno expuesto a ellos, más riesgos y problemas tiene su salud con las multipatologías. Tenemos que trabajar entre todos y coordinar las actuaciones que haya que hacer. La Comisión Europea ha llamado la atención sobre el aumento de los tumores en el personal sanitario es de un 4 por ciento en los últimos dos años.

Elena Casaus, jefa de Servicio de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia: Hay un real decreto del año 1997, modificado en 2000 y 2003, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición laboral a agentes cancerígenos. En la disposición final primera encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene Laboral la elaboración y actualización de guías técnicas para proteger la salud laboral de los trabajadores. No solo podemos hablar de agentes antineoplásicos, porque en enfermedades como artritis reumatoide o esclerosis múltiple, también se están empleando medicamentos peligrosos. Hay una nota técnica de prevención del Instituto que establece tanto un listado de sustancias cancerígenas y una serie de requisitos en cuanto a instalaciones. Vino a actualizar otra nota anterior del año 1986, y esta última es del año 2006. Los avances en medicinas –terapias biológicas con efectos no solo carcinógenos o mutágenos, en toxicidad reproductiva…– hacen que esta nota se quede corta. Además, no son de obligado cumplimiento, son guías que se pueden adoptar voluntariamente y, si no hay una base legal detrás que obliga a su cumplimiento, están a voluntad de los servicios de prevención laboral.

El Ministerio de Sanidad elaboró en 2003, en el seno de la Dirección General de Salud Pública, un protocolo de vigilancia sanitaria para profesionales de la salud involucrados en el manejo de esas sustancias, y esa es la última actuación que se realizó. El año pasado se publicó también una guía de preparación de medicamentos, aunque solo observa principios de calidad y seguridad enfocados hacia el medicamento, aunque también se contempla el manejo de citostáticos, y esa fue la última acción que se emprendió desde el ministerio.

Natacha Bolaños, coordinadora de rehabilitación del paciente oncohematológico del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac): El paciente no tiene suficiente información sobre la toxicidad a la que está expuesto, tampoco la tiene sobre las vías de eliminación y durante cuánto tiempo permanece esa toxicidad una vez que ha abandonado el centro de día o el ambiente donde se le ha administrado la medicación. Cuando hablamos de antineoplásicos, las vías de eliminación pueden estar presentes durante 48 horas, pero también tenemos a las antraciclinas, por ejemplo, que permanecen hasta 7 días en el cuerpo y que se van eliminando a través de excreción. Eso se convierte también en un elemento tóxico en casa.

Otra área de preocupación es que la innovación ha permitido cambiar la vía de administración de los medicamentos antineoplásicos, ya no se hace solo de forma intravenosa: hoy en día tenemos medicamentos por vía parenteral, oral, tópica, etc. Esto ha hecho que para el paciente sea mucho más cómodo, porque hoy en día puede tener una dosis en casa, por ejemplo en enfermedades como la leucemia mieloide crónica. Hay toxicidad, representa un riesgo y además hay que tener en cuenta qué pasa con la adherencia a la medicación. Si nos vamos al ambiente hospitalario, hablamos de reacciones adversas que son desproporcionadas con respecto a otros medicamentos, no solo hablamos de antineoplásicos, la investigación ha permitido que se comiencen a explorar nuevos usos para medicamentos aprobados para el cáncer: inmunología, inflamación. La barrera ya no es tan clara, y eso hace que un profesional que a lo mejor no está tan concienciado, o sí lo está pero no ha tenido la formación que requeriría, de repente entre en contacto con ese medicamento. También hay que tener en cuenta aquellos pacientes que están en ensayos clínicos… Lo que nosotros queremos es que el paciente reciba información sobre la toxicidad, sobre cómo va a evolucionar el tratamiento, sobre si representa riesgos para otros aspectos de su salud, para su familia, entorno o cuidadores. Esto debería contemplarse también cuando se aborda la legislación: el abordaje debe ser interdisciplinar y nos tenemos que sentar todos sobre la mesa para poner las necesidades de cada área, las posibilidades de las vías de administración, y tratar de llegar a un acuerdo que represente las máximas garantías para todos.

