Los siguientes meses serán cruciales para las
finanzas españolas, ya que el regreso de las reglas fiscales marcarán los próximos años. El objetivo de las mismas es
reducir el stock de deuda pública, lo cual tendrá un impacto directo en las administraciones públicas y en especial en las cuentas estatales y autonómicas. Tal y como señalan en el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), titulado 'Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CC.AA. (2023-2026)', la política fiscal española debe poner atención al "impacto financiero que el
endeudamiento pasado y presente va a ejercer sobre las cuentas públicas a medio plazo". Por ello, los expertos subrayan que las comunidades autónomas deben "diseñar y poner en marcha ya una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la
sostenibilidad de las cuentas públicas", de manera que se mantenga el equilibrio entre los diferentes presupuestos, entre ellos, el de
sanidad, que es uno de los montantes más grandes.
Concretamente, los autores del estudio detallan que el volumen de deuda absoluto "apenas se modifica": el
incremento de deuda estimado (8.645 millones) con el déficit previsto en el Programa de Estabilidad para 2023 (4.210 millones). Según sus cálculos, teniendo en cuenta los déficits pendientes de financiar de ejercicios anteriores (3.805 millones) y el pago de las liquidaciones de 2008 y 2009 aplazadas a veinte años (3.774 millones), y minorado por los superávits previstos para 2025 y 2026 (3.144 millones); se acabaría el periodo analizado con un montante total de
325.540 millones de euros en 2026.
Además, en el texto se refleja la
evolución entre 2022 y 2026 del tipo medio de la deuda pública autonómica, que es el cociente entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre del año. En este caso,
fue del 1,1 por ciento en 2022 y ascendería hasta el 2,7 por ciento en 2026. Esto significa un coste de
más del doble del actualmente vigente.
Redireccionar recursos crecientes
No obstante, los expertos advierten de que
se trata de "una simulación" del coste de la deuda pública autonómica bajo supuestos convencionales en esos cuatro años y los resultados no deben interpretarse como una predicción, sino como
un "ejercicio de estática comparativa".
En este sentido, llegan a la conclusión de que, aunque tal y como apunta su simulación, el peso de la deuda pública autonómica sobre el
Producto Interior Bruto (PIB) se reduciría, su coste financiero "aumentaría de manera significativa". "Ello obligaría a
redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas al servicio de la deuda, circunstancia poco óptima y menos deseable", explican.
Mientras que, con los resultados obtenidos, también es el momento de que
las ccaa "calibren con mucha prudencia" todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar. "No cabe duda de que en los próximos ejercicios todos los gobiernos se enfrentarán a restricciones presupuestarias menos laxas, con el regreso ya anunciado de nuevas reglas fiscales en 2024. También que serán necesarios
esfuerzos de consolidación presupuestaria más intensos para reducir nuestro endeudamiento relativo", concluyen, al tiempo que apuestan por estrategias fiscales a medio plazo para
garantizar la sostenibilidad de las cuentas.
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