El
Consejo Interterritorial de Sanidad Universal arranca con dos dudas: cómo se va a financiar y los 'sin papeles'. La ministra ha señalado la importancia de la
recuperación de la sanidad universal: "Hemos empezado con lo urgente, que es la
recuperación de la asistencia sanitaria en España. Hemos comenzado un proceso dialogado, hablando con la sociedad civil para dar solución a la exclusión sanitaria y este jueves lo hacemos con las autonomías".
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"Hemos comenzado un proceso dialogado, hablando con la sociedad civil para dar solución a la exclusión sanitaria"
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Las
CCAA socialistas han aplaudido que esta primera reunión con las autonomías centre su debate en la recuperación de la universalidad porque la consideran "imprescindible".
Patricia Gómez, consejera de Salud de Baleares, ha puesto en valor el papel de la ministra: "Es valiente y con ella el ministerio va a ir muy bien porque va a ser la voz de los débiles. La salud es una inversión".
También
Jesús Fernández, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, ha apoyado la iniciativa del Gobierno de España de recuperar la sanidad universal. “Llevamos varios años peleando por la universalización del sistema y la protección de la salud. Hoy por fin se lleva a cabo ese deseo. A partir de ahora, esperamos que salgan fechas próximas para seguir trabajando en la revisión o
derogación del Real Decreto 16/2012", ha afirmado Fernández, que ha felicitado tanto a la ministra como a su equipo por "dar celeridad a la convocatoria del Consejo Interterritorial".
La financiación
Las
CCAA del Partido Popular han manifestado sus dudas con la
financiación de la sanidad universal.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Madrid, ha indicado la importancia de haber contado con un respaldo normativo y una memoria económica que hubieran podido estudiar antes del consejo".
En esta línea, los consejeros 'populares' reclaman un Interterritorial de financiación porque "recuperar la universalidad está estrechamente ligado a la financiación y, de momento, no hay ninguna
memoria económica en la mesa", han coincidido.
José Manuel Baltar, consejero de Salud de Canarias, ha señalado que "sería interesante contar con los
responsables de Hacienda", si bien es cierto que ha reconocido que "en princpio no hay grandes problemas" para alcanzar un acuerdo.
El consejero de Sanidad de Castilla y León,
Antonio María Sáez Aguado, ha criticado "el gesto" del nuevo Gobierno de
Pedro Sánchez, porque “la universalidad de la sanidad y la asistencia gratuita a inmigrantes ya
se estaba aplicando en todas las CCAA, o al menos en Castilla y León”. Sáez Aguado ha asegurado que la inclusión de 840.000 inmigrantes al sistema sanitario supondría “un
coste de 1.400 millones de euros extra en la financiación del Sistema Nacional de Salud”.
Sin embargo, para
Sebastián Celaya, consejero de Sanidad de Aragón, "la memoria económica no es tan relevante porque ya se estaba pagando esa asistencia sanitaria a irregulares". Coincide la
nueva consejera de la Comunidad Valenciana,
Ana Barceló: "En nuestra región la sanidad universal ya se está aplicando y gracias a esto se pudo
atender a los refugiados del Aquarius. De no ser así, hubieran quedado en manos de la voluntariedad de las ONG".
Colaboración y experiencia
Jon Darpón, consejero de Salud del País Vasco, se ha mostrado ilusionado a su llegada al Ministerio de Sanidad ofreciendo la “colaboración y la experiencia del Gobierno Vasco” a Carmen Montón, para ayudarla a “impulsar” la universalidad de la sanidad. “Creemos firmemente en la universalidad del Sistema Nacional de Salud como una de las principales señas de identidad de nuestra sanidad. Este debe ser un
derecho para todos los ciudadanos, y no debe de depender ni de cotizaciones a la Seguridad Social, ni de nacionalidades”, ha subrayado Darpón.
Criterio homogéneo
José María Vergeles, consejero de Sanidad de Extremadura, ha señalado que "es un buen momento para recuperar los derechos perdidos, aplicando soluciones de verdad y no parches como se propusieron en el anterior Consejo".
Para la recuperación de la universalidad, Vergeles propone un
criterio homogéneo y para ello hay dos elementos clave. Por un lado, "asegurar una sanidad acorde con los derechos humanos para todos los residentes en nuestro país y dejar claro que
el SNS se financia con impuestos, por lo que no puede quedar nadie excluido por no haber cotizado".
Por último, ha hecho referencia al
acceso al sistema de trasplantes, para lo que "sería deseable que se estuviera entre dos y tres años empadronado en nuestro país, tal y como recomienda la ONT".
Sin ahorro
Por su parte,
Marina Álvarez, titular de Salud de Andalucía, ha insistido en que la
universalidad en la asistencia sanitaria es un "derecho fundamental" que "no se debería haber perdido. Hemos seguido manteniendo el servicio para la población más vulnerable porque pensábamos que era una responsabilidad de nuestro gobierno, como gobierno solidario y sensible con los colectivos más vulnerables", ha explicado.
Además, ha detallado que en su región hay una
"tarjeta transitoria" para las personas que son inmigrantes y se encuentran en situación irregular para "permitirles el acceso a toda la
atención sanitaria como cualquier andaluz o andaluza".
Ha recordado también que diferentes sociedades científicas, ONGs y organismos e instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la propia Unión Europea e incluso el Defensor del Pueblo en España han recomendado que se recupere la universalidad porque eliminarla "lejos de ser una medida de ahorro supone un problema para la salud pública de la sociedad en su conjunto".
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