El juez de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la
constructora FCC por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de
82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de metro y la
Ciudad de la Salud de Panamá.
A petición de la
Fiscalía Anticorrupción, el magistrado dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A., a las que ha dado cinco días para designar un representante, un abogado y un procurador.
La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por p
osible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015. Esta mercantil se habría servido de sociedades pantalla españolas para
blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.
En el caso de FCC, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, el magistrado reproduce en su escrito el relato de la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la compañía brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá.
El equema de la corrupción
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La causa lleva siendo investigada desde el año 2017
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Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de
Odebrecht, diseñaron, según relata la Fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en
sobredimensionar los costes del material de obra y en facturarlo al doble de su precio. Así habrían obtenido los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá.
El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Estas personas ya han declarado en el juzgado en calidad de investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una comisión rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el aviso realizado por un banco de la ciudad de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados.
Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores, y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.
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