Estado y autonomías enquistan la sanidad penitenciaria por el presupuesto

La transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas autonómicos de salud sigue siendo una asignatura pendiente y el foco de un conflicto institucional. Aunque la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) contempló y urgió la integración de esta prestación en un plazo de 18 meses, la realidad es que a día de hoy el proceso únicamente se ha materializado en tres territorios: Euskadi, Navarra y Cataluña.

La situación en los diferentes centros penitenciarios de la península es crítica como pudo conocer Redacción Médica hace unas semanas. Faltan médicos y se abusa de la telemedicina. Todo ello, según las fuentes consultadas por este medio, por el bloqueo actual que existe en el traspaso de competencias. 

Y es que se trata de un proceso con una gran complejidad técnica y organizativa. Aun así, hay una traba mucho mayor. El Gobierno central y las Administraciones autonómicas defienden versiones diferentes de la causalidad de este 'retraso' de más de 20 años. 

Un bloqueo institucional de más de 20 años

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, perteneciente al Ministerio del Interior, aseguran que el tema es tan "complejo" que implica a varios departamentos ministeriales. De todas formas, garantizan que existe "voluntad política": "Se lleva mucho tiempo trabajando de forma constante".

De hecho, confirman que, en cuanto en una autonomía comienza una nueva legislatura y, por ende, un nuevo gobierno, la Secretaría se pone en contacto con el Ejecutivo entrante para recordar que existe tal transferencia pendiente. Sin embargo, eso no es lo que dicen los departamentos sanitarios territoriales.

Fuentes autonómicas aseguran a Redacción Médica que la principal razón de que la sanidad penitenciaria siga en tejado estatal es que la propuesta planteada desde el Gobierno de España no está dotada ni de presupuesto ni de personal. En este sentido, Instituciones Penitenciarias subraya varias ideas. En primer lugar que, al final, las personas en régimen de semilibertad (tercer grado) son atendidas en su respectivo centro de salud, por lo que no son pacientes de los médicos y enfermeras contratados en centros penitenciarios.

Sumado a ello, dudan de que la falta de financiación lleve a las autonomías a no dar un paso adelante, ya que "las personas privadas de libertad, en su momento, recibían asistencia sanitaria desde el Servicio de Salud, por lo que ya contaban con ellas a la hora de gestionar recursos humanos". "Es falta de voluntad política por parte de las autonomías", sentencian.

El Ministerio de Hacienda también se ha pronunciado respecto al tema. El departamento de Arcadi España se desmarca de las acusaciones de infrafinanciación esgrimidas por los territorios. Explican que las Administraciones regionales han recibido en estos últimos años "los mayores recursos de su historia, con unas entregas a cuenta récord": "Ya sobre la gestión de esos recursos, eso es competencia de cada comunidad". Por su parte, el Ministerio de Política Territorial ha decidido no reponder a la consulta formulada por este periódico.

Reclamos autonómicos para gestionar la sanidad de prisiones

Son variopintas las respuestas que ha recibido este medio desde los Ejecutivos autonómicos. Algunos de ellos prefieren ni pronunciarse sobre el tema, e insisten en que debe ser el Ministerio del Interior el que responda la pregunta de por qué no se han transferido las competencias.

Otros insisten en que no es su prioridad en estos momentos. A estos se suman las Consejerías de Salud que no tienen reparo en posicionarse claramente: "En las circunstancias actuales la propuesta viene insuficientemente dotada de personal y presupuesto. No hay negociación posible". Al final, "cualquier avance en esta materia requeriría un acuerdo previo entre el Gobierno de España y la comunidad, así como la definición de los recursos humanos, materiales y económicos asociados al traspaso".

De todas formas, este diario ha podido confirmar que ese proceso de interlocución sí existe en determinados territorios, aunque sin éxito, por lo pronto. De hecho, desde los departamentos más críticos exigen que, apelando a la lealtad institucional, la Administración central liquide primero sus obligaciones económicas pendientes y cubra todas las vacantes de profesionales en las prisiones antes de tan siquiera sentarse a debatir el traspaso competencial.

Mientras este cruce de declaraciones se mantiene en el tiempo, los profesionales sanitarios que trabajan en el interior de los recintos penitenciarios advierten de una preocupante sobrecarga laboral. Esta situación se debe a las vacantes sin cubrir y a la falta de relevo generacional en un entorno de alta exigencia asistencial, que requiere perfiles muy específicos y una atención continuada para garantizar la equidad en el tratamiento de la población privada de libertad en comparación con el resto de la ciudadanía.