El sistema sanitario español no está exento de reclamaciones. Tanto es así, que en el primer semestre de 2016,
el SNS ha recibido 297 quejas por parte de los pacientes ante el
Defensor del Pueblo, tal y como se evidencia en su último informe presentado esta semana ante el Congreso de los Diputados.
En concreto en sanidad, este organismo ha acumulado
263 quejas y 34 actuaciones de oficio, pero ninguna solicitud de interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Estas cifras hacen de este sector
uno de los menos reclamaciones tiene de los usuarios, llevándose la palma la
Administración Pública (con 1.585 quejas en total) o la
actividad económica (1.097).
Las principales quejas en sanidad
Problemas con la
interoperabilidad de la receta electrónica, con la
lista de espera quirúrgica (especialmente en Cirugía Plástica y Reparadora) o el
sobrecoste en las dietas de las personas celiacas son algunos de los ejemplos más llamativos que la entidad que encabeza
Soledad Becerril ha recabado en los últimos seis meses.
En el caso de la interoperabilidad, este organismo detecta irregularidades especialmente en los servicios autonómicos de salud de
Aragón, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. En cuando a la demora quirúrgica, el Defensor pone el foco en la espera que tienen que hacer
las pacientes que han sido operadas de cáncer de mama, donde aguardan hasta cinco años, alerta.
Asimismo, registra una actuación de oficio por las consecuencias de la tutela de a
lgunos internos en centros psiquiátricos; otra sobre los programas de ayuda para atender el sobrecoste de dieta de personas con celiaquía (ha recibido más de 700 quejas sobre este asunto); o por
la atención social a los enfermos oncológicos, para los que pide revisar el copago farmacológico y fomentar políticas activas de empleo para este colectivo.
En total, ante esta institución se han realizado 8.970 reclamaciones, de las cuales, 8.462 han sido quejas presentadas por los ciudadanos, 494 actuaciones de oficio y 14 peticiones de recurso de inconstitucionalidad. En la actualidad,
el Defensor tarda una media de 27 días en la primera respuesta a los ciudadanos, frente a los 62 días que tardaba en 2013.
Para Becerril, estos datos deberían ayudar a “servir mejor a los ciudadanos, reducir los tiempos de actuaciones y respuestas y pedir a las administraciones mayor celeridad en sus contestaciones”.
Acceda al informe del Defensor del Pueblo
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