El
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado un proceso de
negociación bilateral con las comunidades autónomas para implementar los convenios que permitirán a las
mutuas colaborar con los médicos de Familia para emitir
bajas médicas en patologías de origen traumatológico. Este avance, tal y como han trasladado fuentes de esta Cartera a
Redacción Médica, es fruto del acuerdo de pensiones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, alcanzado el pasado mes de julio y trasladado al reciente pacto en la Mesa de Diálogo Social, que ha sido firmado el pasado mes de septiembre.
En este sentido, desde este Ministerio insisten en que
las mutuas son entidades de derecho público cuya labor ha sido clave en diferentes momentos críticos, como la pandemia de Covid-19 y en situaciones actuales como los acuerdos en la Comunidad Valenciana por la crisis de la DANA. En este contexto, su
colaboración en los procesos de
incapacidad temporal en el ámbito traumatológico busca aportar recursos humanos y materiales adicionales para apoyar a los servicios autonómicos de salud.
Gestión de bajas médicas por las mutuas
En la actualidad, el Gobierno está inmerso en
conversaciones bilaterales con las distintas comunidades autónomas para formalizar los convenios que habilitarán la intervención de las mutuas en la concesión de
bajas médicas en el ámbito traumatológico. Estos acuerdos definirán las condiciones específicas de la
colaboración entre los servicios de salud autonómicos (que son los responsables de aplicar la medida en sus territorios)
y las mutuas en lo relativo a la atención traumatológica.
En este sentido, el Ministerio ha destacado que estos
convenios deben respetar lo establecido en la
negociación colectiva y los pactos con sindicatos y patronales, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la protección de los
derechos de los trabajadores y la eficiencia administrativa.
Mutuas en la gestión de bajas de origen traumatológico
El alcance de esta colaboración es acotado, ya que se circunscribe únicamente a los procesos de origen
traumatológico. Según análisis previos, como el de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), este tipo de intervenciones, aunque puede suponer un avance en la mejora de la gestión, este es limitado, al reducir la posibilidad de acción solo a un tipo de patologías. Además, alerta de que podría tener
bastante coste administrativo.
Asimismo, la medida prevé la creación de una
comisión de seguimiento a nivel estatal, compuesta por Gobierno, junto a organizaciones sindicales y empresariales, que supervisará los convenios y
analizará el desarrollo de la incapacidad temporal por causas comunes. Este grupo evaluará factores como la incidencia y duración de los procesos, así como el impacto de la respuesta sanitaria, y propondrá posibles líneas de actuación futuras.
Las bajas se quedan en la sanidad pública
Por otra parte, la ministra de Sanidad,
Mónica García, sentenciaba a principio de este mes que la
gestión de las bajas médicas "estará única y exclusivamente en manos de los profesionales de la
sanidad pública". En este sentido, la ministra garantizaba que esta competencía no recaería sobre las mutuas independientemente del acuerdo de pensiones alcanzado el pasado mes de julio. Según García, este pacto "no supone un cambio significativo en la práctica" y
se asocia a situaciones muy concretas de actuación.
En este sentido, y en contraposición con las afirmación del Minsiterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, García matizaba que no se debe olvidar que las mutuas "son
asociaciones privadas de empresarios" y que por tanto anteponen el objetivo economicista a la protección de la saalud.
"Si apostamos por un
sistema de salud público, lo lógico sería responder desde el mismo, reforzándolo en términos preventivos, asistenciales y rehabilitadores", sentenciaba. A pesar de ello, es importante tener en cuenta que el
Ministerio de Sanidad no es quien tiene la competencia en esta materia.
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