José Luis Poveda: la Administración debe entender qué es un sistema cerrado.

José Luis Poveda: Antes de nada, hay que dar un mensaje de tranquilidad: en este país, desde el punto de vista de la preparación de quimioterápicos, tenemos un nivel de exigencia y calidad que se asemeja a los mejores países de Europa o del mundo. Es verdad, sin embargo, que el marco normativo no se ha regularizado lo suficiente. Cuando hablamos de las notas técnicas, hay recomendaciones de la Naios, etc. que empiezan a introducir otras moléculas que cada vez están más en uso y hay que ir incorporando. Un grupo de profesionales generamos una necesidad de una reflexión, creando un documento de consenso para instar a las autoridades la necesidad de actualización de las listas de medicamentos peligrosos, que haya una oficial en el Estado español, y que obligue en todos los aspectos de prevención a las organizaciones sanitarias. Por eso, desde la SEFH se ha solicitado tanto a la ministra de Empleo como al ministro de Sanidad la necesidad de actualizar este marco legislativo, porque ya hay directivas europeas que están trasladando la necesidad de ir modificando algunos reales decretos: el 665/97 es de 1997, y ya ha pasado tiempo.

Pilar Navarro: Nosotros tenemos dudas, sobre todo, del conocimiento científico de algunos materiales que se están utilizando. Creemos que no se está poniendo toda la tecnología a disposición de evitar el riesgo fundamental a la exposición. Tenemos graves problemas en los materiales que se utilizan a la hora de preparar los medicamentos. Se están utilizando jeringas y agujas normales, donde está demostrado que existen vapores y aerosoles que se salen de estos materiales y que se quedan tanto en el ambiente como en las mesas de trabajo. Las campanas de flujo laminar tienen problemas a la hora de filtrar todo aquello que se sale del material que se utiliza y se queda condensado en las propias campanas, produciendo adherencias al material de los medicamentos peligrosos. Se han hecho pruebas y se han tomado muestras en las paredes, y existen en dosis no muy preocupantes pero que a lo largo del tiempo van aumentando esas cantidades.

Hay que cambiar algunas legislaciones, pero hay que ponerlas mucho más sencillas, que la gente entienda qué es lo que quiere decir esa legislación, que no haya interpretación por parte de quien la coge, y que sea clara y de obligado cumplimiento para todos los sitios donde cogen estos medicamentos. Nosotros estuvimos en contra de que los quimioterápicos se pudieran administrar en casa. Se hizo sin tomar ninguna medida de prevención para los profesionales que estaban llevando ese material, pero tampoco había mecanismo o norma sobre qué se hacía con el desecho de material. Muchas veces los profesionales lo han trasladado en sus propios coches. Pusimos el grito en el cielo porque nos parecía que no era correcto: en los hospitales puede haber saturación de pacientes que van a ponerse  su medicación, pero para tomar algunas medidas hay que ser absolutamente responsables y saber con qué estamos jugando porque puede producir muchos problemas después. Si la vida laboral del profesional es de 38 años y medio y utiliza continuamente estos productos…

Casaus: sin base legal, la seguridad queda a voluntad del profesional.

Por otro lado, los exámenes de salud que se hacen a los profesionales no discriminan entre los que están utilizando continuamente estos productos en su trabajo y los que no, porque no todos los utilizan. Siempre hemos dicho que hay puestos de trabajo en los que los exámenes de salud tienen que ser con mucha más frecuencia, y en el momento en que se detecta algún problema de salud en el trabajador no vale decir que pertenece a una comunidad y su vida privada puede conllevar riesgos. Lo primero que hay que ver es si su trabajo diario puede producirlo, y en ese momento hay que separarlo hasta que se tengan los resultados de su examen de salud.

