La
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) ha acordado asignar a las
comunidades autónomas para el primer trimestre de 2020 un total de 16.804,37 millones de euros con cargo al
Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas.
En concreto, se destinan 9.939,28 millones de euros al compartimento de
Facilidad Financiera y 6.864,99 millones al
Fondo de Liquidez Autonómica.
Estas cantidades permitirán a las administraciones autonómicas cumplir sus
compromisos con los trabajadores de los servicios de salud, así como con los proveedores sanitarios.
Facilidad Financiera y Fondo de Liquidez Autonómica
Las comunidades que reúnen los requisitos exigidos para acogerse al mecanismo de Facilidad Financiera son Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y La Rioja.
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Las necesidades iniciales estimadas del Fondo de Financiación para las CCAA para todo 2020 ascienden a 31.319 millones
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Las comunidades de Murcia y la Comunidad Valenciana se mantienen en el Fondo de Liquidez Autonómica, donde se incorpora Andalucía, que ayer solicitó su adhesión voluntaria a este compartimento.
Madrid, País Vasco y Navarra no han solicitado financiación con cargo a estos fondos.
Las necesidades iniciales estimadas del Fondo de Financiación para las Comunidades Autónomas para todo 2020 ascienden a 31.319,86 millones de euros.
Mejora de las condiciones financieras
En la reunión de la Cdgae se ha aprobado también la mejora de las condiciones financieras de las operaciones de crédito formalizadas en el primer trimestre de 2020 con cargo a estos compartimentos.
Entre las novedades de dichas condiciones,
se amplía el plazo de los préstamos de 10 a 12 años y se amplía de dos a cuatro años la carencia, durante los que las comunidades o devolverán amortizaciones de los préstamos que se formalicen por el Fondo de Financiación.
Además, se ha suprimido la condicionalidad recogida en ejercicios anteriores, excepto determinados aspectos que se mantienen y que inciden directamente en la relación con la sostenibildiad, la estabilidad presupuestaria y la transparencia de las cuentas públicas, así como en relación con la garantía en la prestación de los servicios fundamentales.
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