David García. Madrid
Las propuestas electorales de los partidos van tomando forma a medida que se acerca la cita con las urnas. Este es el caso de Izquierda Unida.
Desde la coalición han adelantado una serie de medidas, 24 concretamente, “para avanzar en un Estado Laico”, y entre ellas destacan dos que tienen que ver con la sanidad pública.
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Alberto Garzón, líder de IU.
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La primera, la eliminación de las tradicionales capillas de los centros sanitarios. Dice el programa electoral de la coalición liderada por Alberto Garzón que eliminarán “las capillas de cualquier lugar público dependiente de la administración central o periférica, ya sea escolar o universitario, sanitario, servicios sociales, centros penitenciarios, juzgados, cuarteles militares o instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, embajadas y consulados, etc”.
La segunda de ellas tiene que ver con aquellos sacerdotes que precisamente desarrollan su labor pastoral en esas capillas de los hospitales que pretenden eliminar. Así, promoverán la “supresión de la figura de los ‘capellanes funcionarios católicos’ y, en su caso, de otros representantes religiosos de los ejércitos, hospitales y cárceles, así como del Arzobispado Castrense de España”, y en este sentido detallan que “cualquier persona que permanezca en centros penitenciarios u hospitales, y que por su especial circunstancia no se pudiera desplazar a un centro de culto y solicite asistencia religiosa de cualquier naturaleza, tiene el derecho a hacerlo y ser atendido, sin que sea necesaria la existencia de estos funcionarios capellanes”.
Según fuentes de la Conferencia Episcopal, hay 850 responsables del servicio católico en hospitales en toda España. Desde la misma fuente se indica que dependiendo de las características del centro sanitario se establece el número de religiosos que se pueden encontrar en él. En los hospitales de menos de 100 camas hay un capellán a tiempo parcial; con más de 100, uno a tiempo completo; con 250, dos a tiempo completo; con 500, tres, y más de 850, como mínimo cuatro. Eso sí, no necesariamente tienen que ser sacerdotes. Los acuerdos Iglesia-Estado recogen que quienes estén al cargo han de ser bien capellanes o bien ‘personas idóneas’, es decir, diáconos e incluso seglares, con el visto bueno del obispado de cada diócesis.
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