José Luis Cobos: La ley 31/95 de prevención riesgos laborales es la base: normativa hay mucha pero hay que cumplirla. Hay tres puntos fundamentales que destacaría de esta ley. El artículo 19 nos habla de la formación: la necesidad de que el personal esté perfectamente formado en su puesto de trabajo. Si va a ejercer unas determinadas competencias profesionales, en este caso la preparación de un producto muy peligroso, debe estar debidamente formado. Es responsabilidad del empresario –en este caso, la Administración– que ese profesional lo esté. Por otra parte, en la medida en que se puede, se tiene que formar en su tiempo de trabajo: no me pida a mí un esfuerzo para que me forme fuera de él.

En segundo lugar, la vigilancia de la salud está perfectamente delimitada en el artículo 22 de esta ley: los profesionales, en su puesto de trabajo, por todos los peligros que implican, la vigilancia de su salud debe ser estrecha. Y es responsabilidad de la Administración que esa vigilancia se produzca. Se debe hacer debidamente: no vale hacer un reconocimiento médico para saber si veo u oigo bien, eso no es la vigilancia de la salud. Por último, en el artículo 15 de la ley de prevención de riesgos laborales establece que se tienen que tener previstas cualquier distracción o imprudencia del trabajador, y es responsabilidad de la Administración. Digo esto porque se está hablando de las campanas de flujo laminar, una medida que intenta paliar los efectos secundarios que se producen por la emisión de vapores y demás. Tiene que estar previsto que el profesional pueda tener una distracción: no puede utilizar un dispositivo sin una protección, por ejemplo un dispositivo cortopunzante con un sistema de bioseguridad. A la mínima, me puedo inocular una medicación. La Administración es responsable de las medidas que se pongan en marcha.

Destacaría además la cuestión de la formación y preparación del puesto de trabajo: tenemos una profundización de la formación a través de nuestras especialidades. Hacer la superespecialización creo que tampoco es conveniente: si creamos superespecialistas, no es eficiente para el sistema y nos haríamos un flaco favor a los profesionales encasillándonos tanto. Hay una norma que está a punto de salir, un real decreto sobre los diplomas de acreditación avanzada, que nos da una salida muy buena: cubrimos las expectativas de que haya una formación específica para este ámbito. No vale que mañana la dirección le diga al profesional que le traslada a preparar medicamentos peligrosos sin preparación. Hagamos que haya determinados puestos de trabajo que, sin que haya una especialidad, sí que haya una preparación.

Elena Casaus: Existe mucha documentación, mucha guía publicada, pero son guías de sociedades científicas, administraciones de las comunidades autónomas… El problema radica en que no haya una base legal que obligue a su cumplimiento, y dependerá de la voluntad individual. Sería cuestión de que el legislador tomara nota, entre los órganos competentes el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, que su misión es promocionar y apoyar todas las acciones que están encaminadas a proteger la seguridad y salud laboral… desde los diferentes actores de la Administración, instar a los legisladores a que todo esto se regule de alguna forma.

José Luis Cobos: el superespecialista "no es eficiente".

José Luis Poveda: Sistemas cerrados de preparación: aparte de que son una medida de protección para el trabajador, la posibilidad de contaminación de las superficies, incluso los propios viales y envases que vienen de la industria, aunque ha mejorado, la contaminación es posible en todo el circuito. Es verdad que habiendo tecnología que puede evitar mayor contaminación, habría que implementarla. El problema es que, si ya con los medicamentos tenemos lío, con los productos sanitarios tenemos mucho más. Estamos hablando de sistemas cerrados, pero no existe uno como tal. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) debería y determinar qué es y clasificar los sistemas cerrados.

