El Ministerio de Igualdad ha sacado a consulta pública el proyecto para la
reforma de la ley del aborto, que, tal y como avanzó
Redacción Médica, persigue que las mujeres
tengan acceso a este derecho en cada hospital del Sistema Nacional de Salud (SNS). La propuesta, que estará abierta a las aportaciones de la ciudadanía hasta el 12 de octubre, incide en la necesidad de “promover la formación de las y los profesionales sanitarios”, así como de impulsar una estrategia que acabe con la violencia obstétrica para un
“parto respetuoso”.
Así consta
en el documento que ha hecho público este martes el área que dirige Irene Montero y que defiende, como ya hizo en 2015 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que la
tipificación como delito del aborto y la denegación o postergación del mismo constituyen “violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer”.
En este sentido, considera que “resulta necesario” reformar la ley de salud sexual y reproductiva “con el propósito de garantizar la
efectividad de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres”. Igualdad incide en que para ello “resulta esencial garantizar la educación sexual integral con enfoque de género en todas las etapas de la vida”.
De hecho, entre los objetivos de la citada norma, Sanidad cita el de
“promover la formación de las y los profesionales sanitarios”, así como el de “potenciar la investigación y los estudios” y de fomentar “las buenas prácticas que, desde la diversidad y el enfoque feminista, promocionen los bueno tratos, las relaciones respetuosas e igualitarias”.
Erradicar la "estigmatización y el acoso"
Por otro lado, aboga por impulsar instrumentos que “garanticen la concreción de la
Estrategia de Atención al Parto Normal en protocolos asistenciales, desde un
enfoque de género, que promueva la autonomía de las mujeres y el parto respetuoso”.
Son algunas de las propuestas por las que apuesta el Ministerio de Igualdad en el marco de su plan para “promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, que incluye también la importancia de erradicar la
“estigmatización y el acoso” para acceder a la prestación del aborto.
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