José A. Puglisi. Madrid
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pone el freno al baremo de daños sanitarios. Al menos así lo ha indicado a Redacción Médica el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, la institución gubernamental ha paralizado el proyecto por considerar que, para su aprobación, necesita contar con rango de ley. “Nos hemos quedado petrificados ante esta medida, especialmente porque el gobierno ha venido gobernado, durante los últimos años, a través de Real Decreto”, ha precisado tras la reunión del Foro de la Profesión, celebrada este martes.
Miralles recuerda que, durante los últimos dos años, han trabajado en el proyecto del baremo, desde el Consejo Asesor, una iniciativa que, ante la falta de tiempo, los médicos dan por perdida para la presente legislatura. La noticia no ha sentado bien a los miembros del Foro de la Profesión, quienes también aprovecharon el encuentro para valorar el desempeño del ministro Alfonso Alonso.
“Hemos visto cómo han incumplido con los acuerdos alcanzados durante 2013, lo que ha llevado a una menor calidad del servicio sanitario, así como a una financiación escasa, que hace que el sistema sólo pueda mantenerse a través de la baja retribución de los profesionales del sector”, precisa el presidente del CESM.
Ante el descontento general, el representante de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos precisa que cada una de las organizaciones está valorando la posibilidad de tomar medidas u organizar manifestaciones. No obstante, precisa que aún no se ha tomado ninguna decisión, por lo que “cuando las acciones ya están decididas, las notificaremos a todos los interesados”, apunta. Unas iniciativas que podría ayudar a retomar el rol de liderazgo que el Foro de las Profesión considera importante volver a recuperar dentro del sector sanitario.
Otro de los puntos clave durante el encuentro fue el Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica (UGC), tema que ha generado enfrentamiento entre los sindicatos de clase y los profesionales. Para Miralles, el Real Decreto es un elemento estratégico. Sin embargo, el Foro de la Profesión está preparando alegaciones que permitirán establecer “una línea de normativa básica que promueva criterios básicos e igualitarios entre todas las comunidades autónomas”.
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