La
Comisión Europea ha dado luz verde este lunes al nuevo
Reglamento sobre Amenazas Transfronterizas Graves para la Salud con el que pretende facilitar la respuesta ante posibles emergencias tras la experiencia adquirida con la pandemia de Covid-19. La nueva normativa permitirá reforzar el papel del bloque comunitario en acciones como la adquisición conjunta de medicamentos y productos sanitarios, mientras que
prohibirá las compras paralelas que los estados miembros realicen fuera de estos procedimientos.
El Gobierno de la Unión Europea ha hecho extensible este veto también a aquellos países que conforman la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o que han iniciado los trámites para ingresar entre los 27. “Adquirirán la contramedida médica en cuestión a través de dicho procedimiento y no a través de otros canales. Y
no llevarán a cabo procesos de negociación paralelos para ese producto”, reza el documento.
Se trata de una estrategia que Bruselas ya puso en marcha durante el proceso de compra centralizada de las
vacunas para hacer frente al Covid-19. Entonces, el área de Salud y Seguridad Alimentaria del Ejecutivo ya advirtió a los estados del bloque que no podían suscribir por su cuenta contratos con las farmacéuticas, mientras articuló una fórmula de
reparto poblacional para llegar a todo el viejo continente.
El Reglamento ha aclarado además que la adquisición conjunta de productos sanitarios no tendrá una
“repercusión financiera directa” sobre los presupuestos nacionales, ni que tampoco afectará al correcto funcionamiento del mercado interior. “No será discriminatoria ni restringirá el comercio y no causará
distorsiones de la competencia”, han subrayado.
Por su parte, la Comisión Europea se ha comprometido a
garantizar y coordinar la información con las entidades para la adquisición conjunta, en la línea con el papel de liderazgo que ya adoptó Bruselas para negociar con las farmacéuticas las vacunas del coronavirus.
Auditorías sanitarias nacionales
Además de la compra conjunta, la nueva normativa europea también incorpora algunas novedades para facilitar un
sistema de vigilancia más integrado dentro de la Unión Europea, mejorar la capacidad de evaluación de los riesgos o adoptar medidas comunes que permitan hacer frente a las
potenciales amenazas de la salud que afecten a escala transfronteriza.
Para facilitar que todo este proceso pueda funcionar de manera general en el bloque comunitario, los estados miembros tendrán que superar
una auditoría cada tres años en los que se avaluarán sus planes de preparación y respuesta sanitaria a nivel nacional. El
Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) revisará aspectos como la legislación o las iniciativas formativas.
Bruselas también ha anunciado que creará un
Comité de Seguridad Sanitaria en el que estarán representados todos los estados para diseñar con las acciones coordinadas con un cierto “consenso”, así como una
Red de Vigilancia Epidemiológica dirigida a detectar posibles brotes multinacionales, detectar factores de riesgo o establecer las prioridades en materia de investigación.
Mientras que se creará un
plan de preparación y respuesta conjunto para abordar asuntos como la cooperación, el intercambio de información, la vigilancia epidemiológica, los sistemas de respuesta, etc. “El ECDC garantizará un mayor desarrollo de la plataforma digital a través de la cual
se gestionan e intercambian los datos”, ha fijado el Reglamento.
Estos protocolos se han diseñado ante cualquier emergencia relacionada con
enfermedades transmisibles y agentes biológicos, así como con las amenazas de origen químico, climático o desconocido que tengan una esfera internacional. “Los pilares centrales de nuestra Unión Europea de la Salud ya están establecidos. La pandemia ha demostrado la necesidad de más Europa en la salud pública y una mayor capacidad para proteger a los ciudadanos de las amenazas para la salud”, ha argumentado la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria,
Stella Kyriakides.
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