Los primeros 6.000 millones de euros del
Fondo No Reembolsable destinados a pagar el exceso de gasto en sanidad de las
comunidades autónomas con motivo de la crisis sanitaria del
coronavirus serán transferidos a corto plazo.
Así lo ha trasladado la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos del mismo ámbito durante una reunión por videoconferencia para abordar la respuesta económica a la emergencia sanitaria.
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Del total de 16.000 millones con que el Gobierno central ha dotado a este Fondo No Reembolsable (es decir, una financiación que las comunidades no tienen que devolver posteriormente), 10.000 están destinados a cubrir el
gasto sanitario. Por tanto, quedarían por repartir
otros 4.000 millones de euros, que lo harán en el segundo semestre del año.
Criterios para el reparto del Fondo No Reembolsable entre las comunidades
De los primeros 6.000 millones,
el 35 por ciento irá destinado a cubrir los ingresos en UCI; el 25 por ciento, a hospitalizaciones; un por ciento, a la atención a positivos confirmados por PCR; y el 20 por ciento restante se repartirá por población ajustada o población protegida equivalente.
El segundo tramo, de 4.000 millones, se repartirá según estos criterios: por población ajustada o población ajustada equivalente, el 40 por ciento; por ingresos en UCI, el 30 por ciento; hospitalizaciones, el 20 por ciento; y positivos confirmados por PCR, el 10 por ciento.
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De los 10.000 millones destinados a gastos sanitarios, 2.800 se repartirán con criterios poblacionales
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Por tanto, de los 10.000 millones que irán destinados a cubrir el exceso de gasto en sanidad de las comunidades autónomas,
2.800 millones se repartirán con criterios poblacionales.
Hacienda lo justifica de este modo: en la distribución del primer tramo tienen más peso las variables que reflejan el impacto directo de la emergencia sanitaria sobre los sistemas de salud. En cambio, en el segundo tramo, la población ajustada o población protegida equivalente gana relevancia “porque
se aplicará en una fase de estabilización en el que la prioridad será que las comunidades preparen sus sistemas sanitarios para prevenir cualquier posible rebrote”.
Recoger la visión y opinión de los consejeros
Montero se ha comprometido con las comunidades autónomas a revisar su propuesta para que recoja también la visión y opinión de los consejeros, y ha dejado abierto para el debate la opción de adoptar la población ajustada o la población protegida equivalente a petición de los consejeros de Hacienda.
Estas variables ajustan el peso de la población en función de criterios como la
población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 años o la insularidad, entre otros.
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