Cosas importantes y que no requerirían de tanto cambio normativo: la actualización de la lista de medicamentos peligrosos, la nota técnica, no hace falta buscar un consenso general, porque eso ya existe por parte de las sociedades científicas y las organizaciones internacionales, que han determinado qué productos pueden ser peligrosos. Por tanto, se trataría simplemente de una traslación de ese contexto al nuestro. Y la otra cosa importante tiene que ver con las garantías de la preparación: esas notas técnicas también tienen que profundizar en esos sistemas que pueden ayudar a reducir el riesgo. Estos sistemas cerrados lo hacen, pero tenemos que definir claramente qué es. Me gustaría que la Administración entendiera qué es un sistema cerrado y todos estuviéramos hablando de la misma cosa: hay muchos proveedores que vienen con cierto marchamo, pero como los requerimientos que les pedimos no implican ningún control específico para considerar que un sistema es cerrado o no, podemos estar comprando sistemas con esa consideración que en otros ámbitos, por ejemplo, Estados Unidos, donde la FDA sí ha establecido qué es, no lo considere así. Sin la determinación de qué es un sistema cerrado, las garantías de seguridad no son las mismas. Es una función que la Administración debe hacer: si no da pautas claras, es probable que cometamos errores sin siquiera tener la consideración de que estamos comprando las cosas adecuadas.

Natacha Bolaños: Desde el momento en que ha cambiado el esquema de los lugares en que se administran los medicamentos, no hemos actualizado los protocolos de seguridad y trabajo a la par que la innovación ha permitido esos desarrollos. El hecho de cambiar, tanto el lugar de administración como la vía, hace que profesionales, pacientes y familiares entren en contacto con esos medicamentos sin haber tenido la preparación de la que hablabais antes. Pilar Navarro ha comentado que hay profesionales que están trasladando medicamentos en sus coches, ¿es esa una vía segura para él y para el paciente? Ni siquiera tenemos una definición de sistema cerrado, si seguimos teniendo 17 sistemas de salud, ¿cómo vamos a pretender tener una formación única, homologada, que permita que estos profesionales no solo tengan este conocimiento sino que también sepan trasladarlo y dar la formación a ese paciente, que al final es responsable de esa medicación, él y su entorno familiar? En citotóxicos, el equilibrio riesgo-beneficio tiene una barrera muy delgada, pero al ser paciente portador de un cáncer vas a recibir un beneficio por exponerte a esa toxicidad; sin embargo, tu entorno o los profesionales reciben la toxicidad sin estar expuestos al beneficio.

Hay que ver qué áreas de formación son necesarias no solamente para el profesional, también para el paciente –aquí las asociaciones de pacientes tenemos mucho que decir y que hacer–. Otro asunto es que alguien puede conocer bien los riesgos, pero no necesariamente tiene que ser un buen educador, para transmitir esos conocimientos. Es indispensable mejorar los protocolos de comunicación en la relación médico-paciente, paciente-farmacia, paciente-enfermería… Todos los canales tienen que recibir ese conocimiento no solamente para su propio uso profesional, sino también para que el mensaje llegue y reduzcamos entre todos estos riesgos.

Pilar Navarro: Solamente por ser profesional tienes que saber preparar una medicación, pero no tienes obligación de poner los mecanismos que no te dan para poder prevenir. Los que tienen que decidir qué se compra o no son los que tienen la responsabilidad, los que tienen que buscar la información para que los expertos que tenemos en el sistema se pronuncien en relación a lo que se compra y lo que no. Estamos perdiendo un tiempo de oro: la central de compras del Ingesa solo compra cuatro medicamentos porque no hay forma posible de que las comunidades autónomas avengan a comprar de forma masiva. Es una responsabilidad de la propia Administración, que tiene que ejecutar su autoridad sanitaria para decidir qué se compra. Nos hemos encontrado con material que ni siquiera viene de una UE donde existe un certificado de calidad para el uso, y todos hemos visto que a la larga sale mucho más caro, porque hay más riesgo y da muchos más problemas. Hay muchas cosas por hacer, debería de haber voluntad política para que haya un beneficio para el ciudadano y para protección de los trabajadores del sistema.

