Redacción. Madrid
La decepción que la decisión del Tribunal Supremo ha causado en las víctimas de la talidomida no ha supuesto el fin de su lucha. Los afectados se la toman como una carrera de fondo para conseguir que Grünenthal los indemnice por el daño causado en la, además, cuentan con numerosos apoyos. En ella ya cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad, tal y como se encargó de anunciar Alfonso Alonso en el Congreso de los Diputados. Y también con el de casi un centenar de ayuntamientos que han aprobado una moción de apoyo a su causa en la que, además, se comprometen a reclamar al laboratorio el pago de compensaciones.
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Manuela Carmena y Ada Colau, alcaldesas de Madrid y Barcelona, respectivamente.
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Según los datos ofrecidos por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), a 24 de septiembre, solo un día después del fallo del Supremo, un total de 77 consistorios habían apoyado la moción. Entre ellos destacan los de Madrid y Barcelona, pero también se encuentran 11 capitales más (Almería, Cáceres, Jaén, León, Málaga, Murcia, Santander, Segovia, Soria, Teruel y Vitoria).
Con esta moción, los ayuntamientos firmantes muestran su “apoyo unánime y solidario” a las víctimas de la talidomida. Asimismo, se comprometen a reclamar de forma escrita a Grünenthal que asuma “de una vez por todas, su responsabilidad en esta materia e indemnice como corresponde a los afectados, que llevan 60 años esperando una reparación”. Para ello, se apoya en el hecho de que el laboratorio alemán fuera el único propietario de la patente en España, “y por tanto el responsable máximo por acción u omisión de todas y cada una de las víctimas”.
La de Grünenthal no es la única notificación que Avite ha adjuntado en su petición de moción. En ella hay otra dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que se le insta a que se establezca un registro de afectados por la talidomida y se les concedan pensiones vitalicias. En ese sentido, el ministro de Sanidad ha anunciado que este caso se debatirá en el próximo Consejo Territorial de Dependencia, donde intentará hacer un frente común con las comunidades para “mejorar la atención y las prestaciones que se proporciona a las víctimas”. Esas ayudas estarían, explican desde Sanidad, en función del grado de dependencia o de discapacidad que tenga cada víctima.
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