Examen a médicos del SNS, una tarea "peligrosa" que pide garantía sindical

Aunque asumen que el veredicto hay que darlo ‘en frío’ y que son muchas las incógnitas que quedan aún por despejar, lo cierto es que los agentes sociales se muestran escépticos respecto a los planes del Gobierno para evaluar el rendimiento de los funcionarios y penalizarlos en caso de que este sea bajo. No existe un rechazo frontal de los sindicatos al hecho de controlar el desempeño de los trabajadores públicos, incluso de sopesar el modelo más allá de las plantillas médicas y enfermeras de la administración central, pero abogan por reenfocar la estrategia para priorizar la “motivación” en detrimento de una “castigo” que, en el peor de los casos, conllevaría el cese del empleado.

La evaluación del rendimiento de los funcionarios constituye una de las principales novedades del anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, que aún es susceptible de ser modificado. En concreto, la norma recoge que aquellos sanitarios de la AGE que hayan promocionado a través de concursos puedan ser cesados de su cargo si no cumplen con las condiciones que se requieren para el mismo. Para ello, según avanzó El País, se tendrán en cuenta elementos como la contribución a objetivos estratégicos, la implicación para su consecución, la adquisición de nuevas competencias profesionales o el trabajo en equipo.

Consultadas por Redacción Médica, fuentes de CCOO, UGT y CSIF advierten de la “falta de concreción” y de “garantías” que desprende este anteproyecto de ley, que bajo su parecer puede llegar a ser “peligroso” si esa labor evaluadora no se basa en criterios exclusivamente objetivos y “queda al capricho del jefe de turno”.

En este escenario, el coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, explica a Redacción Médica que este tipo de valoraciones deberían realizarse desde una “perspectiva incentivadora” en lugar de una “punitiva”. “Siempre hemos defendido que el buen hacer en el desempeño se vea premiado a través de la progresión en la carrera profesional y no se conciba como un mecanismo simplista basado en la evaluación que pueda realizar la persona responsable o inmediatamente por encima en el organigrama jerárquico de gestión de los centros”, detalla el responsable sindical.

En esta línea, fuentes de UGT añaden que se tendrían que pautar también las “consecuencias” de dicha evaluación, y recuerdan que esta posibilidad ya se contempla en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) vigente desde 2017.

Criterios de evaluación "objetivos y pactados"

Otra de las claves a la que apuntan los agentes sociales radica en la necesidad de que los criterios de evaluación sean “objetivos y pactados” con los propios representantes de los trabajadores. “Ha de ser un proceso que premie a las personas que introducen avances en la calidad asistencial o de atención a la ciudadanía, que innovan y aportan eficiencia en los procedimientos y que en definitiva aportan valor añadido a los servicios públicos cuando realizan con excelencia su trabajo diario”, insiste Humberto Muñoz.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) subrayan esa apuesta por sumar a los sindicatos a la negociación de criterios y garantías “que permitan valorar y determinar la labor de empelados públicos desde el punto de vista de la promoción, las retribuciones y las consecuencias derivadas”. El sindicato rechaza, eso sí, “que el Gobierno pretenda de manera unilateral que los funcionario puedan ser apartados de su puesto de trabajo”.

“El Gobierno ha fallado en tiempo y forma. Se trata de una Ley pendiente desde 2007, cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público, y el Ejecutivo lo ha aprobado en el último minuto por exigencia de la Unión Europea como condición para acceder a los fondos del Plan de Recuperación”, denuncia la central, que asegura que presentará “alegaciones” a la estrategia.