Gestión de IT y asistencia médica, claves del pacto sanitario con Gibraltar
España y el Reino Unido han hecho efectivo el Protocolo relativo a la coordinación de la Seguridad Social
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
19 jul 2026. 13.35H
POR ISAAC CABANELAS
Primeros días de libertad de tránsito entre Gibraltar y España. La Verja ha caído (temporalmente por lo menos) y los miles de trabajadores que cruzan la frontera en su día a día para ir al trabajo podrán hacerlo de forma más rápida y segura, ya no solo desde una perspectiva burocrática, sino también sanitaria.
Y es que el Tratado de Gibraltar implica la aprobación del acuerdo administrativo entre nuestro país y Reino Unido, con respecto a Gibraltar, sobre el Protocolo relativo a la coordinación de la Seguridad Social. Una hoja de ruta diseñada en Madrid y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado.
Según se puede observar en el texto, la Tarjeta Sanitaria Europea será el pasaporte médico fundamental para cruzar la frontera. Los trabajadores españoles que den un paso más allá de la Verja podrán recibir prestaciones sanitarias si tienen tal documento y el formulario expedido por la institución competente de España como certificación de la legislación aplicable a efectos del Protocolo.
Así, los trabajadores desplazados tendrán garantizada la asistencia en especie en ambos territorios, siempre que la atención médica sea necesaria para evitar que se vean obligados a regresar a su lugar de origen antes del final de su estancia prevista.
Por otra parte, a la hora de solicitar una baja por incapacidad laboral, se determina que el paciente deberá pedir a los médicos de su lugar de residencia un certificado que acredite su estado y la duración probable del mismo. Si los facultativos locales no expiden este tipo de partes, la institución deberá realizar una evaluación médica inmediata para redactarlo y enviarlo sin demora a la Administración correspondiente.
Asimismo, la normativa exige notificar formalmente cualquier siniestro laboral o enfermedad profesional diagnosticada por primera vez en el territorio vecino. Además, se permite a las autoridades competentes designar a un investigador para evaluar la información sobre el terreno y consultar los atestados vinculados al accidente.
En casos de discrepancia a la hora de reconocer un accidente como profesional, la norma obliga a que el paciente siga recibiendo asistencia médica, pero esta pasará a contabilizarse temporalmente bajo el seguro de enfermedad común mientras se resuelve el conflicto.
También se blindan las pensiones transfronterizas de vejez. Los ciudadanos podrán reclamar sus prestaciones directamente desde su lugar de residencia actual. Eso sí, estarán obligados a presentar en su solicitud todo el historial de su vida laboral, los domicilios y los seguros cotizados en cualquiera de los dos lados de la frontera a lo largo de su carrera.
Las urgencias médicas de los trabajadores se pagarán exactamente según el gasto real del centro asistencial, mientras que la atención prestada a los pensionistas residentes se compensará mediante pagos periódicos. Para controlar todas las directrices, el Protocolo formaliza la creación de un Grupo de Trabajo permanente sobre coordinación de Seguridad Social.
Y es que el Tratado de Gibraltar implica la aprobación del acuerdo administrativo entre nuestro país y Reino Unido, con respecto a Gibraltar, sobre el Protocolo relativo a la coordinación de la Seguridad Social. Una hoja de ruta diseñada en Madrid y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado.
Según se puede observar en el texto, la Tarjeta Sanitaria Europea será el pasaporte médico fundamental para cruzar la frontera. Los trabajadores españoles que den un paso más allá de la Verja podrán recibir prestaciones sanitarias si tienen tal documento y el formulario expedido por la institución competente de España como certificación de la legislación aplicable a efectos del Protocolo.
Así, los trabajadores desplazados tendrán garantizada la asistencia en especie en ambos territorios, siempre que la atención médica sea necesaria para evitar que se vean obligados a regresar a su lugar de origen antes del final de su estancia prevista.
Asistencia médica, urgencias e IT
Por otra parte, a la hora de solicitar una baja por incapacidad laboral, se determina que el paciente deberá pedir a los médicos de su lugar de residencia un certificado que acredite su estado y la duración probable del mismo. Si los facultativos locales no expiden este tipo de partes, la institución deberá realizar una evaluación médica inmediata para redactarlo y enviarlo sin demora a la Administración correspondiente.
Asimismo, la normativa exige notificar formalmente cualquier siniestro laboral o enfermedad profesional diagnosticada por primera vez en el territorio vecino. Además, se permite a las autoridades competentes designar a un investigador para evaluar la información sobre el terreno y consultar los atestados vinculados al accidente.
En casos de discrepancia a la hora de reconocer un accidente como profesional, la norma obliga a que el paciente siga recibiendo asistencia médica, pero esta pasará a contabilizarse temporalmente bajo el seguro de enfermedad común mientras se resuelve el conflicto.
También se blindan las pensiones transfronterizas de vejez. Los ciudadanos podrán reclamar sus prestaciones directamente desde su lugar de residencia actual. Eso sí, estarán obligados a presentar en su solicitud todo el historial de su vida laboral, los domicilios y los seguros cotizados en cualquiera de los dos lados de la frontera a lo largo de su carrera.
Las urgencias médicas de los trabajadores se pagarán exactamente según el gasto real del centro asistencial, mientras que la atención prestada a los pensionistas residentes se compensará mediante pagos periódicos. Para controlar todas las directrices, el Protocolo formaliza la creación de un Grupo de Trabajo permanente sobre coordinación de Seguridad Social.
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