Señora y señores, hoy estoy muy orgullosa de forma parte del
gobierno del presidente Pedro Sánchez. Un gobierno que ha devuelto la ilusión y la confianza a muchas personas, porque la Democracia, por encima de todo, necesita confianza.
Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno en el que por primera vez en la historia hay más mujeres que hombres. Un avance más en
igualdad, propiciado por un presidente socialista y feminista.
Como decía
Grace Paley, hacemos un esfuerzo por cambiar las cosas, cambiándolas. Hoy empezamos a cambiarlas. Con un gobierno que no quiere dejar a nadie atrás.
Soy consciente de la complejidad y de la responsabilidad de este momento. Pero estoy segura que con ilusión, con trabajo, generosidad y mucho diálogo, mucho diálogo, seremos capaces de afrontar los cambios para este nuevo tiempo que la democracia ha abierto en nuestro país.
La universalidad en una asistencia sanitaria es necearia para garantizar el derecho a la salud de las personas
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Les pido que nos ayuden a que esto sea una realidad. A los
profesionales sanitarios, a los profesionales de servicios sociales, a los movimientos de organizaciones sociales, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a las sociedades científicas, a toda la ciudadanía, les pido que nos ayuden a que ese cambio sea una realidad. Porque como
Concepción Arenal dijo: todas las cosas son imposibles, mientras lo parecen.
La ley 14/1986 general de Sanidad impulsada por el exministro socialista Ernest Lluch sentó las bases de uno de los pilares del estado del bienestar, garantizando el derecho universal a la sanidad. El concepto de
atención integral a la salud, la universalidad en el acceso y en la planificación de los centros y servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial se ha revelado como uno de los grandes aciertos de
nuestra democracia.
Veinte años después, la ley 39/2006 impulsada por el gobierno del
presidente Zapatero reconoció el cuarto pilar del estado de bienestar garantizando el derecho a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
Dos leyes con sello socialista que hoy tienen plena vigencia como garantía de derechos.
Ambas suponen un extraordinario instrumento a favor de la justicia social.
Quiero en este punto hacer un agradecimiento especial a las y los profesionales del sistema sanitario y de los servicios sociales, porque
en los momentos de recortes y de exclusión han dado lo mejor de sí mismos en defensa de lo público, como garantía de derecho de la ciudadanía.
Quiero decirles a todos ellos, a todas ellas, que confío plenamente en sus conocimientos, en su capacidad de trabajo, en su compromiso y en sus ganas de seguir trabajando por y para la ciudadanía.
Debemos trabajar para adaptar el sistema de salud y de servicios sociales a las necesidades demográficas, sociales y tecnológicas.
Estos retos requieren enfoques novedosos e innovadores. Creo en una sanidad pública y en unos servicios sociales con carácter universal, de calidad, y regidos por los parámetros de la equidad como instrumentos de cohesión social y de derechos de la ciudadanía. La universalidad en una asistencia sanitaria y la eliminación de la discriminación económica en el acceso a los tratamientos farmacológicos y ortoprotésicos, son básicos para
garantizar el derecho a la salud de las personas.
No les quepa la mayor duda de que siempre pondremos a las personas en el centro de las prioridades
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También quiero decir que ayudaremos a la vicepresidenta del Gobierno, y
nos sumaremos desde este ministerio a la lucha contra la lacra social que supone la violencia machista.
Señoras, señores, tenemos un buen instrumento, la ley 39/2006, Y tenemos que aplicarla para garantizar el derecho que esta reconoce en el ámbito de la dependencia.
Creo en un sistema moderno, innovador, de garantía publica, de servicios sociales. En el que participen todos los agentes implicados. Equipos municipales, servicios sociales, las comunidades autónomas, el tercer sector y demás entidades. Y en eso trabajaremos desde este ministerio.
Finalizo diciendo que para este gobierno
incorporar Consumo en el nombre del ministerio es una declaración de intenciones. Garantizar los derechos de los consumidores protegiéndoles de fraude y engaños será también una de nuestras prioridades.
Todo ello requiere diálogo, consenso, participación con las comunidades autónomas, las diferentes fuerzas políticas, los agentes sociales, y las sociedad civil. Tanto para abordar los problemas de financiación, como para afrontar conjuntamente los retos que nos plantean el presente y el futuro de la sanidad.
Situar a las personas en el centro de las decisiones de este gobierno es con el objetivo con el que comenzamos esta andadura, para construir entre todos una sociedad mejor. Y si me lo permiten,
construir una sociedad en la que seamos más felices, porque entiendo que ese es el fin primero y último de la política.
Durante tres años he trabajado desde el gobierno de la Generalitat Valenciana para conseguir este fin, y hoy espero hacerlo en el Gobierno de España. No les quepa la mayor duda de que siempre pondremos a las personas en el centro de las prioridades.
Con aciertos y con errores, pero trabajaremos desde la honestidad y la firmeza que da saber que el camino es la defensa del bien común de lo público, de lo que es de todos, como
garantía de derechos.
Queda mucho camino por hacer y confío en que podamos recorrerlo juntos y juntas. Muchas gracias.
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