Fractura sanitaria ante la etiqueta de lobby a los Colegios profesionales

Excluir de la categoría de lobby a los Colegios Profesionales es otra de las propuestas que podría marcar el futuro de la Ley de Transparencia e Integridad que desarrolla el Ministerio de Función Pública. Este posible cambio no ha dejado indiferente a los profesionales sanitarios, que mantienen, sin embargo, posiciones enfrentadas al respecto.

Entre las sugerencias de modificación de la normativa, recogidas durante el proceso de consulta pública, se señala "la necesidad de establecer criterios objetivos para delimitar en qué supuestos se está ante una auténtica actividad de lobby" y endurecer así el régimen vigente. 

Desde el colectivo médico aclaran que la palabra lobby no tiene por qué ser considerada "como algo peyorativo", sino como alto "natural" al tratarse, llanamente, de grupos de profesionales que trasladan las corrientes de opinión al entorno que corresponda.

Asesoría "gratuita" a las instituciones 

Por tanto, ven inadecuado que se les excluya de esas "áreas de asesoría gratuita y específica, cargada de conocimientos, con toda la ley de transparencia y absoluta libertad de conflicto de intereses", critica Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS). 

"Es como si en la OMC quisiéramos prescindir de las sociedades científicas", compara el facultativo, cuando, en realidad, aclara "están deseando recibir ese conocimiento científico para ver de qué manera se puede canalizar en la profesión".

Un escenario que no solo se da en las entidades nacionales sino también a nivel europeo, detalla Cobo, poniendo como ejemplo organismos médicos como la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) o la Sociedad Europea de Médicos y Hospitales, que también "ejercen funciones parecidas a un lobby". Por ello temen que el término se "demonice" y en consecuencia se vea a estos grupos de interés como promotores "de una mala asesoría". 

Los colegios profesionales son "una corporación de derecho público y como tal, tiene encomiadas una serie de funciones de administración inaludibles",apunta. Por tanto, "todo lo que sea poder transportar las inquietudes que tenga en este caso la profesión médica al entorno insitucional que corresponda para que a la hora que redacten las leyes se hagan lo más de acuerdo a lo que la profesión piensa está bien", puntualiza. 

Requisitos "éticos" para ser lobbies 

El Consejo General de la Psicología en España, en la misma línea que los médicos, abre la puerta a esta categorización siempre y cuando se garanticen ciertos principios éticos y de lealtad "a las personas". Generar espacios de diálogo y debate con las administraciones y órganos legislativos es, en su opinión, una función intrínseca a los Colegios dados sus objetivos de progreso y desarrollo de los profesoniales.

"Claro que se necesitan grupos que presionen pero siempre desde una perspectiva que es la ética por encima de cualquier otra", matiza José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. 

La consideración del bienestar de las personas y la "lealtad a sus necesidades" es lo que, en su opinión, debería regir la acción de los colegios a la hora de plantear, en conjunto, iniciativas en caso de ser concebidos como lobby. "Nos consideramos como grupo de influencia pero no para obtener beneficios sin más, sino para que los beneficiados sean los ciudadanos y ciudadanas", explica Luengo, lo cual, coincide con el objetivo primario de los profesionales. "¿De qué me sirve defender la psicología si no llego a las personas y no pienso en cuáles son sus inquietudes?". 

Un apoyo doble que choca con la postura de los farmacéuticos. El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es más partidario de que no se incluya a este tipo de organizaciones en la categoría de lobby. Fuentes del organismo que preside Jesús Aguilar indican que su labor “defiende tanto los intereses de los miembros de la profesión como de los ciudadanos destinatarios de sus servicios”, de forma que “persigue finalidades de interés público”.

"Esta vocación pública cobra especial relevancia en sectores como el sanitario, donde el ejercicio de la profesión se relaciona con derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vida" apunta el Consejo, que reitera que es está "legalmente reconocido como corporación de derecho público". Por ello, desde el Cgcof subrayan que “comparten” el criterio del Ministerio.