La descentralización de la sanidad llevada a cabo por la reforma de 2002 fue beneficiosa para el sistema público sanitario tal y como asegura
un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Además, añade que “en general” este hecho sugiere una mejora en la demandad de atención pública a través de una mayor calidad con ejemplos como la reducción en los tiempos de espera.
En base al informe publicado por el organismo este jueves, los investigadores comparan el caso español con las decisiones que están tomando regiones como
Mánchester en Inglaterra que “pueden cambiar potencialmente ciertas dimensiones de calidad de la atención sanitaria y amplían aún más el uso y apoyo del sistema público de salud frente a la adopción de sistemas privados”
Según el citado informe, la experiencia de la
disolución del Insalud en 2002 de asistencia sanitaria en España redujo la contratación de seguros complementarios entre mayores de edad y con ingresos que “de otro modo” habrían suscrito una póliza de seguro.
Concretamente, la utilización de este tipo de pólizas privadas cayó un 5 por ciento entre los usuarios con ingresos altos y 10 por ciento en el caso de los individuos con una educación alta. Así las cosas, el estudio asegura que las personas “relativamente más acomodadas” cambiaron su preferencia por la
salud pública viéndola con mejores ojos y reduciendo su predilección por seguros privados.
Desigualdades y gasto per càpita
Los investigadores
Joan Costa-i-Font y Ada Ferrer-i-Carbonell aseguran que esta descentralización no trajo ningún tipo de rebaja en la atención ni desigualdades porque, a su parecer, “la competencia electoral regional llevó a los gobiernos autonómicos a hacer lo mismo que la región vecina”. De esta forma, aseguran que tanto el gasto per cápita como el porcentaje de población satisfecha ni aumentaron ni disminuyeron después de la
disolucion del Insalud.
La ley de 2002 no tuvo efectos "secundarios" para las autonomías que ya tenían las competencias sanitarias traspasadas
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El documento, elaborado con datos que proceden principalmente del
Barómetro Sanitario Español, compara usuarios que residían en regiones sin responsabilidades sanitarias antes de 2002 y las que sí las tenían. En este sentido, también refleja que no hubo “efectos secundarios” para estos sistemas autonómicos que ya tenían en sus manos las competencias sanitarias.
“Nuestros resultados sugieren inequívocamente un efecto positivo y significativo para todos los parámetros referidos a la atención de la sanidad pública. Encontramos un aumento de 7,6 puntos porcentuales en la percepción de que el sistema de salud está funcionando bien (valor medio 1,87) y un aumento de 12,7 puntos porcentuales en la
preferencia por la atención de salud pública”, cifra el archivo. Además, aseguran que la aparición de 17 regímenes autonómicos de salud aumentó la percepción de un sistema que “funciona bien y aumentó la satisfacción con el mismo”.
Aun con todo ello, los investigadores aseguran que la preferencia por el sistema de salud público tras la descentralización no se ha palpado igual en lo que refiere a la satisfacción del usuario que refleja
“datos contradictorios”. Aunque existan datos negativos a este respecto, donde sí ha convencido la descentralización a los españoles ha sido (según el citado informe) en las listas de espera y el tiempo de espera que “aumentan ligeramente en las regiones donde la descentralización llegó con la
ley de 2002 cuando la presidencia del
Insalud.
A modo de resumen y en base a la comparativa presentada, la descentralización
aumentó la demanda de atención de salud pública, mejoró la percepción del buen funcionamiento del sistema y redujo el uso del seguro de salud privado entre los ingresos relativamente altos.
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