Bolaños: hay que mejorar la comunicación médico-paciente.

Nosotros hemos hecho una guía que explica el problema, los riesgos, cuáles son los materiales que se pueden utilizar y que se deberían haber valorado por parte del ministerio para hacer los cambios en las compras, lo que debes de hacer para protegerte y lo que debes de exigir para tu seguridad. Tuvimos una experiencia mala con el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Sanidad cuando la trasposición de la directiva europea sobre material cortopunzante: el material bioseguro solo se utiliza para el ámbito de la salud, pero hay otros como las residencias de mayores, los centros de día… donde se utiliza material sanitario, donde hay riesgo de contaminación biológica y donde tanto Empleo como Sanidad no se ponen de acuerdo. Los sindicatos estamos pidiendo que se incorpore el ámbito de la dependencia como sitio de riesgo, y se ha quedado fuera. Además, la directiva europea se traspone por orden ministerial, ni siquiera por real decreto, con lo cual cada uno hará lo que le dé la gana donde quiera y comprará lo que mejor le venga en gana. Todos juntos, incluyendo a  Farmacia Hospitalaria y a las oficinas de farmacia, donde se dispensan medicamentos citostáticos en forma de pastilla en enfermedad que no solo son cancerígenas, debemos tener capacidad de opinar y voluntad de escucharnos.

José Luis Cobos: Hemos recibido un informe sobre la modificación de reales decretos, entre ellos el 664/97, y tenemos una propuesta muy clara hecha a la Administración, sobre la necesidad de que esté plasmado en una norma qué es un dispositivo cerrado y qué conlleva. Se propone que se modifique el artículo 5.2 de este real decreto, y que diga: en caso de que no sea técnicamente posible sustituir el agente cancerígeno o mutágeno, el empresario garantizará que la producción y utilización del mismo se lleve a cabo en un sistema cerrado. En el ámbito sanitario se entenderá por sistema cerrado aquel dispositivo de transferencia de medicinas que impide por medios mecánicos la transferencia de contaminantes ambientales al sistema y el escape de medicinas peligrosas o concentraciones de vapores peligrosas fuera del sistema. Es muy importante porque hace falta que una norma establezca qué es un sistema cerrado y la necesidad imperiosa de que eso se implemente. Eso está ya plasmado en una propuesta –porque se está impulsando ahora mismo la modificación del real decreto–, y si hay voluntad política y técnicamente se ha visto que es lo mejor, ¿por qué no se va a aceptar una modificación en este sentido? Emplazo a dentro de un año, cuando ya tengamos la modificación, espero ver esto en el real decreto, y si no lo veo pediremos explicaciones.

José Luis Poveda: La modificación es oportuna, el papel todo lo aguanta. La Aemps debe determinar cuáles son los parámetros técnicos que miden que un sistema sea cerrado, que miden, desde el punto de vista garantista, que ese sistema cerrado protege al operador. Un segundo paso es que, técnicamente, consideremos los sistemas cerrados desde el punto de vista de los determinantes técnicos que fijan que un sistema sea cerrado o no lo sea.

Elena Casaus: En la normativa estadounidense, los CSDT están clasificados como productos sanitarios de clase 2. La Aemps es la competente en España, si se plantease el caso y llegase de incorporarse al real decreto la modificación que habéis propuesto, al igual que si se decidiese revisar el listado de medicamentos peligrosos. En EEUU, todos los fármacos aprobados se estudian desde el punto de vista de la carcinogenicidad, de mutagénesis… y luego, los que ya están comercializados, la FDA avisa de cuándo ha habido advertencias en cuestiones de farmacovigilancia. Tiene que haber una interacción de la Aemps, que pertenece al Ministerio de Sanidad, y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, del Ministerio de Empleo.

