Alberto Núñez Feijoo ha anunciado este jueves que
Cuca Gamarra, actual portavoz en el Parlamento, será la próxima
secretaria general del partido. "Ha servido a sus vecinos desde la alcaldía de Logroño, ha servido a su país desde diferentes responsabilidades en el Congreso. Le pido que asuma una nueva responsabilidad sirviendo también a su partido", ha señalado Feijoo sobre la parlamentaria, que ejerció como vicesecretaria de Política Social del PP e integró el
Grupo de Trabajo de Sanidad del Congreso.
Feijoo firmó este miércoles su renuncia como presidente del PPdeG; una marcha que se hará efectiva en menos de 24 horas, cuando dé comienzo el
congreso extraordinario de Sevilla en el que será elegido presidente nacional del PP. La renuncia de Feijóo como presidente del PPdeG es obligada, ya que los estatutos de la formación recogen que no es posible compaginar el liderazgo del partido a nivel estatal con el de la organización en Galicia.
Gamarra, una de las diputadas con más experiencia en el campo de la política sanitaria dentro de su partido, ha cobrado protagonismo tras la salida de
Pablo Casado y se ha convertido en una de las cabezas más visibles de la formación, liderando la transición y tomando las riendas orgánicas del Partido Popular. De hecho, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó la
designación de Cuca Gamarra como coordinadora general el pasado 1 de marzo, poco antes de la Junta Directiva Nacional en la que se convocó el congreso extraordinario de este viernes.
Oposición de Gamarra en materia sanitaria
Como portavoz del PP en el Congreso ha defendido personalmente algunas de las luchas de la oposición en materia sanitaria. Entre sus mayores críticas de los últimos meses, se encuentran el cuestionamiento sobre el
reparto de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia por parte del Gobierno o la petición de informes científicos que valen los cambios regulatorios sobre las mascarillas.
Además, en una entrevista con
Redacción Médica, la política riojana que sustituirá a Teodoro García Egea también se mostró a favor de incrementar la inversión en I+D+i en España hasta llevarla al
12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) o en estrechar “lazos” entre las universidades, los centros asistenciales, la industria y los organismos públicos para reforzar el papel de la investigación sanitaria.
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