El movimiento sindical mundial ha unido su voz para definir una
estrategia común que “combata” las “políticas agresivas tendentes a la
externalización o privatización directa de los servicios públicos”, incluida la sanidad, puestas en marcha por “
grandes fondos de inversión, multinacionales y gobiernos liberales, conservadores o de extrema derecha”. Se trata de una de las principales conclusiones extraídas del
XXXI Congreso de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), celebrada esta semana en Ginebra bajo el lema
El pueblo por encima del lucro (People over profit).
Fruto de las conversaciones y el debate, la ISP ha aprobado un programa de acción para el periodo 2024-2028 titulado
El pueblo por encima del lucro en un mundo de crisis múltiples. “Se han diseñado estrategias para extender la organización de los trabajadores y trabajadoras públicos en sindicatos, haciendo así mucho más eficiente la lucha por sus derechos laborales, para abordarla desde
organizaciones fuertes capaces de contrarrestar el poder empresarial y también el de las administraciones públicas, y de liderar, encauzar y organizar las movilizaciones necesarias con mayores garantías de éxito”, explica a
Redacción Médica Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, una de las más de 600 organizaciones sindicales que forman parte de la ISP y que han acudido a la cita en Ginebra.
Para Muñoz, “la sanidad, la educación, los cuidados de las personas dependientes, así como otros muchos servicios esenciales, vertebran las sociedades y los territorios,
reducen las desigualdades sociales, previenen conflictos y contribuyen a desarrollar el bienestar y las libertades”. De ahí la importancia de establecer una
estrategia coordinada a nivel internacional que conduzca “al fortalecimiento de lo público, no sólo de la sanidad y los servicios sociales, sino también de la educación, la cultura, los medios de comunicación, el transporte y la distribución”.
“La gobernanza de la política se concentra cada vez más en organismos pluri o supranacionales como la
Unión Europea, por lo que es esencial que el movimiento sindical no descuide su vertiente internacional y la coordinación de nuestras actuaciones más allá de las fronteras de nuestros países”, señala el responsable de CCOO.
Plan para impulsar las libertades individuales y colectivas
El programa de acción aprobado contempla una serie de directrices que, en los cinco años comprendidos entre 2024 y 2028, fomente el trabajo armonizado de las distintas organizaciones sindicales asociadas a la ISP en los cinco continentes para
"impulsar políticas progresistas" que conduzcan "al desarrollo de las libertades individuales y colectivas" a nivel local, regional, nacional e internacional. El objetivo es
“garantizar el respeto a los derechos humanos" desde la lucha por la igualdad de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
la incorporación al mundo del trabajo de la juventud y la defensa de los derechos civiles y laborales de las personas migrantes y refugiadas “como expresión del rechazo al racismo y la xenofobia”.
Por otro lado, se define un posicionamiento sindical unitario para contribuir a una
“economía global justa” ante la “necesidad urgente de tomar medidas reales contra la
crisis climática y medioambiental” y de “revisar el papel y los mecanismos de intervención de las instituciones financieras internacionales para
luchar contra la corrupción e implementar medidas que limiten el poder y la influencia desmedida y creciente de las grandes corporaciones y de los fondos de inversión internacionales”.
Finalmente, se considera “inaplazable” que se desarrolle el concepto de
“justicia fiscal” y “se alivie la deuda soberana de muchos países”, lo cual “requerirá, sin duda, nuevos acuerdos en materia de comercio y de inversión, y poner en pie un modelo global de desarrollo sostenible” que compatibilice “la integración de la digitalización” con “la
preservación del trabajo decente, los sistemas públicos de pensiones dignas, la
universalización de los servicios públicos de calidad, la reversión de servicios esenciales privatizados y la extensión de lo público al mundo de los cuidados ante el contexto de una población progresivamente más envejecida y dependiente”.
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