Conclusiones

Conclusiones del debate.

José Luis Cobos: Tenemos mucha base normativa, necesitamos algo más pero esa no es la solución. Todos tenemos que poner un esfuerzo para llevar a cabo los mecanismos necesarios para proteger la salud tanto de los trabajadores como de los pacientes. Todos tenemos que participar en el desarrollo de cualquier guía, protocolo, norma… que técnicamente tenga que incorporar una lista de medicamentos. No dejo de lado la alta participación que tienen que tener los pacientes, porque los profesionales podemos tener una formación académica muy buena, pero en ocasiones trasladamos la responsabilidad de la administración del medicamento a una persona que no ha tenido ningún contacto previo con la formación. Por último, catalogaría a la Administración como muy responsable en el cumplimiento de las normas y de cualquier mecanismo que asegure tanto al profesional como al usuario final, el paciente.

Elena Casaus: Desde un punto de vista técnico, primero habría que abordar el abanico de los medicamentos peligrosos, mucho más amplio que el de los cancerígenos, y empezar a definir qué criterios se tendrían en cuenta para incluirlos en un posible listado de medicamentos peligrosos. Debemos tratar de aunar esfuerzos las distintas administraciones sanitarias y los distintos actores del sector para proteger la salud de profesionales sanitarios, personal, familiares, pacientes… y trabajar en un mismo camino.

Natacha Bolaños: Hacen falta protocolos para los profesionales que se dedican a prescribir, preparar y administrar los medicamentos a los pacientes para que no den lugar a error. Que ese error se detecte y se corrija antes de que llegue al paciente, y tomar en cuenta los cambios en la vía de administración de los medicamentos. Formación clara, sencilla, fácil de interpretar y de seguir, no solamente en cuanto a la administración por los propios pacientes sino también en las vías de metabolización y eliminación de esos medicamentos antineoplásicos por la toxicidad que representan, ya no solo para el paciente sino para su entorno, en casa, donde no se tiene ningún conocimiento sobre cómo manejar esa situación ni a qué riesgos está expuesto.

Pilar Navarro: Lo fundamental es la formación y la información de todo el personal. Que se instaure la cultura preventiva en el primer eslabón de la organización y que se destine el dinero necesario para poder realizar la prevención y utilizar el material más idóneo en cada situación.

José Luis Poveda: Desde la SEFH resaltamos que este es un problema que nos preocupa desde hace mucho tiempo y cada vez más. Hay que decir que, desgraciadamente, no vamos a tener menos tumores, y con la mayor supervivencia de los pacientes vamos a tener que ir preparando cada vez más quimioterápicos, por tanto no es un problema que vaya a disminuir, ni del resto de fármacos que nos van llegando. El problema no se va a solucionar por sí mismo sino que hay que ayudar a hacerlo. Desde la sociedad hemos establecido tres estrategias que nos parecen adecuadas para mejorar determinados aspectos. Vamos a empezar un estudio multicéntrico para conocer la contaminación en superficies y áreas de trabajo, lugares de administración e incluso los dispositivos de transporte. Hay bibliografía suficiente pero se ha hecho en otros entornos, no españoles, y hay poca en nuestro marco. Haremos ese estudio con los sistemas cerrados y sin ellos para ver el impacto, ya que las condiciones de trabajo que tiene cada uno puede modificar esa contaminación.

El segundo aspecto es transmitir a ambos ministerios la necesidad de dos ámbitos: la actualización de la lista de medicamentos peligrosos, que es posible y no requiere de medios tan importantes para mantenerla actualizada, y la incorporación a la normativa de los sistemas cerradas y una clasificación clara de los productos que se pueden catalogar como ello. Bienvenidos sean los avances que se vienen produciendo: si no hubiéramos iniciado estos consensos, no se estarían dando estos pasos.

Primera parte del debate. Segunda parte del debate.

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Una cultura preventiva mejorable (28/05/15)