El
acuerdo firmado por Hacienda y sindicatos para
reducir la temporalidad sanitaria ha sido solo el primer paso; el siguiente serán los
salarios, pero eso deberá abordarse ya para el próximo año. Esa ha sido la idea que ha querido transmitir el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, en la
presentación conjunta del documento firmado tanto por el Gobierno como por los representantes sindicales.
Se trata, según el ministro, del primer acuerdo de esta legislatura con las principales centrales sindicales, donde ha tenido un papel importante la Secretaría de Estado de Función Pública. "
Necesitamos que este acuerdo se materialice, y por parte del Gobierno lo hará el viernes con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado", ha señalado Montoro.
El ministro de Hacienda que querido destacar que este acuerdo es un primer paso, que se ha "empezado a rodar", y que quiere que la voluntad conjunta se extienda a otros ámbitos. En concreto, a la
materia salarial, cuya propuesta de subida del 1 por ciento por parte del Ejecutivo han
rechazado de plano los tres sindicatos presentes en el acto en la sede de Hacienda.
Ya en 2018
"A finales de junio el Gobierno tiene que aprobar el techo de gasto, que marcará los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Por lo tanto, no tenemos mucho tiempo", ha dicho el ministro, asegurando que los
sueldos de los sanitarios serían la siguiente prioridad de Moncloa.
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Cristóbal Montoro firma el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con los sindicatos.
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Por último, Montoro ha querido agradecer la disposición de los representantes sindicales, ya que todos juntos han hecho posible dignificar la Función Pública. "Se trata de que sea cada vez más moderna y eficaz, más cercana al ciudadano, y eso se consigue con
excelentes servidores públicos, que ya los tenemos", ha destacado.
Esta medida aprobada pretende reducir de manera profunda la temporalidad, que parte con una cifra del 30 por ciento en sanidad y que Hacienda pretende reducir en un 90 por ciento.
Sindicatos contra la propuesta salarial
El representante de CSIF,
Miguel Borra, ha valorado de manera muy positiva el acuerdo por la voluntad política del Gobierno, que ha favorecido "la que probablemente sea la mayor oferta de la democracia. Velaremos para que la OPE se haga con igualdad y transparencia en todo el Estado.
Quienes cuidan de nuestra salud están expectantes y no les vamos a fallar. Esto marca un antes y un después en el diálogo social", ha destacado, lamentando también la insuficiente propuesta de subida salarial.
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Todos los sindicatos han criticado la propuesta de subida salarial del 1%
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Por su parte
Julio Lacuerda, de UGT, también ha resaltado que este acuerdo supone el retorno de la negociación colectiva a las Administraciones Públicas, ya que el anterior fue en septiembre de 2009, y esto abre el camino a la negociación en materias no discutibles para este año. "Esto es solo el primer paso, pues
seguimos reclamando la recuperación del poder adquisitivo perdido, que sigue siendo una prioridad y está muy alejado de la hoja de ruta actual del Gobierno", ha explicado.
Por último ha intervenido
Javier Jiménez, de CCOO, quien ha recordado que ya en 2016 el sindicato hizo una propuesta para reducir la temporalidad que fue tachada de "alejada de la realidad". "Esto devuelve la responsabilidad a las Administraciones, que tendrán que
darle continuidad a la negociación. Se tiene que cerrar esta etapa muy triste que ha llevado a la jibarización del papel que deben cumplir las Administraciones Públicas. El acuerdo contempla seguir avanzando en los aspectos donde no ha sido posible, ya que como en cualquier acuerdo, no se logra el 100 por cien de los intereses de ninguna de las partes", ha sentenciado.
El propio ministro de Hacienda presenta el acuerdo esta tarde en la
Mesa General de la Administración Pública, a la que asisten las organizaciones sindicales, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Acceda aquí al acuerdo completo entre Hacienda y sindicatos
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Miguel Borra (CSIF); Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda; Julio Lacuerda (UGT) y Javier Jiménez (CCOO).
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