Inconstitucionalidad y financiación amenazan la ley de listas de espera

El pacto entre el PSOE y Sumar para formar un Gobierno de coalición ha levantado ampollas. Primero, sus posibles socios avisaron de que varias de las medidas sanitarias presentadas "invaden competencias" autonómicas. Ahora, las comunidades miran de reojo el plan de reducción de las listas de espera presentado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La región que más dudas ha puesto sobre las intenciones de un hipótetico Gobierno entre PSOE y Sumar ha sido la Comunidad de Madrid, ya que pone en duda la constitucionalidad de una posible ley estatal.

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid tachan de "controvertida" la propuesta presentada por ambas organizaciones políticas de izquierdas, "incluso desde el punto de vista constitucional, dado que no está claro que la regulación de los tiempos máximos de la lista de espera sea una competencia autonómica y no estatal". "Por lo tanto, podría tratarse de una invasión competencial, si bien habría que estudiarlo", enfatizan fuentes del departamento sanitario madrileño. "Sánchez, una vez más, llega tarde, vende humo y se apunta a las ocurrencias de Mónica García", critican desde la Consejería.

A las voces que 'lanzan' desde Madrid recelando sobre el acuerdo de reducir las listas de espera en la sanidad española se suman algunas comunidades autónomas como Andalucía o Galicia. Pero, el problema de las listas de espera es extensible a gran parte del Estado español. Muestra de ello es Asturias, que si bien la región cuenta con un Gobierno liderado por los socialistas, fuentes de la misma subrayan que se encuentran trabajando en un plan para reducir sus tiempos de espera en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). 

Madrid y Andalucía exigen primero un acuerdo presupuestario

Pero, antes de analizar las posibles fisuras legislativas que tendría una hipotética ley de listas de espera, en la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute resaltan la importancia de llegar primero a un acuerdo presupuestario, pues en ese apartado radica la 'clave' para reducir las listas de espera de los sistemas sanitarios: "No parece efectiva la regulación, máxime cuando la gestión de las listas de espera se encuentra directamente relacionada con la financiación de la sanidad que, en todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco, depende del sistema de financiación autonómica".

Se trata, tal y como señalan desde Madrid, de un modelo "injusto" que, a ojos de la Consejería, "ha beneficiado a comunidades autónomas como Cataluña" desde el año 2010 en "detrimento" de Madrid o Comunitat Valenciana. "Antes de exigir tiempos mínimos, deberían revisar la financiación autonómica", denuncian desde la Consejería madrileña, recalcando que la posible ley de listas de espera que pretenden impulsar Sánchez y Díaz dependerá de "si se alcanza un pacto de Gobierno" entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados.

Desde Andalucía, la consejera de Salud y Consumo Catalina García señala que al acuerdo entre PSOE y Sumar "le falta la parte más importante, la económica". Tras asegurar que en Andalucía "ya hay tres decretos de garantía que, precisamente, garantizan esos plazos" en cuanto al timpo de espera en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la titular de la cartera sanitaria critica que en la información enviada a Bruselas, el Gobierno de Sánchez mantenga la inversión en sanidad en un 6,7 por ciento. "El compromiso de la legislatura pasada era llegar al 7 por ciento", recuerda García, quien añade que "lo primero que tienen que hacer es poner el presupuesto encima de la mesa para poder conseguir solventar los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud (SNS)". La consejera insta a que el Ejecutivo recoja en el pacto una financiación "realistas y finalista".

Más personal para atajar tiempos de espera en la sanidad

Sobre el objetivo de un máximo de 120 días en las listas de espera, la consejera andaluza advierte que para las comunidades "será difícil cumplir mientras no tengamos el número de profesionales suficiente". García cifra en 6.900 las jubilaciones en la sanidad andaluza de aquí a 2030, 2.917 de ellas en Atención Primaria. "Mientras no seamos capaces de cubrir las jubilaciones con los profesionales que salgan, muy difícil será cumplir los compromisos", sentencia.

Madrid, por su parte, recalca que está a la cabeza de las regiones en las que menos tiempo de espera hay para ser intervenido quirúrgicamente, atendido en consulta o para la realización de una prueba diagnóstica. "Contamos con un Plan de Mejora de Listas de Espera que establece unos tiempos máximos de 45 días, además de garantizar un tiempo máximo de 15 días para consulta y pruebas en caso de sospecha de malignidad", recalcan en la Consejería.

Una de las medidas que proponen desde Sevilla para hacer frente a este escenario es reforzar las plazas MIR en todo el SNS. "Hemos pedido 1.000 plazas extraordinarias MIR durante cinco años para solventar el décifit de profesionales, pero no han dado respuesta. También hemos pedido la flexibilización de los criterios de las unidades o su modificación, porque en Andalucía el año que viene tendremos especialidades en las que no podremos aumentar el número de profesionales", explican en la Consejería de Salud.

Pero estas mismas voces van más allá, y denuncian que cada año se quedan en la calle 4.000 estudiantes de Medicina, porque "el Ministerio de Sanidad no aumenta las plazas MIR". Además, denuncian que para hacer realidad la ley que plantea el binomio Sánchez-Díaz, con los plazos propuestos, "primero el ministerio tiene que garantizar el número de los profesionales".

Leyes propias en Galicia y Asturias

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia es otra de las que ha salido al paso para fijar postura en este debate. Según fuentes de la misma, la región cuenta en estos momentos con una normativa "semejante", con "tiempos máximos de 60 días para cirugías y de 45 para consultas y pruebas en determinadas patologías". Pero, desde Sanidade enfatizan que estos tiempos tienen una garantía reseñable, puesto que "está contemplado por ley que, si la sanidad pública gallega excede esa demora, el ciudadano tiene derecho a acudir a la sanidad privada y pasarle la factura a la Xunta, que tiene el compromiso de abonarla".

Además, recuerdan que dicha norma entró en vigor hace seis años, y que desde entonces, "se han garantizado esos tiempos máximos a más de 200.000 pacientes, y el cien por cien de ellos en la sanidad pública", sin tener que ser derivados a la privada. No obstante, la Xunta se mantiene cauta sobre la ley estatal propuesta por los socialistas y la coalición Sumar, recalcando, al igual que sus homólogos madrileños, que se trata de una propuesta "de un Gobierno que aún no existe".

Asturias, por su parte, señala a este diario que "uno de los objetivos de la legislatura" para el Gobierno del Principado es reducir las listas de espera. "La Consejería de Salud está trabajando en un plan estructural integrado dentro del sistema sanitario público para reducir las listas de espera", comentan.

Las patronales, en contra de la ley de listas de espera

También las patronales, como la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), como ha manifestado la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), han mostrado su desconcierto generado y la enorme inquietud del sector ante las propuestas en materia sanitaria incluidas en el anuncio del acuerdo de gobierno de coalición PSOE-Sumar en caso de la investidura del candidato Pedro Sánchez.

En el caso de las listas de espera, ACES considera que la implantación del conjunto de las medidas indicadas en el pacto "imposibilitaría paradojalmente el objetivo del anuncio de PSOE-Sumar de acabar con las mismas sin contar con la sanidad privada". De hecho, la patronal recuerda que en la actualidad ninguna comunidad autónoma ha podido o querido gestionar el sistema de salud prescindiendo de manera absoluta de la colaboración con la sanidad privada, tanto por su flexibilidad, como por su coste.